Hoy hemos conocido a través de la prensa que Fomento, junto con la Dirección General de Tráfico, ha ideado un plan para establecer peajes a camiones aunque ahora revestido con la sutileza de “en aras de la Seguridad Vial”. Y así, como la seguridad vial y el medioambiente constituyen un saco muy grande en el que meter, y justificar de cara a la sociedad muy sensible con ambos asuntos, decisiones políticamente incorrectas: la elevada siniestralidad de determinados tramos de carreteras convencionales (1.350 km. concretamente) ha llevado a pergeñar el plan de desviar a los camiones a las pistas de peaje paralelas y el Estado subvencionará un 50% de esos peajes.
La idea es que esta medida comience a aplicarse, siempre según este periódico, a partir del segundo trimestre de este año, impidiendo a los camiones circular por 1.350 km. correspondientes a 16 carreteras convencionales. Eso sí, se señala en la información que todavía está pendiente sentarse a negociar con las asociaciones representativas de transportistas esta medida, quienes oficialmente todavía desconocen estos planes y que quizá hubiera sido mejor, más coherente informarles primero a ellos.
La finalidad que sustenta esta idea no es beneficiar a las concesionarias de autopistas de peaje en concurso, como algunos podrían pensar, sino reducir la elevada siniestralidad de determinados puntos “negros” de nuestras carreteras convencionales que se han convertido en eso, parece ser, por obra y gracia de los camiones. Con esta medida se prevé evitar la circulación de 8,7 millones de camiones por estos tramos.
La subvención del Estado, que pagaríamos todos con nuestros impuestos (y ojo, no se está subvencionando al transporte sino a las concesionarias de las autopistas) sería del 50% en los tramos obligatorios y del 35% si el transportista decide continuar por la autopista de peaje en tramos no obligatorios. Y si se aplica la medida finalmente, el otro 50% lo deberían repercutir las empresas de transporte en sus precios y sus clientes en sus productos y al final esta medida la pagaríamos todos al 100%, por lo que habríamos facilitado entre todos el “rescate” de las concesionarias de peajes en ruina.
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