El paro es el principal problema de la economía española. Pero la pérdida de empleos está a la vez agravando el otro gran desequilibrio económico: el déficit público. Las previsiones que manejaban la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el de Hacienda, Cristóbal Montoro, han quedado hechas añicos por la realidad de las cifras. El número de afiliados a la Seguridad Social cayó en agosto a su nivel más bajo de los últimos ocho años, mientras el paro volvió a crecer tras cuatro meses de tregua estacional. Menos ingresos y más gastos de los previstos han provocado que la Seguridad Social tenga que echar mano por primera vez de sus reservas para pagar las pensiones, mientras que el pago de prestaciones por desempleo desbarata también las previsiones del Gobierno.
El incremento del paro en el mes de agosto fue menor de lo previsto por los expertos. El número de desempleados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo subió en 38.179 personas en el mes, hasta los 4.625.634 parados. El incremento es el menor desde 2006, y muy inferior a la media de los últimos años. En realidad, la cifra de paro registrado es menos fiable que la que arroja la Encuesta de Población Activa, el mejor termómetro del mercado laboral, que a cierre de junio cifraba los parados en 5,7 millones. La cifra de paro registrado depende de que el desempleado se apunte y el hecho de que cada vez haya más parados que no reciban prestaciones y de que se hayan suprimido bonificaciones a la contratación ligadas a estar apuntado al paro puede ayudar a explicar que la diferencia entre ambos cómputos se esté agrandando, es decir, que cada vez haya más parados no apuntados al paro.
El Gobierno da a entender que usará pronto la hucha de las pensiones
Las cifras de los Servicios Públicos de Empleo que no llaman a engaño son las de afiliados a la Seguridad Social y, por ese lado, las cifras de ayer son más negativas, pues la afiliación media del mes de agosto (16.685.977 cotizantes) es la menor desde febrero de 2004, hace ocho años y medio, tras la caída de 136.762 cotizantes en el mes.
La ratio afiliados/pensionistas, básica para la sostenibilidad del sistema de pensiones, ha caído a 2,39, el nivel más bajo en 10 años, según el cálculo de la Seguridad Social. Pero en realidad esa relación es engañosa porque toma en cuenta 2,76 millones de afiliados que están en paro y por los que cotiza la propia Seguridad Social. Si se descuentan, a cierre de agosto hay solo 2,05 trabajadores cotizando por cada uno de los 8,1 millones de pensionistas, la proporción más baja desde 1999.
Una caída de las cotizaciones mayor que la prevista y un aumento del gasto en pensiones muy superior al que sorprendentemente calculó el Gobierno (pese a que la evolución del gasto en pensiones es una de las variables más fáciles de predecir) han puesto contra las cuerdas a la liquidez de la Seguridad Social. Los adelantos del Estado no han bastado y para pagar la paga extra de julio la Seguridad Social ha tenido que echar mano por primera vez de sus reservas, según confirmó ayer el secretario de Estado Tomás Burgos.
Los fondos de reserva a los que ha recurrido son los de Prevención y Rehabilitación, el dinero sobrante de la gestión de las mutuas que se ha ido acumulando durante años. El Gobierno ya preparó el terreno en mayo a ese uso con una reforma legal. Ayer, Burgos confirmó que la Seguridad Social empleó en el mes de julio 4.400 millones del Fondo de Prevención para el pago de las pensiones. En concreto, el 4 de julio, el Gobierno autorizó el uso de dos partidas de 1.700 millones cada una, el 24 de julio hizo lo mismo con otras dos partidas de 500 millones. De tal manera que, actualmente, en el fondo quedan alrededor de 400 millones de euros.
El PSOE rechaza que se toque la hucha de las pensiones
Pero, además, Burgos dio a entender que la Seguridad Social recurrirá a la hucha de las pensiones, el fondo de reserva que cuenta con más de 67.000 millones, antes de final de año. “Después de cinco años de intensa crisis, el sistema no ha necesitado aún el fondo de reserva, y nuestras pretensiones es utilizar todos los mecanismos de los que disponemos para gestionar esos compromisos, y el fondo de reserva es uno de esos mecanismos”, señaló en rueda de prensa.
Según el secretario de Estado, el objetivo del Gobierno es cumplir con los compromisos en materia de pensiones usando “todos los elementos de gestión a su alcance” y dicho fondo es un elemento más. Burgos calificó de “no relevante” un posible debate sobre este fondo. No lo entiende así el PSOE, que puso el grito en el cielo ante esa posibilidad. La secretaria de Economía, Inmaculada Rodríguez-Piñero, exigió al Gobierno a través de un comunicado del partido que “no toque la hucha de las pensiones para intentar arreglar sus errores en la política presupuestaria”. Según Rodríguez-Piñero, la crisis “no puede ser una excusa para tocar la hucha de las pensiones” y subrayó que el Gobierno socialista “engrosó el fondo de reserva desde 15.000 hasta 67.000 millones pese a haber afrontado cuatro años de crisis”, y propuso como alternativas, a modo de ejemplo, un impuesto de grandes fortunas o no disminuir los ingresos de la Seguridad Social como ha hecho dejando de cotizar por los cuidadores de dependientes.
Las peticiones de prestaciones contributivas se disparan un 34%
El Gobierno se equivocó en las previsiones de ingresos por cotizaciones y en las de gasto en pensiones, pero su error fue aún mayor al presupuestar el gasto en desempleo. En los primeros siete meses del año, el gasto en prestaciones ha crecido un 5,4%, hasta los 18.455 millones, cuando el Gobierno había previsto una caída del 5% en el año.
En julio ese gasto se acelera y crece un 8,05%, hasta 2.593,6 millones, según los datos difundidos ayer por Empleo. Pero además, se han disparado las altas y solicitudes de nuevas prestaciones, que son el mejor indicador adelantado de la evolución futura del gasto. En julio, las nuevas peticiones superaron el listón del millón de nuevas peticiones tras crecer un 23,5% con respecto al mismo mes del año pasado. Y lo que crecen con más fuerza no son las peticiones de subsidios ni rentas de inserción, sino las solicitudes de prestaciones contributivas, las más costosas, que crecen un 34% frente al mismo mes de 2011.
El Ejecutivo también confiaba en que los nuevos parados tuviesen menos derechos acumulados que quienes van perdiendo la prestación, es decir, que cobrasen menos paro y por menos tiempo, pero la recaída en la recesión frena el regreso a la ocupación y se está cobrando el empleo de trabajadores fijos, que normalmente son los que tienen derecho a cobrar un paro más alto y durante más tiempo.
Las erróneas previsiones del Gobierno en cuanto al gasto en pensiones y en desempleo explican en parte que el déficit haya superado ya lo que el Gobierno preveía para todo el año, lo que ha provocado un duro plan de ajuste que incluye la subida del IVA y el recorte de las prestaciones de paro. Este año, sin embargo, no tendrá efecto el recorte por el que la prestación por desempleo pasará a ser del 50% de la base de cotización en lugar del 60% a partir del séptimo mes de percepción, ya que la medida solo afecta a los nuevos demandantes de empleo.
Fuente: Elpais.com (5/9/12)
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