La decisión, aprobada esta semana por Comisión de Territorio y Sostenibilidad con los votos a favor de todos los partidos representados en el parlamento catalán a excepción de las abstenciones del Partido Popular y de Ciutadans, supondrá el estudio de la prohibición del tráfico de camiones en el tramo de la N-340 entre L’Hospitalet de l’Infant y Alcanar, según ha informado este jueves el Diario de Tarragona.
La medida no ha sido bien recibida, ya que el colectivo de transportistas ha manifestado su profundo desacuerdo con la misma. El secretario general de la Federación de Empresas de Autotrasporte de Tarragona (FEAT), Josep Lluís Aymat, ha encabezado las críticas al asegurar que no existe margen de negociación y que si la Generalitat pone en marcha esta medida, exigirán conocer “todos los estudios que argumentan” la decisión.
“Ahora resultará que el déficit en infraestructuras y los incumplimientos históricos para desdoblar la N-340, que es una de las vías más transitadas del Estado, lo acabaremos pagando los transportistas”, ha lamentado Aymat en nombre de los transportistas que, según sus declaraciones, “lo único que quieren es trabajar“.
Si finalmente se pone en marcha esta medida, los camiones no podrán circular por este tramo y, en su lugar, deberán hacer uso de la autopista AP-7, ya que el municipio de Baix Camp finaliza en la A-7. Aymat ha lamentado que se acuse al sector de ser responsable de las cifras de siniestralidad en la carretera y ha asegurado que si se demuestra el número de accidentes registrados por culpa de los camiones, podrán sentarse a negociar. “Siempre y cuando las bonificaciones para utilizar la autopista sean del 100%“, ha apuntado.
Con el antecedente de la prohibición en la N-II
En abril del pasado año 2013, después de muchas manifestaciones y protestas de los transportistas afectados, los camiones dejaron de circular por la N-II, entre La Jonquera y Maçanet de la Selva. El balance en estos primeros nueve meses, hasta diciembre, ha sido de 900.000 camiones desviados por la autopista.
Según informaciones de la Generalitat, durante los días laborables unos 9.000 camiones utilizan la vía de pago, unos 4.000 más que antes de la prohibición. Con el fin de aplicar una reducción en el peaje a los camiones que se han visto obligados a circular por la autopista de peaje, se firmó un acuerdo entre el ministerio de Fomento y la Generalitat, por el que cada una de las administraciones abonaría 1,5 millones de euros, para compensar a la concesionaria Acesa, de forma que los vehículos de cuatro ejes que realizan todo el recorrido tienen una reducción de un 35% en el peaje, mientras que los que hacen desplazamientos internos pagan la mitad de precio.
Fuente: cadenadesuministro.com (7/2/14)
Dejar una contestacion