La casuística en indemnizaciones a las víctimas de accidentes de tráfico se enriquece.
Son algunas de las novedades aconsejadas por el comité de expertos multidisciplinar que ha trabajado, junto al Gobierno, en la elaboración del nuevo baremo de autos (tarifas indemnizatorias para lesionados o familiares y allegados de fallecidos en accidentes).
Su informe, entregado ayer a la Dirección General de Seguros, encarece en términos gruesos en un 9 por ciento las indemnizaciones, si bien con grandes variaciones según el perjuicio, indicaron fuentes del sector. Se sube, por ejemplo, de sustancial la indemnización a los grandes lesionados, incapaces de valerse por sí mismos tras un accidente, y se contemplan gastos médicos futuros, en previsión de nuevas cirugías, prótesis, etc.
El texto propuesto por los expertos aconseja que se certifique la lesión con los preceptivos informes médicos. Esta garantía ayudará al seguro a combatir la extendida picaresca de simular una lesión cervical tras sufrir una colisión, generando una gran bolsa de fraude que inquietaba al sector.
Con los resquicios del baremo actual, que el nuevo texto perfecciona con la prueba médica, bastaba con reportar la existencia de dolencia para activar la cobertura de la póliza.
Objetivos
El cambio de reglas busca adecuar el sistema y tarifas indemnizatorias a la nueva realidad social y económica. Se incorporarán aspectos dinámicos y entrarán en juego también la aplicación de intereses moratorios. Las tablas de valoración para las compensaciones se enriquecen en supuestos (incluyen nietos, allegados…), horquillas más detalladas por edades e, incluso, años compartidos con el cónyuge.
En la comisión han trabajado codo a codo expertos del sector asegurador, organizaciones de defensa de las víctimas, de salud, juristas y responsables de los ministerios de Economía, Sanidad y Justicia. Se abren ahora 20 días para someterlo a consulta y el Gobierno decidirá después si asume su contenido, de cara a iniciar el trámite normativo. El texto debería estar muy afinado, al haber contado en su elaboración con el Gobierno, pero en el sector ven poco factible que esté listo para 2015 como presumían y temen que quede pendiente para la próxima legislatura por la avalancha de normas pendientes en Justicia.
Fuente: Eleconomista.es (23/5/14)
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