El Ejecutivo prepara una reforma normativa exprés para dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que considera que el procedimiento español para ejecuciones hipotecarias viola la norma comunitaria. Con los cambios legales, será más fácil para frenar un desahucio. La banca cree que con esta medida las garantías hipotecarias perderán valor y se encarecerán así las hipotecas.
Los deudores hipotecarios que vean desestimada su oposición a la ejecución de sus hipotecas podrán recurrir ante el juez, como ahora pueden hacer las entidades cuando no se les daba la razón, de modo que se dé cumplimiento al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declaró la actual regulación en esta materia contraria a la normativa comunitaria, explicó ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, en el Congreso. El TJUE sentenció la pasada semana que la legislación Antidesahucios de España viola la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos, ya que mientras la banca sí puede recurrir en segunda instancia si el juzgado da la razón al deudor y suspende la ejecución por existir cláusulas abusivas, los consumidores no podían proceder del mismo modo cuando se falla a favor del banco.
Guindos avanzó que previsiblemente en el Consejo de Ministros del 29 de agosto se aprobará un decreto ley para modificar la Ley Concursal que incluirá el “ajuste procesal técnico” necesario para dar cumplimiento al fallo europeo. “Los deudores podrán recurrir el auto del juez que hubiera desestimado su oposición a la ejecución hipotecaria. Con eso se dará pleno cumplimiento a la sentencia del tribunal de Luxemburgo”, insistió el ministro, recordando que más de 19.500 familias se han beneficiado de las medidas de protección de los afectados por las hipotecas puestas en marcha por el Ejecutivo.
Fuentes bancarias aseguran que uno de los inconvenientes de esta medida es que la nueva operativa con la que se consigue frenar los desahucios se asemeja a un proceso ordinario, lo que lleva consigo el retraso en la búsqueda de una solución. Alargar el proceso provoca un deterioro del valor de las garantías hipotecarias con las que se avala el crédito. Y reconocen que al final será el cliente que contrate un crédito para la compra de una vivienda el que asumirá estos costes, ya que las entidades financieras encarecerán el precio de sus hipotecas. Un portavoz de la AEB declaró que desde “que se publicó el fallo del Tribunal de Justicia europeo, cabía esperar que el Gobierno adoptara las medidas necesarias para acometer el ajuste procesal técnico” para dar cumplimiento al fallo europeo.
Durante su intervención, Guindos insistió en que hay que seguir con las reformas”, y resumió las “principales” leyes que se aprobarán en el próximo periodo de sesiones. Yafirmó que este real decreto que modificará la Ley Concursal, al margen de incorporar los cambios necesarios para cumplir con el fallo del TJUE, completará el proyecto de reestructuración y de financiación de la deuda empresarial y extenderá a la fase concursal el nuevo régimen de mayorías introducidos en la fase preconcursal. Así, las nuevas mayorías necesarias para hacerse con una empresa se aplicarán no sólo a la fase preconcursal, sino también a la concursal, con el objetivo de “mejorar la viabilidad de las entidades solventes”. Además, se “facilitarán” las adjudicaciones de empresas en su conjunto y de unidades productivas libres de carga.
Se obligará a los bancos, asimismo, a preavisar a las pymes antes de reducir su financiación, se mejorará la regulación de las titulizaciones para permitir “movilizar carteras de crédito” para pymes, y se perfeccionará el régimen de emisiones, potenciando la transparencia y los sistemas de control y calidad de la información financiera.
Guindos aseguró que el Gobierno continuará trabajando para mejorar el acceso de las pymes, a la financiación alternativa, de modo que reduzcan su dependencia de la banca. Para ello, se aprobará una Ley de Fomento de la financiación empresarial, en la que se regulará “por primera vez” el crowdfunding, de modo que los minoristas puedan invertir de forma segura en proyectos empresariales y que los inversores profesionales dispongan de un canal “mucho más flexible y desregulado”.
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