Más de 11.000 empresas fueron sancionadas el año pasado por irregularidades en el control del tiempo de trabajo de sus plantillas, una de cada tres que recibieron la visita de la Inspección de Trabajo por este motivo. En este fraude laboral confluyen dos ilegalidades: por una parte, la explotación laboral que directamente supone obligar a los empleados a realizar tareas sin remuneración durante una parte de la jornada o fuera de ella y, por otra, la ausencia de un control objetivo de los periodos en los que se desarrolla la ocupación, algo que resulta obligatorio para las empresas desde mediados de mayo de 2019.
«Estamos hablando de la escoria del sistema laboral, en el que algunos empresarios llegan a pagar en dinero negro la diferencia entre la jornada que figura en el contrato y la que se realiza en realidad, mientras otros ni siquiera hacen eso», explica Vicente Lafuente, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Zaragoza, que señala a sectores como la hostelería, la construcción, la agricultura y el empleo doméstico como los más proclives a este tipo de fraudes.
«El fraude de ley en la contratación y en la jornada siempre ha existido. No es una situación nueva; el abuso en estos ámbitos no es coyuntural, sino estructural», anota el profesor, que añade cómo «se están endureciendo las condiciones para que se produzcan, pero los malos empresarios continúan buscando vericuetos para seguir saltándose la ley».
Ese endurecimiento del control sobre este tipo de fraudes con el tiempo de trabajo de las plantillas derivó el año pasado en una campaña específica de supervisión del registro de jornada en la que la Inspección de Trabajo detectó irregularidades en un total de 11.070 centros de trabajo de los 32.634 que visitó, lo que dio lugar a otras tantas sanciones por un valor conjunto de 13,76 millones de euros.
Esos resultados, que constan en la respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria del senador malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia, que se había interesado por conocer el trabajo de la Inspección en materia de «horarios de trabajo y horas extraordinarias», revelan una notable intensificación de la persecución de este tipo de fraudes, ya que en los primeros treinta meses de aplicación del registro de jornada, desde mediados de 2019 hasta finales de 2021, únicamente fueron detectadas irregularidades en 1.274 empresas.
Resulta llamativo el elevado número de infracciones detectado en Andalucía, (casi una de cada siete) y en Canarias (una de cada seis), que junto con Catalunya, que aporta el 25%, suman más de la mitad.
En las dos últimas comunidades, en las que como en la primera tienen un elevado peso el turismo y el sector primario, el nivel de acierto de los inspectores se ha situado por encima de la media, con sanciones en más de la mitad de las empresas supervisadas, algo que también ocurrió en Cantabria, cuya estructura productiva comparte esos rasgos.
Las sanciones de mayor cuantía también se concentran en una provincia que presenta ese mismo perfil, como Málaga, donde la media de las multas fue de 5.611 euros; a mucha distancia de su inmediata seguidora, Palencia, donde el promedio fue de 3.600 aunque solo con cuatro infracciones en todo el año.
El Gobierno asegura que «las inspecciones han aumentado un 43%»
«El objetivo es acabar con la explotación laboral que algunos empresarios siguen llevando a cabo», explica Heredia, portavoz adjunto del PSOE en el Senado, que llama la atención sobre cómo con el actual Gobierno «han aumentado las inspecciones un 43%» con el objetivo de combatir la precariedad laboral.
«Al PP nunca le han gustado mucho las inspecciones laborales, y Rajoy las recortó. Entre 2012 y 2017 hubo un descenso de 71.000 inspecciones, y eso permitió que algunos empresarios aprovecharan la situación para explotar laboralmente a sus trabajadores, con lo que se dispararon las horas extraordinarias que no se pagaban y también los accidentes laborales», añade.
«La vigilancia y el control de las reglas y límites sobre tiempo de trabajo, jornada máxima y horas extraordinarias es tarea esencial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social», señala el Gobierno en su respuesta al senador malagueño del PSOE.
Sin embargo, como apuntaba Lafuente, el fraude que supone la imposición del trabajo gratuito –que tiene repercusiones no solo en el salario de los afectados, sino también en la recaudación de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social– ha alcanzado niveles estructurales en España. En nuestro país se mantiene una bolsa semanal de alrededor de tres millones de horas extraordinarias sin remunerar que engulle el equivalente a más de 70.000 puestos de trabajo de jornada completa, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA),
De hecho, en los quince años que el Instituto Nacional de Estadística (INE) lleva estimándola, esa bolsa no ha bajado de los dos millones de horas, el equivalente a 54.200 empleos de 40 semanales, y se ha acercado en varias ocasiones a los cuatro millones (98.000 puestos).
Datos como los que indican que entre un tercio y la mitad de los asalariados acaben trabajando entre 40 y 50 horas semanales de manera habitual o que otro medio millón supera esa última cota de manera frecuente ayudan a hacerse una idea de la situación real del mercado laboral en este aspecto.
Todo ello permite deducir en el que el descenso del trabajo gratuito tras la implantación del registro de jornada resultó ser un espejismo, tal y como mostró un año después el repunte con la pandemia, en la que incluso los ERTE fueron escenario de ese tipo de abusos.
«Cuando un negocio no es viable no se puede mantener de esa manera tan mezquina. Si las cuentas no salen, hay que reorientarlo o cerrarlo, pero siempre hay que contar con esos costes laborales», concluye Lafuente.
Fuente: publico.es (9/4/23) pixabay.com
