Wallapop, Vinted y Airbnb han sabido hacerse eco en un ambiente en el que cada vez más consumidores se decantan por la reutilización. Ya sea porque el incremento de precios ha llevado a los españoles a querer ahorrar comprando productos de segunda mano o por sus principios ecologistas, cada vez son más los que utilizan estas plataformas. No sólo para comprar, sino también para vender y sacar un beneficio -aunque sea anecdótico- de los artículos que almacenan en sus trasteros. Sea como sea, la mayoría de los ciudadanos de nuestro país ya utilizan estas plataformas como una aplicación más en sus teléfonos.
Esta circunstancia no ha pasado desapercibida a los ojos del fisco, que empieza a meter prisa a los operadores de plataformas registradas en nuestro país para que presenten la información de sus vendedores.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha recogido este miércoles el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros en el que se desarrollan las normas y procedimientos que deberán seguir los empresas implicadas.
En concreto, el decreto pide que las grandes aplicaciones -entre las que se encuentran Wallapopl, Vinted y Airbnb- informen a la Agencia Tributaria sobre los vendedores que realicen anualmente más de 30 operaciones de venta de bienes con un importe que supere los 2.000 euros. Así, Hacienda dará dos meses a las empresas para entregar los datos solicitados desde que se publique la orden ministerial, que se encuentra aún en elaboración.
En principio, la norma dicta que estos datos se tienen que declarar durante el mes de enero siguiente al año natural posterior a aquel en el que el vendedor haya sido identificado como ‘vendedor sujeto a comunicación de información’.
Wallapop, Vinted, Airbnb…
El real decreto aprobado desarrolla una serie de normas y procedimientos que indican la obligación de informar y de actuar con la diligencia debida cuando se trata de declarar información sobre los operadores de una plataforma digital. Con ello, el Ministerio de Hacienda implementa el Acuerdo Multilateral entre Autoridades competentes sobre intercambio automático de información relativa a ingresos obtenidos a través de esas plataformas en el ámbito de la OCDE.
Le afectará a aquellos vendedores que, utilizando servicios transaccionales en plataformas como Wallapop o Vinted, hayan vendido 30 artículos o más en un año, con un importe de más de 2.000 euros en las ventas.
Asimismo, la normativa se aplica no solo a los alquileres a corto plazo, sino también a cualquier forma de arrendamiento, incluidos los alquileres a largo plazo. Si, por ejemplo, se obtiene una reserva a largo plazo (28 noches o más) en una plataforma como Airbnb, también estaría sujeta a los requisitos de notificación.
Una vez obtenida la información de los vendedores y antes de su suministro a la Administración Tributaria, será verificada por los operadores. Después, este tendrá que declararlo a hacienda.
Intercambio de información fiscal entre países
Esta obligación será intercambiada por la Administración Tributaria española con el Estado miembro de la Unión Europea donde resida el ‘vendedor’ o, en el caso de arrendamiento, con el Estado miembro donde está localizado el bien inmueble.
La norma prevé que la información también pueda ser intercambiable con ‘jurisdicciones socias’ ajenas a la UE, en el marco del Acuerdo Multilateral suscrito en la OCDE.
¿Quiénes están obligados?
Están obligados a comunicar determinada información ante la Administración Tributaria española los operadores de plataforma registrados en España, en concreto información relativa a los vendedores que utilizan sus plataformas.
Sin embargo, algunos vendedores como las entidades estatales y las cotizadas quedarán excluidos de la norma.
El real decreto explica que se debe informar de las denominadas ‘actividades pertinentes’. Es decir, el arrendamiento o cesión temporal de uso de bienes inmuebles; los servicios personales; la venta de bienes, y el arrendamiento de cualquier medio de transporte.
Los datos que deberán comunicar, tanto plataforma como vendedores, incluyen: las actividades desarrolladas, la contraprestación e identificación de las cuentas financieras utilizadas para los cobros y los tributos, comisiones, tarifas y otras cuantías retenidas o cobradas por el operador.
¿Cómo afecta a los usuarios?
Según indica la empresa dedicada al envío de paquetes de plataformas de comercio electrónico, Packlink, el 65% de los españoles utiliza algún tipo de aplicación de segunda mano. Ya sea para comprar o para vender. En este sentido, la empresa repartidora asegura que uno de cada cuatro las utilizan para vender. Lo que les convierte en posibles afectados por la nueva normativa.
«La información que se envía a Hacienda incluye los datos personales y de residencia del vendedor, así como las cuentas bancarias utilizadas, entre otros. Además, se centra en regular las ventas y las ganancias, pero no tiene efectos sobre las compras», explican desde Packlink.
Sin embargo, tal y como explica la directora de Marketing de la empresa, Noelia Lázaro, esta nueva regulación «sólo afecta a grandes vendedores». Argumenta que, aunque es una práctica cada vez más habitual, la proporción de personas «es muy pequeña», y que no alcanza el 4% del total.
«No creemos que afecte demasiado a los pequeños vendedores que utilizan estas plataformas para ganar algo de dinero por artículos que, o bien ya no utilizan o no les gustan. Casi ninguno llega a generar 2.000 euros al año o a vender más de 30 productos», apunta la especialista.
Fuente: abc.es (1/2/24) pixabay.com
