Las familias que entregan el piso al banco no cargan con la deuda, pero se quedan en la calle y deben la plusvalía. Las ayudas, solo para desahucios.
Es mejor devolver las llaves del piso y librarse de la deuda, que un desahucio en el que la familia se queda sin casa y arrastra la deuda por el resto de sus días. Pero la dación en pago no es un chollo. A veces, los acuerdos con los bancos permiten que las familias se queden en los pisos pagando alquileres por debajo de mercado. Pero en muchos otros (no hay datos, cada entidad aplica su política) una dación es una familia que se queda en la calle. Unas regresan al hogar paterno, otras se amontonan en habitaciones alquiladas, en pisos sobreocupados, ocupan ilegalmente, viven en pensiones pagadas por Ayuntamientos, hay inmigrantes que regresan a sus países, o, con suerte, acceden por un tiempo a los insuficientes pisos sociales de las Administraciones, las ONG, Cáritas o el Fondo Social de Viviendas de Alquiler.
“Salidas desesperadas, que a nadie gustan, ante un problema de una magnitud que se ha convertido en una olla a presión”, resume Mercedes Castro, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona. La presión popular, política y mediática ha logrado que los bancos hayan aceptado cada vez más daciones en pago: 11.441 el año pasado, según datos de los registradores, frente a 30.034 desahucios. De primeras viviendas. Y cuando las entidades no aceptan el alquiler social, se trata del eslabón más débil: familias que no tienen ni para pagar 50, 100 o 200 euros de renta mensual.
Bombo Ndir y su familia consiguieron la dación en pago gracias a Cáritas y la PAH. “Caixa Penedès dijo que dación sí, pero alquiler social, no”, explica la mediadora cultural, experta en integración e intérprete de 51 años, que llegó de Senegal hace 15 años y ha trabajado para la Generalitat y el Ayuntamiento de Granollers. Al entregar su casa se fue a vivir al piso que Cáritas concedió por un año a su hija Khady, de 33 años, recién desahuciada. “No sé qué sería de este país sin la PAH y Cáritas; estallaría”. Conviven con sus seis hijos: la pequeña tiene dos años y el mayor, casi 20. Uno de ellos ni está empadronado para que el piso no se considere sobreocupado. Viven con los 426 euros que cobra Ndir y buscan trabajo. “Es un problema de derechos humanos; nadie deja de pagar por gusto, y encima nos criminalizan. Firmar la dación es duro por lo que dejas y porque sabes que los bancos tienen miles de pisos vacíos y reciben ayudas. ¿Y a nosotros, quién nos ayuda?”.
Son los más vulnerables por motivos económicos y “porque les viene grande el papeleo que hay que hacer. Para conseguir la dación con alquiler social hay que presentar una enciclopedia de papeles”, explica la portavoz de la PAH, Ada Colau. Además, tras una dación aparecen sorpresas desagradables, como que las ayudas de las Administraciones “solo están contempladas en casos de desahucio, no de dación”. Por ejemplo, en los pisos de emergencia en Barcelona. “Te piden la orden de desahucio, las daciones quedan fuera, y si hemos conseguido algo ha sido porque hemos hecho mucho ruido”, asegura.
Otra sorpresa es el pago de impuestos. Como la dación es una compraventa (el moroso vende su piso al banco), representa que la familia se enriquece y le toca pagar plusvalías: la municipal y a Hacienda. En teoría, las familias que han perdido su vivienda se libran de este impuesto, dice el Ministerio de Hacienda; pero en la práctica se exige, contradice la PAH. Uno de los dos decretos de Guindos establece la exención, “pero en supuestos que pocos afectados cumplen”, según Castro. Barcelona sigue cobrando la plusvalía, pese a que se comprometió a no hacerlo.
“La dación es exclusión residencial y su única ventaja es librarte de la deuda, pero la vivienda la pierdes igual”, subraya la responsable del servicio de mediación de Cáritas en Barcelona, Joana Sunyer. Con los 200 pisos que tiene la entidad en Barcelona ocupados, los casos que les llegan son de familias que “sobreocupan en pisos de familiares, de padres que acogen hijos, de gente que alquila habitaciones…”. En ciudades grandes como Barcelona, los Ayuntamientos cuentan con mesas de viviendas de emergencia que se reúnen mensualmente para intentar solucionar los casos más graves. En Barcelona son 529, insuficientes, reconoce el asesor municipal de vivienda, Àlex Masllorens. Barcelona también paga cada día el alojamiento de unas 100 personas solas en pensiones y está pendiente de inaugurar un equipamiento de estancia temporal con 95 plazas y otros dos para familias, con 70 plazas más.
En Cataluña, la Generalitat da ayuda específica: un máximo de 3.000 euros anuales de los que 600 son para la fianza del alquiler y el resto, para el pago de la renta, a razón de 200 euros al mes. Pero solo se puede conseguir una vez. A estas medidas se suma el Fondo Social de Vivienda: 6.000 pisos de 33 entidades financieras, con alquileres por dos años entre 150 y 400 euros. Por ahora, a través de bancos y Ayuntamientos, que han recibido 430 solicitudes, según el Ministerio de Economía. La PAH critica de nuevo que los requisitos excluyen a la mayoría de afectados.
Fuente: Elpais.com (15/4/13)
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