Ryanair es desde hace tres años la mayor aerolínea en España. El éxito de sus tarifas baratas (su principal, o casi único, reclamo) sigue haciendo imbatible al gigante ‘low cost’ en el mercado español: a pesar de haber recortado vuelos durante el último año, sigue teniendo el doble de pasajeros que sus rivales más inmediatos, Vueling, Iberia e easyJet.
A pesar de los millones de clientes, no se puede decir que muchos de ellos sean fans de la marca. Son de lo más común las quejas sobre el servicio recibido, por los múltiples suplementos que se incluyen en el precio final del billete, por la cacareada incomodidad en sus vuelos o por los inconvenientes por el celo de sus empleados por vigilar el tamaño de los equipajes de mano.
Todo eso es conocido, sí, pero la compañía sigue siendo líder. Pero más allá de los lamentos por las incomodidades y las dudas sobre la excelencia del servicio, hay quien viene denunciando desde hace tiempo que algunas de las exigencias que incluye Ryanair en los contratos de compra violan la legislación de protección de los consumidores. Y ahora un juez en España les da la razón.
El juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha atendido la demanda presentada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y ha dictado una sentencia que declara nulas un total de ocho cláusulas que impone Ryanair a sus pasajeros por considerarlas abusivas, exigiendo así a la compañía de bajo coste que las elimine de su contrato. Algunas de estas cláusulas, además, son de las más populares y recurrente entre la pléyade de quejas de sus clientes.
Desproporcionado pagar 40 euros por imprimir la tarjeta Según informa la OCU en un comunicado, el juez anula el cobro de 40 euros que exige Ryanair a los clientes a los que les imprime la tarjeta de embarque en el aeropuerto por no haberlo hecho ellos mismos en su casa. La sentencia establece que la penalización de 40 euros resulta desproporcionada (una cuantía que en algunas ocasiones incluso supera el importe del billete mismo).
También se declara nula la particular política de Ryanair en torno a la documentación exigida al cliente (son muchos los casos, ya denunciados en los tribunales, de denegación de acceso a menores por no disponer de documentos de identificación con foto y a pesar de que sí disponían del preceptivo libro de familia).
De igual modo, quedan anuladas las cláusulas que permitían a Ryanair modificar unilateralmente el horario de un vuelo, cobrar un importe indeterminado en concepto de almacenamiento si no se recogía el equipaje en cuanto llegue a su destino, denegar libremente el transporte a un pasajero si se lo había comunicado previamente, exigir el pago en el aeropuerto con tarjeta bancaria (prohibiendo el efectivo) o prohibir que el equipaje de un pasajero contenga algunos objetos (dinero, llaves, cámaras, ordenadores, medicamentos, gafas, lentes de contacto, relojes, móviles, cigarrillos, pasaportes…).
Por último, el juez de Madrid también anula la cláusula con la que Ryanair remitía a la justicia irlandesa para dirimir cualquier queja que se elevara a los tribunales. La aerolínea ya no podrá a partir de ahora exigir a sus pasajeros que presenten sus demandas judiciales en Irlanda, y no en España.
Ryanair ha confirmado su intención de recurrir la sentencia, pero el juez ordena ya que la compañía retire estas ocho cláusulas de sus contrato y las deje de aplicar en el futuro.
Según la compañía irlandesa, las conclusiones del juez son «claramente erróneas e incompatibles con la legislación vigente en materia de protección del consumidor».
“OCU no confía en que Ryanair vaya a tomar ninguna medida al respecto en favor de los usuarios, por lo que pide a las autoridades administrativas que, a la vista de esta resolución, controlen y sancionen las malas prácticas de esta aerolínea a la mayor brevedad”, apunta en su comunicado la organización de consumidores, que, además, aprovecha para dar un tirón de orejas a la Administración.
“OCU lamenta que las autoridades de consumo se muestren impasibles ante los incumplimientos reiterados de esta compañía y tenga que ser una organización de consumidores la que lleve a Ryanair y a otras compañías aéreas a los tribunales”.
Fuente: Expansion.com (24/10/13)
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