Tanto el fiscal Anticorrupción como la Fiscalía General del Estado se han negado a investigar a la infanta Cristina. Sin embargo, expertos jurídicos consultados dan por hecho que la hija del Rey pudo haber incurrido en una responsabilidad civil. El patrimonio acumulado es la clave. El abogado del duque de Palma insiste en que la infanta no tiene ninguna relación con las actividades.
Los problemas de Iñaki Urdangarín con Hacienda y la Seguridad Social parecen un pozo sin fondo. Además de emitir presuntamente facturas falsas para engañar al Fisco e incurrir en un posible desvío de capitales a países como Belice o Luxemburgo, el duque de Palma fue embargado en el año 2007 por impagos a Hacienda y la Seguridad Social, tal y como adelantó elEconomista el pasado 19 de diciembre.
El portavoz y abogado del duque de Palma, Mario Pascual Vives, ha achacado sin embargo a un «error administrativo» el supuesto embargo de las cuentas bancarias del duque y su esposa, la infanta Cristina, por no estar al corriente de pago con la Seguridad Social. «Hasta donde yo sé, se produjo un error administrativo por parte de las personas que llevaban la gestión, e inmediatamente se subsanó», declaró a Europa Press. Es un descuido sin embargo demasiado importante, sobre todo tratándose de una empresa, Aizoon, en la que, además de Urdangarin, participa también la hija del Rey.
Pascual Vives insiste, además, en que la infanta «no tiene ninguna relación» con las actividades empresariales del Duque, pese a ser copropietaria de la Aizoon y participar en la junta directiva del Instituto Nóos. De hecho, tanto el fiscal anticorrupción como la Fiscalía General del Estado se han negado a investigarla.
La responsabilidad civil de la infanta Cristina
Expertos jurídicos relacionados con el caso dan por hecho, sin embargo, que la infanta Cristina pudo haber incurrido en una responsabilidad civil. Sobre todo, dado el gran patrimonio que acumuló gracias a las actividades irregulares de su marido. Todo ello, aunque sea cierto que Urdangarin la engañó sobre las facturas falsas, los contratos amañados para captar fondos públicos, la evasión de capitales a paraísos fiscales y el fraude a la Administración Tributaria.
Fuente: El Economista (27/01/2012)
Dejar una contestacion