Contaba Narcís Serra que una de las primeras decisiones que tomó al asumir la presidencia de Caixa Catalunya en 2005 fue la de impartir un curso de finanzas a los miembros del Consejo de Administración de la entidad antes de cada reunión. A la práctica, eso significaba que el máximo órgano de gobierno de la caja vinculada a la Diputación de Barcelona —controlada entonces por el PSC— confiaba ciegamente en la estrategia del director general, entonces Josep Maria Loza —que salió con una indemnización de 10 millones de euros—, y su entorno. Hoy una cincuentena de miembros del consejo de la entidad en 2010, incluido Serra, están imputados por cobros “desproporcionados” en plena crisis.
La que fue la segunda caja de ahorros catalana decidió aprovechar la burbuja inmobiliaria para romper las fronteras que hasta entonces la encorsetaban en su comunidad. Como muchas otras entidades, Caixa Catalunya se lanzó a financiar a promotores. Pero además, la entidad armó su brazo inmobiliario Procam, que se plantó en el arranque de la crisis como una de las diez mayores sociedades del sector. La compañía constituyó más de 80 filiales que agrupaban una inversión total de 4.500 millones de euros. La promotora empezó a levantar promociones, en ocasiones sola y en otras con promotoras locales. Lo hizo sobre todo en el litoral mediterráneo, pero también se aventuró, por ejemplo, a construir un gran desarrollo turístico en el Algarve portugués.
Su estrategia de expansión se basó también en captar clientes en otras comunidades a través de la concesión de hipotecas, en especial a clientes que habían sido rechazados por otras cajas y bancos. A ello contribuyó que en esa época el departamento de riesgos dependiera de la dirección comercial. Al comienzo de la crisis, Caixa Catalunya era ya la segunda entidad con mayor morosidad del sistema, solo por detrás de Caja Castilla-La Mancha. El 32% de las hipotecas de su balance habían sido concedidas por más del 80% del valor de tasación de los activos. Eso era una auténtica bomba de relojería que hubiera estallado si el Estado no hubiera empezado a bombear fondos públicos.
Para tratar de tapar la herida, la entidad se fusionó en 2010 con las cajas de Tarragona y Manresa y recibió un primer crédito del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de 1.250 millones de euros. Sin embargo, esos fondos fueron insuficientes para parar la hemorragia que provocó la acumulación de activos tóxicos en su balance. La entidad fue nacionalizada primero y luego capitalizada con fondos procedentes de la Unión Europea. En total, la entidad ha recibido 12.050 millones de euros procedentes del bolsillo de los contribuyentes, a los que hay que sumar otros 572 millones que se inyectaron para vender la cartera de hipotecas tóxicas, que finalmente se quedó Blackstone.Ese año, el de la inyección de capital con fondos de la Unión Europea, CatalunyaCaixa acabó con unos números rojos de 11.856 millones de euros que en 2013 logró remontar al apuntarse un beneficio de 532,2 millones que consiguió gracias a los créditos fiscales, que ascendieron a 2.023 millones de euros, y el burden sharing, es decir, el capital que pudo obtener gracias a que los tenedores de instrumentos híbridos —preferentes y deuda subordinada— asumieron parte de las pérdidas.
La entidad tampoco ha sido ajena a los escándalos a propósito de los sueldos de los directivos y el consejo. El antiguo presidente de la caja, Adolf Todó, fue despedido de forma procedente para evitar el pago de 4,5 millones de euros. Sin embargo, Todó ganó el primer asalto judicial después de que el juez sentenciara que debía ser readmitido o bien indemnizado con 1,2 millones de euros.
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