Justicia acumula un atraso de 430.000 peticiones de nacionalidad

Detrás de cada expediente hay una persona y en muchos casos una familia pendiente de una respuesta que puede cambiar sus vidas: acceder a un puesto de trabajo, tener derecho al voto o viajar con un pasaporte español sin restricciones. Derechos fundamentales que no llegan porque la tramitación de las solicitudes ha quedado obsoleta. “Nos preocupa el atraso por lo trascendental que es para estas personas que les demos una respuesta a la que tienen derecho”, asegura Joaquín Rodríguez, director de los Registros y Notariado, el organismo del Ministerio de Justicia encargado de su tramitación.

Durante dos meses camiones custodiados por un dispositivo de seguridad del Cuerpo Nacional de Policía han trasladado 430.000 expedientes de nacionalización desde los sótanos de la Dirección General de Registros y Notariado, en el número 6 de la madrileña calle de Jacinto Benavente, hasta una planta de 1.800 metros cuadrados en el moderno complejo donde se aloja el Colegio de Registradores de España. Un edificio que costó 135 millones de euros. El traslado obedece a un plan de choque del Ministerio de Justicia, con la colaboración de mil registradores, para desbloquear el atasco.

Frente a 300 palés donde descansan las 420.000 solicitudes de nacionalización (otras 10.000 continúan en los sótanos de la calle Jacinto Benavente) un equipo de 60 personas trabaja contra reloj en el centro de digitalización al que se accede mediante un sistema de reconocimiento de huella. “Son expedientes confidenciales, tienen unos 40 folios y muchos vienen en documentos lacrados, con cintas, escarapelas y sellos que hay que liberar. Se invierte en cada uno unas tres horas y envían al servidor del Colegio como documento electrónico firmado”, explica el registrador de la propiedad encargado del proyecto.

Esta semana se habían digitalizado 206.000 y la encomienda entre Justicia y los 1.000 registradores que participan en el convenio sin cobrar concluye el 31 de diciembre. “No estábamos preparados para el aluvión de peticiones de los últimos años y los expedientes guardados en estos archivos son trascendentales. En cada uno de ellos hay una historia personal o familiar”, explica el registrador. Alfonso Candau, decano del Colegio de Registradores de España resume así su tarea: “Nuestro trabajo es burocrático y masivo. Comprobamos que el expediente reúne los requisitos, que la documentación está completa y hacemos una propuesta. La decisión final es de Justicia. No hay margen de discrecionalidad”. Los registradores trabajan conectados con 17 centros (Policía, Guardia Civil, Registro Civil, consulados etc.). “No movemos un solo papel. Se trata de que no haya una actividad presencial”, dice Candau.

Aunque un portavoz de Interior afirma que existe un “patrón” sobre las preguntas que la policía hace a los solicitantes para elaborar un informe sobre su arraigo en España, varias personas consultadas aseguran haber tenido que contestar a preguntas como estas: “¿Quién gobierna mejor, el PP o el PSOE? ¿Da más trabajo la izquierda o la derecha?”. También se someten a una entrevista con el juez del Registro Civil donde presentan su solicitud.

Joaquín Rodríguez, director de los Registros y Notariado, reconoce la inconveniencia de algunas preguntas. “Queremos ir a un sistema objetivo y único de entrevistas. Evitar que las preguntas sean distintas en cada caso, que se pregunte sobre lo que se les ocurre en cada juzgado. En otros países hay catálogo o libros que el solicitante puede estudiar. Está bien claro lo que se debe saber para acceder a la nacionalidad. En Noruega te exigen saber noruego. En Alemania se sabe lo que te pueden preguntar. Todo tiene que ser más organizado”.

Justicia quiere responder a los 430.000 solicitantes antes de Navidad. “Los registradores nos enviarán su propuesta y nosotros resolveremos. Mover el papel como hacíamos antes era una locura”, dice el director. Mediante el nuevo sistema se notificará telemáticamente la resolución al Registro Civil y este comunicará al peticionario que dispone de 180 días para jurar o prometer acatar la Constitución y al Rey.

El Código Civil establece que los ciudadanos de países hispanoamericanos, Portugal, Filipinas, Andorra y Guinea Ecuatorial pueden conservar su nacionalidad. El resto está obligado a renunciar. “El esfuerzo es enorme, pero nos hemos comprometido a acabar con este monumental atasco”, asegura Rodríguez.

Fuente: Elpais.com (28/10/12)