Es la consecuencia de haber aprobado los tres exámenes en que consiste la oposición de acceso a la carrera judicial por el turno libre y que requieren el conocimiento de 350 temas.
Héctor Melero Martí, de 26 años, nacido en Cullera, Valencia, y licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, jamás ha visto la luz. Se convertirá en el primer juez invidente de la historia de España dentro de dos años, cuando se le entregue el diploma después de su año de formación en la Escuela Judicial de Barcelona y su otro año de prácticas.
El futuro juez se ha beneficiado de la consulta que en julio de 2013 presentó ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) otro joven invidente, llamado Gabriel Pérez Castellanos, también licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid.
“¿Puede una persona ciega como yo ejercer las funciones de magistrado?”, fue la pregunta.
Muy simple.
Gabriel Pérez no quería que le ocurriera lo que a Mariano Ruiz veintiséis años antes, en 1989.
Ruiz era invidente como él y como Héctor Melero. Se había presentado a las oposiciones a fiscal y había aprobado el primer examen. Todo indicaba que pasaría el segundo y, ¿por qué no?, el tercero.
Sin embargo, antes de pasar al segundo examen fue apartado del proceso debido a su ceguera.
La consulta de Gabriel Pérez Castellanos, en esa ocasión, cayó en terreno abonado.
Porque los tiempos habían cambiado.
El CGPJ había creado en su seno, en diciembre de 2003, el Foro Justicia y Discapacidad. Del mismo formaban parte el Ministerio de Justicia; el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; la Fiscalía General del Estado; el Consejo General de la Abogacía Española; el Consejo General de Procuradores de España; el Consejo General del Notariado (Fundación Aequitas); el Colegio de Registradores de la Propiedad Mercantil y de Bienes Muebles de España; el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales; el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad –CERMI-; y la Fundación ONCE.
El Foro Justicia y Discipacidad había nacido con la misión de conseguir la plena efectividad en la tutela judicial de los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país, donde hay más de cuatro millones, coordinando a las instituciones hacia el cumplimiento de ese fin.
La elaboración del decisivo informe le correspondió, además, al vocal del CGPJ, Juan Manuel Fernández, que era –todavía lo es– el presidente del Foro Justicia y Discapacidad.
En su texto, Fernández, magistrado de carrera, reconoció que algunas fuentes de prueba solo eran apreciables a través de la vista –como el reconocimiento de un terreno a efectos de deslinde, por ejemplo–, pero estimó que aquello no era suficiente para denegar de forma tajante a los invidentes el acceso a la carrera judicial.
Y subrayó que no podía afirmarse que la vista fuera un sentido imprescindible en las audiencias a testigos y partes, mientras que las leyes procesales conceden importancia a elementos aprehensibles a través del oído, como la evasión en las respuestas, los titubeos o las vacilaciones.
Por unanimidad, la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, aprobó, en mayo de 2014 el acuerdo que, desde ese momento, abrió las puertas de la carrera judicial a las personas invidentes.
En el mismo se recordaba, eso sí, que el juez en cuestión debería desempeñar sus funciones en puestos compatibles o adaptados a sus capacidades.
El texto aprobado recordaba que la Constitución obliga a los poderes públicos, en su artículo 49, a integrar a las personas con discapacidad y amparar sus derechos, entre los cuales figura la igualdad de condiciones para ejercer cargos públicos.
En 2014, cuando el CGPJ tomó esa decisión, ya había jueces invidentes en países como Brasil, Reino Unido, Francia o Perú; su derecho a ejercer está contemplado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU del año 2006, ratificada por España.
Gabriel Pérez Castellanos finalmente no se presentó a la oposición para ser juez.
Pero su pregunta dejó el camino libre para que Héctor Melero Martí lo consiguiera, dando carta de normalidad a lo que hasta ese momento había sido imposible.
Fuente: confilegal.com (18/9/20) Pixabay.com
