José Luis Gárgoles lleva 15 años trabajando como arquitecto técnico, 10 de ellos especializado en rehabilitación de inmuebles y eficiencia energética. No recuerda un momento de locura como este. «Los fondos Next Generation y las ayudas han puesto todo patas arriba», comenta en conversación con El Confidencial. Él vive en primera persona el cuello de botella que amenaza una de las joyas del plan anticrisis del Gobierno. Hay una guerra abierta en media España por contratar a profesionales como él y por lo que estos pueden conseguir: los certificados de eficiencia energética necesarios para conseguir una subvención.
Hace algo más de un año, el aumento disparado de los precios de la energía empezó a llamar la atención de miles de propietarios que de repente descubrieron que su casa era un coladero energético. Un interés que se unió a la llegada de los primeros fondos europeos dedicados a la rehabilitación de inmuebles para mejorar su eficiencia. Todo parecía cuadrar. Esos fondos ayudarían a paliar la crisis y a la vez reducirían la diferencia de los hogares españoles con los del resto de Europa. Pero lo ocurrido este invierno, con el fracaso de la tarifa regulada para comunidades de vecinos ante los problemas de certificación, ha terminado por sacar a la luz otra realidad. La altísima demanda ha colapsado el sistema.
«Todo lo de eficiencia energética en España es algo bastante nuevo y nunca se le ha dado mucha importancia. El certificado se aprobó en 2013 como un documento oficial que determinara el nivel de consumo de energía de un inmueble con diferentes letras y colores. Pero se hizo simplemente como un complemento informativo más, obligatorio solo para el alquiler y la compraventa«, explica Gárgoles. Un ejemplo de ese poco interés es que en 2021 se tuvo que actualizar la normativa de la certificación para dar más rigor a las mediciones. «Antes incluso se hacían a distancia y el técnico ni pasaba por el edificio. No es raro encontrarte en un mismo edificio pisos con certificados totalmente diferentes, cuando eso no tiene ningún sentido», añade.
El Gobierno vio en la lluvia de millones europeos llegados tras el covid el momento perfecto para dar la vuelta a la tortilla y coló varias de las medidas que llevaba años promulgando como requisitos indispensables para conseguir una parte de esos fondos públicos. La idea parecía funcionar. Las comunidades de vecinos que llevaban años siendo reticentes a sacar certificados, cambiar calderas o colocar medidores individuales en sus calefacciones centrales, se pusieron a la cola de las reformas con la idea de aprovechar las subvenciones. Decenas de empresas empezaron a lanzar propuestas de grandes rehabilitaciones por precios bajísimos aprovechando los fondos Next. Pero la estrategia no tuvo en cuenta la dimensión del problema al que se quería enfrentar.
No hay datos actualizados de cuántos hogares quedan por tener simplemente la certificación, pero David Paramio, director de Consultoría Energética de la compañía Tinsa, da algunas pinceladas llamativas. Mientras en países como Francia las actuaciones de mejora energética llegan a las 30.000 al año, en nuestro país no pasan de las 800 o 900. Los números han ido creciendo, según los informes (el último que se hizo es de finales de 2021), pero están lejos de las cifras de los vecinos y la gran pregunta es si tenemos capacidad para mantener esta apuesta. «Creo que en el sector no faltan técnicos cualificados, pero sí falta mano de obra, sobre todo porque todo el mundo se ha subido a la vez a la ola. El Gobierno creo que no supo ver lo que se venía anunciando las grandes ayudas en un momento como este», añade Paramio.
Una opinión que comparte Peio Mendia, tesorero del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE). Asegura que la falta de manos y la incertidumbre les está afectando severamente, incluso a nivel personal y de salud. «Se están tensionando sobremanera las comunidades de vecinos que de repente han visto una oportunidad de oro, pero se están encontrando muchísimas trabas. Son temas que llevan muchos trámites, tiempos, en los que hablamos de muchísimo dinero y con resultados que no son fáciles de plasmar en el corto plazo. A los administradores nos transmiten todo eso y hay tal terremoto que se están disparando las bajas en el sector porque la bomba nos está superando a todos», señala.
Un país con estructuras obsoletas
En lo que coinciden todos los entrevistados es en que el problema actual es el resultado de una bola que arrastra España desde hace décadas. En nuestro país, hasta 1980 no había ni un solo requisito de aislamiento en la construcción de edificios, y hasta 2007 no se llegó a una normativa estricta. Como la energía era barata durante las décadas de mayor construcción, en las últimas décadas del Franquismo, se cubrieron todos esos agujeros energéticos inyectando más y más gas, y nadie ha sido capaz de atajar esa tendencia.
Según los datos que publicaba el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) en su último informe, de diciembre de 2021, la mayoría de los edificios existentes que consiguen el certificado energético tienen un nivel E (54%), seguido del G (14,5%) que es el nivel más bajo de todos y del D (13,9%), lo que supone una gran deficiencia a atajar. La tendencia se corrige en la nueva construcción, con una mayoría en niveles A o B. Pero estos resultados también hay que cogerlos con pinzas, pues faltan miles de inmuebles que aun a día de hoy ni siquiera cuentan con un certificado.
El verano pasado, con la idea de mostrar la realidad de la situación, el MITECO lanzó un geoportal en el que se puede buscar el certificado de cada inmueble calle a calle. Pues aun a día de hoy faltan varias comunidades por subir sus datos y un vistazo a cada ciudad basta para ver que faltan muchos hogares por pasar sus exámenes energéticos. «El problema es que el Gobierno se comprometió ante la UE a reducir nuestro consumo energético un 40% para 2030 y eso supondría tener que hacer obras en prácticamente todos los edificios del país. Una locura para la que, es cierto, se ha conseguido muchísimo dinero de Europa. Además, la UE pide que para 2030 todos los edificios tengan un certificado E y para 2033 lleguen al D», detalla Mendia.
La propia patronal de la construcción, a través de la Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores (CNI), encendió las alarmas hace solo unos días, pidiendo ayuda para conseguir más mano de obra ante la falta de profesionales. En una misiva mandada al Gobierno, pedían una mayor implicación en los centros de estudios para llevar a los jóvenes hacia el sector, pero también solicitaban que se abriera la veda a la contratación extranjera, sobre todo en Latinoamérica. «Deben plantearse seriamente políticas de inmigración ambiciosas que atraigan a España profesionales en activo o futuros alumnos capaces de formarse a corto plazo», rezaba la carta.
Aunque para profesionales como Gárgoles, el problema a día de hoy es otro. Faltan manos, pero también, y sobre todo, faltan controles. «Muchos se han aprovechado de este caos para intentar hacer dinero. Se ha disparado el número de intermediarios que básicamente solo llaman a las comunidades, les venden presupuestos gigantescos a cambio de las reformas prometiéndoles que recibirán todas las ayudas. Luego ellos subcontratan todo por muchísimo menos dinero y se quedan con los grandes porcentajes, evitando al máximo las responsabilidades», cuenta Gárgoles. «En nuestro gremio he visto casos en los que ofrecen certificaciones por 40 euros cuando la comunidad a la que vas a certificar les ha pagado unos 600″, añade.
«No sabemos cómo va a salir esto»
Paramio pone más hincapié en las comunidades de vecinos y en los difíciles procesos que deben pasar estas reformas antes de llevarse a cabo. «Son instituciones difíciles, en las que cada vecino tiene su propia opinión y voto y en las que llegar a acuerdos es difícil. Si le añadimos la falta de información sobre todo este tema y que no hay mucho apoyo por parte de las entidades públicas, pues nos encontramos con que es muy difícil que el dinero acabe llegando», añade.
De momento, lo ocurrido con el fracaso de la tarifa regulada para las comunidades de vecinos, una ayuda cuyo impacto ha sido testimonial, según confirman todas las partes, es un aviso. En los próximos meses también se acaba el periodo para instalación de medidores y reguladores individuales en los edificios que aún cuentan con calefacción central y habrá que ver si en ese caso los resultados son mejores.
Para Mendia, los próximos meses serán clave en este asunto. Si se toma en serio lo que ocurre y se encauza la situación, el salto adelante será importante, pero si no, puede acabar en desastre. Por eso, pide que el Gobierno adopte medidas como prohibir el alquiler de una casa sin tener un cierto nivel de certificado energético, como ya ocurre en Francia. «La verdad que a día de hoy no sabemos cómo va a salir esto«, termina.
Fuente: elconfidencial.com (2/4/23) pixabay.com
