Por extraño que parezca, el déficit de la Seguridad Social es solo un apunte contable. Las Administraciones Públicas se reparten en subsectores (administración central, comunidades autónomas, corporaciones locales y Fondos de la Seguridad Social) y cada uno de ellos tiene sus propias cuentas anuales, de ingresos y gastos, que dan como resultado un déficit o superávit al cierre del ejercicio. En el caso de la Seguridad Social, su déficit en 2017 fue de 17.209 millones de euros y en 2018 será el subsector con mayor desfase presupuestario del país. Una situación que no deja de ser un apunte contable y que el Gobierno pretende corregir lo antes posible.
¿Por qué es un apunte contable? Porque las distintas administraciones pueden realizarse transferencias entre ellas. De este modo, sería sencillo lograr el objetivo de ‘déficit cero’ en la Seguridad Social ya en 2019 con una transferencia de la administración central que cubra la falta de ingresos. Esto es precisamente lo que el Gobierno asume que tendrá que hacer para calmar la tensión que existe en la calle. La preocupación no son solo los pensionistas, que llevan meses manifestándose, también lo son los actuales contribuyentes. En el futuro, ellos también serán jubilados, pero actualmente temen por el futuro del sistema.
El Gobierno ha comprendido que es prioritario conseguir que las cuentas de la Seguridad Social estén en equilibrio. Aunque sea un mero ajuste contable, es importante enviar a la sociedad el mensaje de que el sistema de pensiones es sostenible. Varios ministros llevan meses repitiendo que las pensiones están garantizadas, no por la Seguridad Social, sino por el conjunto del Estado, pero han comprendido que este mensaje no cala en la ciudadanía. Por eso ahora consideran que el objetivo tiene que ser descargar todo el déficit en la administración central y si puede lograrse en los Presupuestos Generales del Estado de 2019, todavía mejor, explican fuentes del Gobierno.
El funcionamiento del Estado no variará en absoluto. Actualmente, el Tesoro ya tiene que buscar financiación en los mercados para prestarle ese dinero a la Seguridad Social y de modo que pueda cubrir sus gastos. En cuanto al Fondo de Reserva, conocido popularmente como la ‘hucha de las pensiones’, no era otra cosa que el superávit acumulado de este subsector con el que se concedían créditos al Estado en forma de compras de deuda pública. En otras palabras, el Fondo de Reserva es una deuda que el Estado le debe a la Seguridad Social. En definitiva, otro apunte contable entre administraciones.
La última propuesta que ha lanzado el Gobierno es utilizar el impuesto a las grandes tecnológicas para financiar las pensiones. Nuevamente se trata del mismo apunte contable. Es el Estado quien recauda este tributo y posteriormente lo transfiere a la Seguridad Social. Aunque se trate de un impuesto finalista y toda su recaudación se tenga que enviar a la Seguridad Social, lo único que hará es que reducirá el resto de las transferencias necesarias para cubrir el déficit del Sistema. Y si el Sistema entra en superávit, servirá para acumular más dinero en la ‘hucha de las pensiones’ con la que financiará al Estado a través de la compra de deuda del Tesoro. En resumen, un juego de apuntes contables en el que lo importante es que el conjunto del país genere los ingresos necesarios para financiar todo su gasto público, independientemente de la administración que tenga esa competencia.
El pacto está cerca
Lo cierto es que el Estado es el último garante de las pensiones, pero la ciudadanía confunde el déficit de la Seguridad Social con el riesgo de quiebra del Sistema. De ahí que el objetivo sea cargar cualquier posible déficit sobre el Estado y que la Seguridad Social mantenga su equilibrio presupuestario. Sin embargo, el Gobierno no tomará ninguna decisión unilateral más. En primer lugar, porque no tiene mayoría absoluta. Y, en segundo, porque la reforma en solitario de 2013, en la que rompió el consenso del Pacto de Toledo y el diálogo social, ha terminado rota.
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El acuerdo con el PNV para vincular las pensiones al IPC este año y el próximo y la decisión de retrasar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad supone, de facto, derogar durante unos años la reforma de 2013. Por eso el Gobierno no quiere más riesgos: cualquier decisión tendrá que contar con el acuerdo del Pacto de Toledo y el visto bueno de los agentes sociales.
El Partido Popular y el PSOE han dado un importante impulso a las negociaciones en el Pacto de Toledo en las últimas semanas, lo que ha despertado la confianza de que las recomendaciones podrán estar listas antes del verano. El escollo principal residía en la segunda recomendación, que trata precisamente de cómo revalorizar las pensiones. El Gobierno se negaba a recuperar la indexación al IPC, pero ahora asume que la inflación tendrá un peso mucho mayor en la subida anual. El Pacto de Toledo está trabajando en un índice de revalorización que evite grandes pérdidas de poder adquisitivo y que vincule las pensiones a la evolución de la economía, de modo que los jubilados también se puedan beneficiar de la buena marcha del país.
Fuente: Elconfidencial.com (30/4/18) Pixabay.com
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