El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró el miércoles que la reforma fiscal que el Gobierno llevará al Congreso en junio no incorporará ninguna subida fiscal, salvo aquellas impuestas por la normativa europea. Sin embargo, el programa de estabilidad y plan nacional de reforma remitido por el Ejecutivo a Bruselas no refleja una postura tan contundente: “El Gobierno estudiará diversas alternativas, entre otras, la imposición sobre la propiedad, la imposición medioambiental con el menor impacto posible en la competitividad, el incremento de los impuestos por uso frente a los que gravan la transmisión de la propiedad o la imposición sobro el sector financiero”.
El párrafo es premeditadamente ambiguo en la medida en que fuentes de Hacienda aseguran que no hay ninguna decisión tomada. En cualquier caso, en otra parte del texto, el Ejecutivo concretiza más y señala que “se llevará a cabo un ejercicio de revisión de las diferentes figuras tributarias, con el fin de acercar las bases imponibles de forma progresiva a la propiedad de los bienes, disminuyendo por lo tanto el énfasis en la transmisión”. Así, el Ejecutivo en este punto va en la línea de la recomendación de la comisión de expertos elegida por Hacienda y capitaneada por Manuel Lagares que proponía castigar fiscalmente la propiedad de inmuebles a cambio de reducir los impuestos sobre las operaciones de compraventa.
El Ejecutivo opta por una calculada ambigüedad cuando se refiere a la reforma fiscal en el programa de estabilidad
En este sentido, existen varias posibilidades. El Ejecutivo ya aseguró que no seguirá la propuesta de los expertos de imputar una renta presunta por la vivienda habitual en el IRPF. Sin embargo, el programa de estabilidad sí que sugiere que se podría adoptar la recomendación de los expertos de dar mayor importancia al impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). La comisión Lagares propuso que acercar los precios catastrales a los valores de mercado, lo que implicaría un importante incremento de las bases imponibles y encarecería la factura fiscal para los propietarios de inmuebles. El Gobierno señala que gravar más la propiedad frente a la transmisión “contribuirá a dar estabilidad a la recaudación y mejorará la eficiencia del sistema tributario”.
El IBI es el único impuesto del sistema tributario español que no ha registrado nunca en la historia un descenso en la recaudación. No hay otra figura tributaria más estable y contracíclica. Además, la Comisión Europea ha defendido en sus informes los impuestos sobre la propiedad generan menos distorsiones en la economías que, por ejemplo, los tributos que gravan la compraventa. Los expertos liderados por Lagares llegaron a proponerla supresión del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, una posibilidad poco realista en el contexto actual.
Por otra parte, Hacienda también defiende en su programa de estabilidad que, en la tributación indirecta, “la revisión de la reforma fiscal se centrará en impulsar la tributación medioambiental”. Montoro rechaza de forma contundente la posibilidad de elevar el IVA.
Respecto a la imposición del sistema financiero al que también se hace referencia en el plan remitido a Bruselas, Hacienda señala que está pendiente la puesta en marcha de un nuevo impuesto sobre transacciones financieras que acordaron once países de la Unión Europea. El Ejecutivo prevé que este nuevo tributo aporte en torno a 640 millones a partir de 2015.
Rebaja fiscal para rentas bajas y medias
“Las rentas bajas y medias verán reducido su tipo de gravamen aplicable. Además, mejorarán las deducciones fiscales para las familias, lo cual puede favorecer la natalidad”. Este es el compromiso del Gobierno que aparece en el programa de estabilidad. El Ejecutivo ya se comprometió a excluir de tributación a los trabajadores que ganen menos de 12.000 euros al año, una medida cuyo efecto es limitado en la medida que, actualmente, aquellos que ganan en torno a 11.000 tampoco tributan por el impuesto sobre la renta.
En cualquier caso, el Ejecutivo sí que tiene previsto rebajar los tipos impositivos del tributo, que aumentaron sensiblemente a partir de 2012, cuando el actual Ejecutivo elevó entre 0,75 y siete puntos el gravamen que se aplica sobre los asalariados. “Las rebajas impositivas tendrán como objetivo reducir la brecha fiscal, es decir, reducir la diferencia entre lo que un trabajador percibe y lo que paga el empresario”, puede leerse en el programa de estabilidad. En un primero momento, la reforma fiscal solo rebajará de forma notable los impuestos sobre las rentas bajas y medias.- Esto significa que el tipo marginal máximo, actualmente en el 52%, seguirá en niveles elevados. La reducción en el IRPFpermitiría a los contribuyentes ahorrar unos 4.700 millones, según los cálculos realizados por el Ministerio de Hacienda.
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