Como parte de la cruzada que el Gobierno ultima contra la economía sumergida, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas estudia limitar el pago en efectivo a determinados colectivos como los autónomos a los 1.000 euros, según confirman fuentes del Ministerio que dirige Cristóbal Montoro. Para otros colectivos, como las empresas, Hacienda ampliaría este desembolso de facturas en metálico hasta los 3.000 euros.
Éstas serían las principales cifras con las que el Gobierno trabaja a día de hoy, en la que será la medida estrella del Plan General de Control Tributario para 2012 que Hacienda está dispuesta a aprobar antes de que termine el mes de febrero. Montoro presentó las directrices del conocido como plan de lucha contra el fraude, a través de un informe, en el Consejo de Ministros del pasado 5 de enero. Fue su segundo gran frente fiscal, ya que sólo una semana antes había aprobado la subida de impuestos -IRPF e IBI- para hacer frente al déficit público. Entonces, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no entró a especificar cuál sería la cuantía a la que limitarían el uso de efectivo en determinadas transacciones financieras. Sin embargo, sí dio una pista: «Será similar a la aprobada recientemente por los Gobiernos de Francia e Italia». La horquilla se situaba entonces entre el límite de los 3.000 euros aplicado por el Gobierno galo y los 5.000 euros del transalpino. Sin embargo, el equipo de Montoro plantea ahora bajar este límite para ampliar la recaudación fiscal, más teniendo en cuenta el delicado momento en el que se encuentran las arcas públicas y que sacar a relucir que el dinero en B ha sido siempre una de las asignaturas de todo ministro de Hacienda.
¿26.000 millones recaudados?
Horas después de anunciar que la medida formaría parte del plan del Gobierno para que aflore el dinero negro, los técnicos de Hacienda (Gestha) hicieron público un comunicado que apuntaba a los 1.000 euros como el que consideraban «el importe óptimo» para obtener una recaudación adicional que cifraron en 26.000 millones de euros, esto es, de 2,5 puntos del Producto Interior Bruto (PIB). De cumplirse esta cifra con el afloramiento, se recaudaría más del triple de los 8.171 millones de euros que se fijó como objetivo con la totalidad del plan de lucha contra el fraude fiscal la número dos del Ejecutivo. El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, apunta en este sentido a que esta prohibición supondría, sin duda, «una medida disuasoria» frente al fraude fiscal. Las razones: las empresas no podrían deducir el IVA ni el gasto en el IRPF ni en el Impuesto sobre Sociedades la parte de las facturas pagadas en metálico, con cheques bancarios o documentos al portador que excedan el límite de los 1.000 euros. Además, Mollinedo pone el acento en que la medida permitiría rebajar también la tasa de economía sumergida en 5,1 puntos, reduciendo a la mitad la brecha que separa a España -donde un 23,3 por ciento del PIB se encuentra teóricamente sumergido- del entorno de la Unión Europea.
Las grandes líneas del plan El plan, según su primer informe, tiene tres grandes ejes: comprobación e investigación del fraude fiscal, control de fraude en fase recaudatoria y colaboración con las Administraciones Tributarias de las comunidades autónomas. En relación a la lucha contra la economía sumergida, los esfuerzos se dirigirán, según ha adelantado el Gobierno, a obtener pruebas de que se están realizando actividades ocultas o «parcialmente declaradas». A este respecto, se recurrirá al consumo de energía eléctrica o a la utilización de tarjetas de crédito. Se reforzarán igualmente las inspecciones de Trabajo, además de la coordinación con la Tesorería General de la Seguridad Social.
La aprobación de esta medida, en lo político, debería llevar el sí implícito del principal partido de la oposición teniendo en cuenta que el PSOE puso el acento al conocerse la intención del Ejecutivo en que se trata de «una copia» del programa electoral que Alfredo Pérez Rubalcaba llevó a las urnas el pasado 20-N. Entonces, el socialista prometió que si llegaba a la Moncloa prohibiría el pago en efectivo de las facturas de más de 3.000 euros.
Fuente: El Economista (6/02/2012)
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