El presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, ha promulgado la ley que pone fin al sigilo bancario en Portugal. A partir de este año, los bancos portugueses tendrán que entregar a la Hacienda lusa los datos de las personas que tengan más de 50.000 euros en sus cuentas. El objetivo de la legislación -que se aprobó con los votos de la alianza de la izquierda lusa, compuesta por el Partido Socialista, el Partido Comunista Portugués y los marxistas del Bloque de Izquierda- es la creación de un mecanismo que facilite la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.
De ahora en adelante, cada 31 de julio las instituciones financieras que operan en Portugal tendrán que proporcionar a la Hacienda una lista de los clientes que tienen más de 50.000 euros depositados en el banco al final del año anterior, incluso cuando esa cantidad total esté repartida entre varias cuentas. La Agencia Tributaria apenas tendrá acceso al saldo total de la cuenta, y no a los movimientos de las cuentas, pero si detecta algún tipo de irregularidad al comparar el saldo con el registrado en años anteriores, podrá solicitar la apertura de un proceso de investigación y el levantamiento total del sigilo bancario, pudiendo de esta manera acceder a todos los datos relacionados con el titular. La legislación prevé la imposición de multas elevadas a los bancos que no cumplan con la ley o presenten los datos fuera del plazo legal, las cuales pueden alcanzar los 22.500 euros por titular omitido.
Desde hace años, la Autoridad Tributaria lusa ya recibe esta información cuando concierne a no residentes con cuentas con un valor superior a los 50.000 euros en un banco portugués; en esos casos, el fisco portugués comunica los datos a la entidad tributaria del país donde el titular consta como residente fiscal.
Fue parcialmente por este motivo, y debido a las normas europeas que evitan que los no residentes estén expuestos a mecanismos más invasivos que los que se utilizan con los datos de los residentes nacionales, que el Gobierno decidió ir adelante con la medida. A la vez que amplía el control sobre los residentes de Portugal, simultáneamente reforzando las normas que prohíben compartir los datos con terceras entidades, dando igual de que éstas sean públicas o privadas.
La ley originalmente fue propuesta por el Gobierno del socialista António Costa en 2016, y la Asamblea de la República Portuguesa la aprobó en septiembre del mismo año, pero a esa altura el jefe del Estado decidió vetar la legislación al considerar que la medida -que la derecha critica como un atentado a la privacidad- podría comprometer la recuperación del todavía frágil sistema financiero del país vecino al crear desconfianza entre inversores extranjeros. Sin embargo, en mayo del año pasado el presidente dio a entender que ya no se oponía al mecanismo, y poco después el Gobierno recuperó la iniciativa.
A la vez que promulgó la legislación, el presidente de la República también dio su visto bueno a la ley que obliga a los bancos que han recibido ayudas públicas del Estado luso desde 2007 informar al Parlamento sobre los deudores morosos cuya deuda supere los cinco millones de euros o el 1% de los fondos públicos inyectados.
Fuente: Elmundo.es (6/2/19) Pixabay.com
