El jueves la Asamblea de la República Portuguesa aprobó el proyecto de ley que obliga a los bancos lusos dar a la Autoridad Tributaria datos sobre las cuentas que tengan un saldo superior a 50.000 euros. La norma afecta a las cuentas cuyos titulares o beneficiarios sean residentes en territorio portugués.
La legislación es idéntica a la aprobada como decreto-ley por el Ejecutivo del socialista António Costa en 2016, pero que fue vetada por el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, en su momento. A esas alturas el jefe del Estado argumentó que la legislación representaba una «patente inoportunidad política» y un exceso de celo que poco bien podía hacer a la banca lusa tras tantos años de crisis.
En 2016 los inversores internacionales miraban hacia Portugal con cierta desconfianza. El ahora presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, había asumido la cartera de Finanzas apenas unos meses antes, prometiendo «pasar página a la austeridad», y muchos temían que la alianza parlamentaria que había aupado al Ejecutivo minoritario adoptara legislación anticapitalista. Entretanto, algunos de los principales bancos lusos -BCP, Caixa Geral de Depósitos y Novo Banco- pasaban por momentos extremadamente delicados.
Aunque Bruselas había dado su visto bueno al decreto-ley, Rebelo de Sousa consideró que iba más allá de las directivas comunitarias y podría provocar una estampada entre inversores y depositantes. El presidente también se opuso al hecho de que el fisco no necesitara demonstrar la existencia de un delito financiero para acceder a los datos bancarios de las personas contempladas por la legislación.
La semana pasada, sin embargo, el jefe del Estado inesperadamente reveló que ya no se oponía a la legislación, al considerar que la banca portuguesa ya había superado la «situación particularmente grave» que atravesaba hace dos años. Por ese motivo, y ante la insistencia de sus aliados parlamentarios de la izquierda, el Gobierno optó por volver a aprobar el proyecto de ley en el Consejo de Ministros y enviarla al Parlamento.
Durante el debate el secretario de Estado de Asuntos Fiscales, António Mendonça Mendes, volvió a afirmar que la ley «no implica ningún tipo de presunción de deshonestidad», y que el texto simplemente refuerza los instrumentos disponibles en el combate contra el fraude, la evasión fiscal y la financiación del terrorismo.
El proyecto de ley quedó aprobado con los votos a favor del Partido Socialista (PS), que gobierna en minoría, y de sus aliados parlamentarios en el Partido Comunista Portugués (PCP), el marxista Bloque de Izquierda (BI), Los Verdes, y el Partido de las Personas, los Animales y la Naturaleza (PAN). Los socialdemócratas del PSD votaron en contra del texto, mientras que los diputados del Centro Democrático Social (CDS) se abstuvieron.
Fuente: Elmundo.es (17/5/18) Pixabay.com
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