Enrique A.C. parecía un hombre formal, muy formal. Así que cuando en julio pasado Carlos Gil, un economista de 57 años, firmó con él un contrato para alquilarle el pequeño piso que posee en la zona de Malasaña, en la calle San Dimas 3, no pudo evitar sentir en el estómago un burbujeo de satisfacción. Todo indicaba que Enrique iba a ser el inquilino perfecto: ingeniero en una empresa de telefonía, le había presentado sus dos últimas nóminas, le había pagado el mes de fianza, le había ingresado el primer mes de alquiler, estaba casado, sin hijos y, sobre todo, rebosaba seriedad.
Un mes exacto duró la ilusión.
En agosto, sólo un mes después de haber firmado el contrato de alquiler, Enrique dejó de pagar la renta. Primero le contó a su casero que había habido un problema con su nómina porque había cambiado recientemente de banco. Luego le fue con que le habían agredido al salir de un cajero para robarle y que estaba ingresado en un hospital. Después, su teléfono móvil directamente dejó de funcionar. Y el modélico inquilino también dejó asimismo de responder a los correos electrónicos.
La sorpresa
Carlos aún esperó unos días más y, ya con la mosca detrás de la oreja, una tarde se presentó en la vivienda para ver qué demonios ocurría. Sabiendo que la ley impide al dueño de un piso alquilado entran en él sin permiso del inquilino, llamó al timbre del apartamento. Y entonces llegó la sorpresa final: le abrieron la puerta tres maromos italianos. Le contaron que habían alquilado el piso por tres meses a través de Facebook, e incluso le mostraron el anuncio. Le dijeron que habían pagado un total de 1.800 euros en metálico a la persona que les había proporcionado el piso. «Y hasta me enseñaron un recibo chapucero que el tal Enrique les había hecho, y donde constaba el mismo número de DNI que me había dado a mí», revela ahora Carlos.
El caso es que Carlos, dueño del piso de la calle San Dimas (por el que, por cierto, aún está pagando una hipoteca), no sólo no ve un céntimo desde agosto por el alquiler de su vivienda, sino que encima el modélico inquilino tampoco está haciendo frente a los gastos de electricidad ni de agua del apartamento: los recibos que llegan a la cuesta bancaria que le dio al casero son devueltos sistemáticamente. Y Enrique A.C., el inquilino que salió rana, se está forrando sin dar un palo al agua.
Más víctimas
«Es un negocio redondo o, mejor dicho, una estafa redonda: alquilas un apartamento, no pagas la renta, lo realquilas y te embolsas todo beneficio en dinero negro, sin pagar impuestos», se lamenta Carlos, quien tiene la firme sospecha de que Enrique A.C. puede haber engañado a otros propietarios de pisos de alquiler y estar recaudando al mes miles de euros sin mover un dedo. «Lamentablemente, tiene toda la pinta de que ese no el primer apartamento que alquila para luego realquilarlo inmediatamente y hacer negocio. Seguramente lo habrá hecho en más domicilios», nos cuenta Elsa Manzano, abogada del despacho Guzmán & Cubero, especializado en desahucios, y en cuyas manos Carlos ha puesto su caso.
El juicio por impago contra su inquilino está previsto que tenga lugar en marzo, y después habrá que ejecutar el desahucio que le permitirá recuperar su vivienda.
Lo de recuperar el dinero es otro cantar. Es muy probable que Enrique A.C. sea un estafador profesional, así que seguramente no tendrá cuentas bancarias ni una nómina que se le pueda embargar (las que le presentó al casero es muy posible que sean falsas). «Yo la verdad es que doy el dinero por perdido», sentencia Carlos Gil. «Para mí lo peor es que ese sujeto se vaya a ir de rositas». Porque esa es otra. «No hay un tipo penal que cubra estos delitos», nos explica Elsa Manzano. «Demostrar que ha estado realquilando el inmueble es muy, muy difícil de demostrar. El moroso lo sabe y es consciente de que lo máximo a lo que le pueden condenar es a pagar la deuda que ha acumulado. Pero si no tiene cuentas bancarias ni nóminas, si ha hecho de esto su forma de vida, el propietario no va a recuperar el dinero».
Al alza en pandemia
En realidad, este timo es antiguo, muy antiguo. Pero en los últimos meses está cobrando fuerza. «Nosotros estamos notando un aumento de los casos de inquilinos que dejan de pagar el alquiler a sus caseros, realquilan la vivienda y, aun así, siguen sin pagarle», asegura la abogada de Guzmán & Cubero. Lo que hacen los Enriques y compañía es aprovecharse de la legislación que en las primeras semanas de la pandemia de coronavirus se aprobó para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad a fin de evitar que pudieran ser desahuciadas y acabar en la calle.
«La crisis del coronavirus ha afectado a mucha gente. Hay empresas que han cerrado, muchas personas que están en ERTES… Y algunos dejan de pagar el alquiler porque directamente no pueden hacerlo», señala Elsa Manzano. «El problema es que no se diferencia entre las personas que realmente están en situación de vulnerabilidad de los aprovechados».
Fuente: elmundo.es (27/12/21) pixabay.com
