La Inspección de Trabajo va a intensificar la lucha para evitar el fraude en los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE). Lo hará con una campaña específica que tiene el objetivo de “incidir en el uso responsable de los recursos públicos”, ha apuntado este miércoles en un comunicado el Ministerio de Trabajo. La previsión del departamento que dirige Yolanda Díaz es que haya 10.000 visitas a empresas en 15 días y enviar 75.000 cartas a empresas explicando las obligaciones que implican estos expedientes.
En los últimos meses, explican fuentes del Ministerio de Trabajo, la Inspección ha realizado unas 20.000 actuaciones relacionadas con los ERTE. No obstante, hay que tener en cuenta que una actuación no es igual a una visita a un centro de trabajo, ya que en una misma visita un inspector puede realizar varias actuaciones, según el lenguaje empleado por la Inspección de Trabajo.
Los ERTE han sido el mecanismo con el que el Ejecutivo ha evitado un hundimiento del empleo sostenido en los primeros meses de la crisis provocada por la pandemia. Durante las primeras dos semanas del estado de alarma se destruyeron casi un millón de empleos, pero los ERTE han evitado que se haya mantenido ese ritmo. En su momento de mayor despliegue, hubo 550.000 expedientes activos que cubrieron a unos 3,7 millones de trabajadores. No obstante, esta política de prevención tiene un alto coste. Entre las prestaciones extraordinarias que sustituyen una parte de los sueldos y las exenciones en las cuotas a la Seguridad Social, es fácil que hasta septiembre la factura ascienda a 25.000 millones.
“La campaña, ya activada, además de actuaciones informativas con el del envío a las empresas de comunicaciones relativas a las obligaciones vinculadas a los ERTE, contempla la intensificación de visitas de inspección con el fin de detectar incumplimientos o prácticas irregulares, como el reinicio de la actividad sin comunicación previa al Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), que implica la reanudación del trabajo con personas trabajadoras cobrando la prestación por desempleo”, explica Trabajo.
Desde que se aprobaron las medidas que han facilitado a las empresas los trámites para los ERTE y abaratado su coste, a través de las exenciones en las cuotas, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha venido advirtiendo de que su departamento iba a vigilar los abusos. La patronal CEOE no ha negado la existencia de excesos, pero sí ha rechazado que sea generalizado en las empresas españolas.
El director de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Héctor Illueca, ha señalado que “el esfuerzo inversor que han supuesto los ERTE para proteger el tejido productivo y preservar el empleo debe ir acompañado de un esfuerzo colectivo para prevenir situaciones de fraude, irregularidades y abusos”. “Desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tratamos de impedir que el fraude de unos pocos comprometa el esfuerzo de tantos”, ha concluido Illueca.
De los expedientes sobre ERTE concluidos hasta ahora, se desprende que de las actas que han acabado en infracciones el 73% lo han sido porque la empresa daba ocupación a trabajadores que estaban cobrando la prestación, apuntan en Trabajo. Una de las situaciones que ha detectado la Inspección en sus visitas es que empresas que ya habían empezado a recuperar su actividad con parte de su plantilla tenían trabajando a más plantilla de la que habían comunicado al SEPE, es decir, empleados todavía afectados por el ERTE estaban trabajando. Aunque es menos habitual, los inspectores también han encontrado situaciones de obstrucción a su labor, cuando al llegar a una empresa se les ha negado la entrada, lo que supone una falta muy grave.
Por su parte, el Sindicato de Inspectores de Trabajo ha aprovechado la publicación de las intenciones del Gobierno para reclamar más recursos, tanto de plantilla como de material. Han recordado que la Inspección tiene casi 1.900 inspectores y subinspectores para toda España.
Fuente: Elpais.com (1/7/20) Pixabay.com
