El sector de la compra de oro a particulares vive horas bajas después de una gran expansión.
Un impuesto que casi nadie ha pagado, según reconocen los propios afectados y Hacienda.
La inspección es muy sencilla, ya que basta con revisar el llamado Libro de Policía de cada comercio, donde tienen obligación de anotar y fotografiar cada joya adquirida para que la Policía compruebe si procede de un robo.
Los motivos por los que no pagaban son tres.
En primer lugar, los empresarios aseguran que no están obligados, ya que una sentencia del Tribunal Supremo de 1996 así lo dice y varios fallos de tribunales superiores autonómicos también les eximen -entre ellos uno del valenciano de 2003 y otro muy reciente del andaluz-, aunque no hay jurisprudencia porque haría falta una segunda sentencia del Supremo. Pese a ello, la Agencia Tributaria sostiene que la actividad de ‘compro oro’ está sujeta a ITP, como explicó en una consulta vinculante de 2011. La mayoría de las empresas está recurriendo las actas.
El segundo motivo es burocrático, ya que la ley les obligaba a hacer una declaración y un ingreso por cada objeto que comprasen a un particular, un trámite engorroso para tiendas que a veces solo cuentan con un empleado.
El tercero es que Hacienda no perseguía este incumplimiento. «Nunca se había pedido», asegura Asunción Domingo, que asesora a varias tiendas. «Como en cualquier impuesto, el hecho de que no se exija no significa que no se tenga que pagar», responden desde la Consejería que dirige Juan Carlos Moragues.
Sube del 4 al 6%
La falta de liquidez que padece la Generalitat motivó en 2013 una revisión de la gestión de los impuestos autonómicos y de su cuota. El resultado fue la subida del 4 al 6% del ITP para este tipo de objetos -y del 8 al 10% en inmuebles-, que entró en vigor el pasado mes de agosto.
Entonces se anunció que «para facilitar el pago» del ITP a los sectores afectados se crearía un modelo de autoliquidación trimestral, de manera que los comerciantes solo tuviesen que hacer la declaración cuatro veces al año, agrupando las compras. Además, el Libro de Policía serviría como justificante.
El nuevo modelo 600 se aprobó la última semana de 2013. Según Asunción Domingo, «ahora sí que hay que pagar, y quien no esté de acuerdo que recurra, pero que no deje de pagar».
La subida del impuesto no afectaba solo al negocio de la compra de oro, sino también a las tiendas de antigüedades y a los desguaces. Sin embargo, la atención de los inspectores parece centrada en el oro, de momento.
El presidente de la Asociación de Anticuarios de Valencia, José Ferrer, asegura a elEconomista que no ha tenido noticias de inspecciones ni de novedades en torno al ITP. Es más, afirma que los anticuarios «no están obligados a pagar excepto si es una pieza de gran valor». En la Consejería de Hacienda no opinan lo mismo. Con intereses pero sin multa El castigo para los comerciantes de oro podría haber sido mayor si la Consejería de Hacienda hubiese optado por multar a todos aquellos que no han pagado. No lo ha hecho, aunque sí les reclama los intereses de demora porque legalmente no puede eximirles.
Perdona la multa porque es consciente de que la liquidación del impuesto objeto por objeto era una tarea ardua. No obstante, fuentes de la Consejería aseguran que algunas empresas sí pagaban, sobre todo grandes cadenas de tiendas, y que lo justo es que todas paguen lo que deben.
Fuente: Eleconomista.es (27/1/14)
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