Hace dos años, Amazon vio un repunte inexplicable en las ventas de videojuegos retro en Canadá. La mayoría de estos pedidos eran títulos de consolas de primera generación, como la PlayStation 1, la Nintendo 64 o la Game Boy Advance. A qué se debió aquello fue un misterio durante días, pero pronto los analistas descubrieron que no se debía a ninguna moda pasajera que empujara a los niños a comprar juegos antiguos, sino que ese boom de ventas coincidía con el inicio de un acuerdo entre el gigante de comercio electrónico y el país para dejar a los presos de algunas cárceles de Canadá usar Amazon y pedir productos desde sus celdas.
Eran los reclusos quienes habían arramplado con todos esos juegos. ¿Por qué compraron los más antiguos? Porque las instituciones penitenciarias de Canadá prohíben dispositivos que puedan conectarse a internet o permitan la comunicación con el exterior, así que la tecnología más moderna fue desechada en el acto para abrazar la más primitiva. Todo fuera por algo de diversión entre rejas.
Amazon se convirtió en la primera tienda online del correccional del país a principios de 2022. Según Ghislain Sauvé, directivo de la institución penitenciaria canadiense, el programa fue un éxito: los presos compraron bienes por valor de 740.000 dólares y gastaron hasta 130.000 en tecnología.
El importe, claro está, lo desembolsa el presidiario. «Es su dinero… seamos claros al respecto. Esto no es dinero de los contribuyentes. Los tiempos de entrega pueden ser lentos y los productos son examinados por nuestro equipo de seguridad«, explicaba el funcionario. Cuando se le preguntó por qué quien cumple condena por delitos graves puede disfrutar de estos servicios, señaló la necesidad humana universal de ocio.
Si acudimos a la página web de Amazon y revisamos sus políticas, se contemplan los envíos a penales. «Realizamos entregas en prisiones. No obstante, te recomendamos que primero contactes con el penal para confirmar que aceptan pedidos y si tienen políticas especiales. No se pueden enviar regalos de forma anónima a los internos».
La realidad española: vivir en 1970
En nuestro país, sin embargo, las cosas son muy distintas. La informática personal está estancada en la edad de piedra. Según el reglamento vigente, los presos no pueden usar móviles, ordenadores o cualquier dispositivo electrónico. En El Confidencial nos hemos puesto en contacto con Instituciones Penitenciarias y nos confirman que el único contacto que los internos tienen con la tecnología tiene lugar en clases de «ofimática», algo prehistórico, donde se imparten conocimientos de Microsoft Office y Word en sistemas operativos de Windows 98. No siempre es así en Europa. De hecho, otros países como Alemania recientemente han empezado a llevar internet a las celdas de algunas prisiones.
El problema en España es que la legislación no ha avanzado al mismo ritmo que la tecnología. De hecho, nuestra Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) es de 1979. Y el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario (RP) es de 1996. En aquel entonces no había ni internet. Y mucho menos redes sociales.https://datos.elconfidencial.com/ec-iframe-simple-datawrapper/?id=qja0x/5
Estas normas del reglamento apenas regulan la comunicación de los internos con sus familiares, amigos y representantes. También con abogados, asistentes sociales e incluso sacerdotes. Comunicaciones que, por supuesto, se realizan a través de móviles que se parecen más a un ladrillo que a un smartphone, facilitado por la institución y solo para esta función, con un funcionario siempre vigilando de cerca. En 2022, y a raíz del Covid, el reglamento fue actualizado para permitir también las videollamadas, también supervisadas por el personal.
El artículo 129 es el que regula la disposición de ordenadores personales y señala que su utilización «sólo está permitida por razones culturales y educativas, siempre y cuando el interno presente un justificante avalado por el profesor o tutor«. Es decir, que se permite el uso didáctico del ordenador.
La UNED ha comenzado, de hecho, una colaboración con algunas cárceles españolas para este fin. Pero, como norma general, internet está prohibido: «Quedará prohibida la transmisión de cintas o diskettes y la conexión a redes de comunicación». ¡Cintas! ¡Disquetes! Mencionan soportes totalmente desfasados en la actualidad.
Permitir el acceso a Internet a los reclusos es un tema que genera mucho debate. El argumento para hacerlo es en gran medida la educación, la rehabilitación y la reinserción. Sin embargo, los casos en los que los convictos han utilizado internet para otros fines ilegales se amontonan. El contrabando de móviles con tarjetas de datos se ha convertido en una constante para dirigir a miembros de organizaciones criminales y controlar el tráfico de drogas, etc. Algunos internos han llegado a instalar antenas y routers en los tejados de las prisiones sin que los agentes se dieran cuenta.
Krassimir Kanev, exdirector del Bulgarian Helsinki Committee, una organización de derechos humanos, ha visitado más de 100 prisiones del mundo como experto de Naciones Unidas. Cuenta a este diario que prácticamente todas las prisiones por las que ha caminado en Europa prohíben el uso de móviles y ordenadores.
«Lo justifican por razones de seguridad, prevención de fugas, así como para evitar colusiones con testigos, amenazas a las víctimas, etc». Aunque de igual manera reconoce que tampoco ha visto una prisión donde los presos no los usen de forma clandestina: «El contrabando es una gran fuente de corrupción en muchas prisiones. Así es como los celadores ganan dinero».
El experto señala que algunos países permiten el uso de ordenadores sólo para propósitos específicos: «Teníamos un preso al que se le permitió usar un portátil porque estaba matriculado en un programa de educación a distancia en otro país». Y también recuerda cómo a una organización de convictos «les dejaron mantener una página web a través de sus móviles donde publicaban información valiosa tanto para otros presos como para el mundo exterior».
Kanev hace hincapié en lo importante que puede ser internet para la vida de un recluso: «Mantener el contacto con su familia, acceder a la información jurídica que necesita, presentar denuncias por abusos ante instituciones y organizaciones en el extranjero. Pese a ello, no conozco ningún país donde esto haya sucedido en toda su extensión. Se trata a las personas como un rebaño, algo que sería un escándalo fuera de prisión», sentencia.
La iniciativa alemana
Todo eso nos lleva al país europeo que se ha propuesto ser el primer estado en digitalizar su sistema penitenciario. Las autoridades alemanas lo han llamado Resocialización a través de la digitalización. La iniciativa surge de un proyecto piloto lanzado en Berlín el año pasado para llevar internet a las prisiones de la capital.
Según la senadora de Justicia, Lena Kreck, «el objetivo es rehabilitar a los presos y equiparar sus condiciones de vida a las de los que están en libertad». Inicialmente comenzó en el penitenciario de mujeres de Lichtenberg y luego fue ampliado a otras como Heidering, Robert-von-Ostertag-Straße o Moabit.
Otras iniciativas en el país germano ya otorgaron ordenadores a los presos en el pasado. Ahora se les permite también acceder a webs, medios de comunicación y servicios educativos profesionales. «El sistema les abre la puerta, por ejemplo, a presentar solicitudes, jugar a videojuegos o leer libros online. Eso sí, las redes sociales y los foros públicos permanecerán bloqueados por el momento», cuenta Konstantin Köhler, reportero de la cadena Deutschlandfunk-Nova, quien ha cubierto este proyecto anteriormente. La entrega de dispositivos y su mantenimiento son gratuitos, según la administración. Sin embargo, las videollamadas están sujetas a una tarifa.
El proyecto piloto tiene como objetivo preparar a los reclusos para la vida fuera de prisión. Y las autoridades judiciales suizas también están trabajando en una estrategia digital similar para su sistema penitenciario de cara a 2030. Cuentan con el apoyo científico del Instituto Fraunhofer de Sistemas de Comunicación Abiertos, quienes han concluido en varios informes que internet realmente ayuda a la rehabilitación de un condenado.
En España, el consejo general de la Abogacía Española también planteaba en un interesante ensayo la posibilidad de permitir aquí a los reclusos el uso de tecnología, incluyendo las redes sociales, como un elemento más de reinserción o para un futuro trabajo. Y exponía algunas cuestiones legales que incluso puede perjudicar a los convictos.
Ponen el ejemplo de un preso que antes de ingresar en prisión hubiera estado usando Twitter y que una vez está en el centro empezaran a aparecer comentarios suyos en la plataforma, presuntamente delictivos que podrían ser tipificados según Código Penal, como amenazas, calumnias, o injurias.
Podría suceder porque le han hackeado la cuenta, prestó su contraseña a un conocido, que está tuiteando haciéndose pasar por él, o tiene contratado un community manager. El preso no tendría la oportunidad de enterarse de que se están vertiendo comentarios falsos ni de tomar acciones para evitarlo, como cambiar la contraseña de su cuenta o cerrarla.
En el contexto actual, muchos presos han sido relegados a ver cómo los teléfonos plegables se convertían en iPhones, los coches eléctricos inundaban las calles y la IA comenzaba a apoderarse del mundo. Pero todo ello desde revistas o periódicos y no usando esa misma tecnología. Han visto a través del papel como se desarrollaba el siglo XXI mientras vivían en instalaciones arcaicas. Cuando salgan, estarán adentrándose en una sociedad irreconocible y diferente a la que dejaron. Estando años, si no décadas, por detrás del resto de ciudadanos. Y eso plantea otro debate, ya no legal, sino ético.
Fuente: elconfidencial.com (4/5/24) pixabay.com
