La herramienta, que se aplicará primero en los municipios de más de 175.000 habitantes, permitirá a los ayuntamientos aplicar bonificaciones o recargos a través del IBI.
La Generalitat implantará un índice de precios de alquiler a partir de la próxima primavera. La medida –que inicialmente afectará a los municipios de más de 175.000 personas, lo que a efectos prácticos es el área metropolitana de Barcelona– no tiene una incidencia directa en el mercado de vivienda pero posibilitará a otras administraciones a regularlo. Por ejemplo, los ayuntamientos podrán imponer bonificaciones o recargos a través del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
El decreto establecerá que los contratos de alquiler que se firmen en Cataluña deberán hacer constar si el precio pactado entre ambas partes está por encima de lo que marca el índice. De igual forma, cuando un piso se anuncie en un portal de Internet o en una agencia inmobiliaria deberá figurar también si el precio ofertado está por debajo o por encima del precio de referencia calculado por la Generalitat.
Los precios del índice se determinarán en base a los del registro de fianzas del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl). La Generalitat prevé contar con los profesionales del sector, las asociaciones e instituciones que agrupen propietarios y arrendatarios más representativas para ajustar el índice. Cada dos años se procederá a la actualización de los precios de referencia por metro cuadrado y cada cuatro años se procederá a la revisión de los criterios de elaboración.
El Ejecutivo catalán también quiere que el Gobierno central se implique en la regulación del mercado de vivienda y que aplique sus instrumentos de política fiscal –, el Impuesto sobre la renta (IRPF) y el Impuesto sobre Sociedades (IS) –, para beneficiar o penalizar los alquileres. En este sentido, la Generalitat está convencida de que el Ejecutivo no recurrirá la ley al Tribunal Constitucional porque se ajusta a las competencias autonómicas.
La medida fue bien recibida por el Ayuntamiento de Barcelona. “La ciudad no puede esperar, es necesario regular el precio de los alquileres”, aseguró la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau. Según el último índice de precios Fotocasa, presentado esta misma semana, la capital catalana es la ciudad española con los alquileres más elevados y la previsión es que los precios se mantengan al alza. La falta de oferta y el boom turístico de los últimos años –con problemáticas como los pisos turísticos ilegales– son factores que explican la dinámica.
Por otro lado, el sector inmobiliario acogió con escepticismo y críticas la medidas. El director del área de comercialización de vivienda de la consultora Forcadell, Christian Gracia, señaló que la medida tendrá un efecto mínimo. “La bonificación del IBI no será suficiente para convencer a los propietarios”, señaló. El experto afirmó que las administraciones deberían concentrar sus esfuerzos en perseguir los alojamientos turísticos ilegales y mejorar las garantías legales de los propietarios para que se animen a poner en alquiler pisos que actualmente se encuentran vacíos.
El director del gabinete de estudios de Pisos.com, Manuel Gandarias, señaló que la Generalitat no debería ser tan intervencionista y puso en duda que todos los municipios quieran participar. “Cuando la oferta es escasa y no es capaz de cubrir las necesidades de la demanda, es lógico que se produzcan repuntes”, concluyó el directivo.
Por su parte, el presidente del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña, Enrique Vendrell, se mostró favorable a la medida, pero expresó sus dudas sobre sus efectos prácticos, mientras que el director general de Lloguer Segur, Sergi Gargallo, señaló que la norma puede generar “inseguridad jurídica” y afirmó que generará “confusión en el mercado”.
¿Cómo funcionará?
Las medidas que establecerán el precio medio de alquiler se basarán en los datos dispuestos en el Incasòl. Es decir, donde actualmente se formalizan legalmente los contratos de alquiler en Cataluña. Al tratarse de una referencia de las transacciones, es un dato más fiable y ajustado a la realidad del mercado. Aunque en declaraciones del presidente de API Cataluña, Joan Ollé, para El Periódico, esos precios «acaban siendo una media de un fenómeno que es disperso y puede acabar siendo un nido de conflictos».
Esos precios, también serán regulados en función de las características de cada inmueble. Esto es, el tamaño del piso, su ubicación, su accesibilidad o el estado de conservación de la vivienda. De esta forma, habrá un precio máximo y otro mínimo, según lo determinen esos factores.
Aun estableciendo un techo al precio del alquiler, no se congelarán en el tiempo los valores de la medida en un mercado tan dinámico como el inmobiliario y se irán repasando las cifras. Cada dos años se procederá a la actualización de los precios de referencia por m2 del índice y cada cuatro años se revisarán los criterios de elaboración del indicador.
Para aquellos propietarios que ajusten el precio del alquiler a la referencia de la Generalitat, se les ofrecerá la posibilidad de acceder a las ayudas de plan de vivienda de Cataluña. Por ejemplo, tendrán acceso a subvenciones a la rehabilitación de la vivienda o acogerse a los beneficios del aval alquiler.
Cataluña prepara más medidas
La Generalitat, en colaboración con varios municipios, trabajan desde hace meses en la elaboración de una nueva ley de arrendamientos urbanos. Las primeras conclusiones indican que son necesarios mecanismos legislativos que acerquen a Cataluña los estándares europeos en la promoción y protección del alquiler y facilitar a la ciudadanía la percepción del alquiler como alternativa real. Así, se plantean contratos con una temporalidad mínima de cinco años más tres años de prórroga, con la posibilidad de establecer contratos de larga duración de entre 15 y 25 años. Fuentes cercanas a las reuniones señalan que ahora los servicios jurídicos de las administraciones se encuentran en fase de análisis de las posibilidades reales de las medidas.
Fuente: Expansion.com (19/1/17) Idealista.com (18/1/17) Pixabay.com
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