Golpe fiscal a los autónomos que tributan por módulos

El Consejo de Ministros ha aprobado ayer el anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal que limita el acceso a la tributación por módulos a pymes «cuando facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares»

Quince días después de anunciar la amnistía fiscal, el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley para intensificar la lucha contra el fraude fiscal que contempla modificar el sistema de módulos por el que tributan buena parte de las pymes y autónomos y que, en opinión de los inspectores fiscales, son «un nido de fraude». Así, se prohibirá aplicar este sistema a empresas que «facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares». Con ello se pretende evitar la emisión de facturas falsas. El Ejecutivo indica que los colectivos afectados serán los carpinteros, la industria del mueble, albañiles cerrajeros, fontaneros o transportistas, entre otros. Así, este tipo de profesionales deberán pagar impuestos como el IVA o el IRPF en función a su actividad real. Los últimos datos de Hacienda muestran que casi 700.000 autónomos o pymes están adscritos a la tributación por módulos. Salir de este sistema supone no sólo asumir un mayor control tributario sino que, además, implica un incremento de la carga administrativa.

El sistema de módulos permite tributar en función de variables como los metros cuadrados de un negocio, el número de empleados o el consumo eléctrico. Es decir, los llamados «moduleros» pagan una cantidad fija con independencia de los beneficios que obtengan o de las pérdidas. Las nuevas limitaciones sólo se aplicarán cuando los rendimientos íntegros del ejercicio anterior superen los 50.000 euros. Hacienda entiende que, a partir de ese nivel, ya existe capacidad para asumir mayores obligaciones tributarias.

Además, Hacienda prohibirá los pagos en efectivo que superen los 2.500 euros y establecerá sanciones de hasta el 25% del importe abonado. La multa se establecerá tanto para el pagador como el perceptor, sin embargo, si una de las partes comunica la infracción antes de tres meses después de haberse producido el pago, quedará exonerado de la sanción. Es decir, Hacienda fomentará el ‘chivatazo fiscal’. El umbral de 2.500 euros se ampliará hasta los 15.000 euros para los no residentes. Esta excepción persigue no penalizar al turista que suele optar por pagar en metálico.

Además, particulares y empresas deberán informar sobre cuentas y valores en el extranjero a partir de 2013. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, advirtió que no dar el detalle de esas cuentas supondrá la «no prescripción» de las rentas no declaradas.

Fuente: Cinco Días (13/4/12)