Un empresario saca la tarjeta de crédito para pagar cuatro euros y medio, lo que valen un bollo y dos cafés con leche en un concurrido bar de la avenida de Meritxell de Andorra la Vella. Tras la barra, la camarera saca el terminal para pasarla. Espera unos segundos y saca el recibo que escupe la máquina. «Operación cancelada», le comunica con absoluta normalidad. El hombre, un exdirectivo de banca, deja de anudarse la corbata y busca en el bolsillo un billete de 20 euros. Solo unos metros más arriba está la sede central de la entidad emisora de la tarjeta que no se admite: la Banca Privada d’Andorra (BPA). Delante de esa oficina esta semana ha habido colas de ciudadanos alarmados por la restricción de poder retirar solo 2.500 euros semanales.
Esa suerte de corralito es una imagen inédita en un país que saca pecho por la elevada solvencia y liquidez de sus entidades. Un informe de la unidad antifraude (FinCen) del Tesoro estadounidense que acusaba a BPA de prácticas de blanqueo de capitales procedentes de organizaciones criminales se llevó por delante casi de inmediato al banco, que supone el 21% del sistema financiero del país. BPA quedó aislada del mundo de inmediato. Las autoridades financieras y el resto de las entidades temieron lo peor: que una vez encendida la mecha el fuego corriera por todo el sistema. «Andorra es una plaza financiera de reconocido prestigio, solvencia y liquidez, por encima de los estándares internacionales», insiste una y otra vez el ministro de Finanzas, Jordi Cinca, que sí admite que la situación es «angustiosa».
El sector de la banca y seguros supone el 19,6% del PIB del Principado
Evitar a toda costa el efecto contagio es una cuestión de Estado. Los activos de las cinco entidades bancarias andorranas ascienden a 15.869 millones de euros, casi 6,5 veces el producto interior bruto (PIB) de Andorra. En la zona euro, donde de media esa proporción es de tres veces, solo Luxemburgo y Malta superan al Principado, que está por delante de Chipre o Irlanda, según el Banco Central Europeo. Los recursos de los clientes que gestionan las entidades andorranas son, además, de 41.267 millones de euros, casi 17 veces el tamaño de la economía. «Son las proporciones que se manejaban en Chipre, Islandia o Irlanda. Se trata de países en el que el sector financiero pesa tanto que una crisis puede hundir la economía», afirma Esteban Sánchez, de Banca de Analistas Financieros Internacionales (AFI).
La banca es, junto al turismo y el comercio, uno de los tres pilares de la economía. El país, que no llega a los 70.000 habitantes y ocupa 468 kilómetros cuadrados, recibe 7,7 millones de visitantes al año, la inmensa mayoría españoles y franceses. La dependencia de esos sectores hizo que el PIB andorrano cayera el 16,5% durante la recesión. El sector financiero y asegurador resistió de forma razonable y ganó peso en el conjunto de la economía. Ya representa el 21,7% del PIB, según Standard & Poor’s (S&P).
La banca, además, tiene en sus manos más de la mitad de los 897 millones de euros de deuda del Gobierno. La Administración tradicionalmente se financiaba solo con créditos de los bancos nacionales, que aportaban de acuerdo con su peso en el sector. En 2010, el Gobierno socialdemócrata de Jaume Bartumeu puso fin parcialmente a esa tradición con una emisión de letras del Tesoro por 100 millones de euros y un préstamo a Crédit Agricole.
No hay datos sobre la deuda externa, como tampoco sobre muchas más magnitudes. Pero fuentes financieras sostienen que en esa economía endogámica la banca nacional es la principal prestamista de las empresas. En la cola de la oficina de Escaldes-Engordany aguardaban también empresarios angustiados. El límite de 2.500 euros semanales ha podido parar el primer golpe, pero la situación se complicará cuando la semana que viene haya que abonar las nóminas. Cientos de clientes ya han abierto cuentas en otros bancos para poder cobrar.
Ante el golpe que ha supuesto la caída de BPA, el Gobierno y el regulador se han centrado en dos frentes. El Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF) optó primero por una intervención blanda de supervisión. Solo 24 horas después decidía la destitución del consejo de administración, presidido por los hermanos Higini y Ramon Cierco; del consejero delegado, Joan Pau Miquel, en prisión por un presunto delito continuado de blanqueo de capitales, y de dos directivos más.
El FinCen había dado un margen de 60 días antes de ordenar a las entidades de EE UU que dejaran de operar con BPA. «En la práctica, es la muerte de la entidad», dice un banquero. Los mercados se anticiparon a la decisión. La banca norteamericana bloqueó la operativa con BPA, de inmediato lo hicieron sus filiales en el extranjero y les siguieron todos los bancos de todo el mundo. BPA solo existía ya en Andorra.
La dependencia al turismo hizo que la economía cayera el 16,5% desde 2007
El Gobierno y el supervisor pasaron diez días buscando, sin éxito, bancos corresponsales que desbloquearan las operaciones, puesto que Andorra no tiene ni la liquidez de un banco central ni la del eurosistema. Fuentes cercanas a las negociaciones explican que el Gobierno finalmente ha admitido que para recuperar esos canales internacionales hay que hallar una solución para el banco. La marca BPA debe desaparecer.
Con un presupuesto de 425 millones, la Administración es incapaz de rescatar a BPA, y una solución como la de Banco Madrid, su filial en España, está descartada por la intensa actividad comercial de la entidad. Hay dos opciones: la liquidación ordenada o la reestructuración. «Es muy difícil pensar en una solución que no pase por la reestructuración», afirmó Cinca esta semana.
Según fuentes financieras, el desenlace más probable es que las cuatro entidades restantes se repartan los activos de BPA. Albert Sagues, socio de TGG Legal y profesor en la Universidad Pompeu Fabra, plantea que el sector debería abrirse ahora al capital extranjero. «Andorra está recurriendo a otros países para pedir liquidez para BPA. Es el momento de abrir un sector cerrado al capital foráneo», afirma Sagues, que también colabora con la Universidad de Andorra.
La banca espera una solución rápida, pero BPA ha estallado sin que el país hubiera asumido la directiva comunitaria 2014/59 de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que es necesaria para evitar que la entidad pase por un proceso concursal. El Gobierno prepara una ley que esta semana negociaba con el resto de partidos, pero el parlamento se constituye mañana y el Ejecutivo está en funciones. Además, un sector de la banca aún rechaza asumir activos de BPA sin que se hayan completado las auditorías por miedo a contagiarse.
El segundo frente del Gobierno es tender un cortafuegos para evitar el efecto contagio a los otros cuatro bancos. El mayor por volumen de negocio es Andbank, propiedad de las familias Cerqueda y Ribas Reig; le sigue Crèdit Andorrà, de los Pintat, Casal y Reig; Banca Mora, de la familia Mora, y BancSabadell d’Andorra, filial del Sabadell. Ninguno ha tenido problemas. «Desde el primer minuto los mercados internacionales supieron discriminar y solo castigaron a BPA», celebra el directivo de un banco.
A pesar de que el riesgo de contagio se aleja a medida que pasan los días, cualquier paso en falso puede llevar a otra crisis. El clima es de fragilidad. De ello da fe la jornada que la banca vivió el miércoles. El sector financiero a media tarde constató que se estaba produciendo un envío masivo de mensajes por WhatsApp que aseguraban que otras entidades estaban siendo investigadas. La Asociación de Bancos Andorranos tuvo que desmentir el contenido de esos mensajes y Andbank presentó una denuncia. Juan Miguel Velasco, presidente de la Comisión de Seguridad de EuroCloud, se encarga de investigar lo que sucedió. «Indagamos si esa avalancha tuvo un origen delictivo o motivado por grupos de interés. Esas cadenas pueden crear pánico social para perjudicar un negocio o dañar su imagen», explica.
Los mensajes se reenviaban casi al instante. La crisis de BPA no solo ha sido un shock para los bancos, sino también para los ciudadanos. «La banca está en el ADN de los andorranos. La gente se pregunta cómo en una plaza financiera que siempre ha vendido seguridad y estabilidad ha podido haber un corralito», lamenta otro ejecutivo que, como el resto, exige no ser identificado.
El escándalo de BPA llega después del caso Pujol, del que la imagen de la banca no salió indemne. Ahora, sin embargo, se relaciona a un banco con las mafias rusa y china en España, el cartel mexicano de Sinaloa o el presunto blanqueo de capitales en Venezuela. «El andorrano es un sistema muy sano que se ve amenazado por un riesgo reputacional. Si el Gobierno no llega a actuar, en una semana todo el sistema se hubiera contagiado», expone Juan Ignacio Sanz, profesor de Banca y Mercados Financieros de Esade.
Andorra fue considerada hasta 2012 un paraíso fiscal por la OCDE. El Principado había sido el refugio de fortunas que se escondían del fisco de su país. Eran patrimonios de entre dos y diez millones de euros. «Los grandes iban a Suiza», dice un directivo. La clave de ese sistema era el secreto bancario. Pero en 2009, en plena ofensiva del G-20, el entonces presidente de Francia Nicolas Sarkozy amenazó con renunciar a su cargo de copríncipe de Andorra —que comparte con el obispo de La Seu d’Urgell (Lleida)— si el país no dejaba atrás ese sistema.
Desde entonces, Andorra ha firmado convenios de intercambio de información fiscal con 22 países. Ahora solo proporciona datos a demanda, pero en 2018 debe estar listo el sistema de envío automático. «Cumplimos las mismas normas y estándares internacionales que un banco español», insiste un banquero. «Hay países de la UE con jurisdicciones y sistemas mucho más opacos», señala otro. Entonces, ¿cómo ha habido prácticas como las denunciadas por EE UU? «Han fallado los mecanismos de control internos y del regulador», considera Sagues.
Fuentes financieras apuntan dos hipótesis: la implicación de la cúpula directiva o el uso de filiales en países con normas financieras laxas. Las entidades andorranas no solo desembarcaron en España. Hoy tienen filiales en Bahamas, Luxemburgo, Mónaco, Suiza, Panamá o Dubai. Esa expansión supuso un incremento del 63% de su activo entre 2008 y 2013. «La banca se propuso competir por patrimonios más elevados y optó por complementar sus servicios abriendo filiales en otras jurisdicciones que ofrecían más opacidad y beneficios fiscales», asegura Esteban, de AFI.
La actual crisis ha coincidido con el arranque de las negociaciones para un acuerdo de asociación con la UE, un hito más dentro de la etapa de apertura iniciada hace seis años. «En 2009 empezamos a enderezar la política fiscal y financiera», explica Pere López, exministro de Finanzas y líder del Partido Socialdemócrata. «Se legisló la imposición directa y se elaboraron las primeras leyes de imposición directa, sobre Sociedades y Actividades Económicas. Se negociaron hasta 18 acuerdos de intercambio de información fiscal, lo que concluyó con la salida de la lista de paraísos fiscales de países como España y de la OCDE», añade López, quien recuerda que su Gobierno creó el Fondo de Garantía de Depósitos, que asegura los primeros 100.000 euros por depósito.
El actual Gobierno de centroderecha ha seguido con esa agenda. Entre las reformas emprendidas, está la apertura de las sociedades al capital extranjero y un sistema impositivo con un IVA del 4,5%, un IPRF del 10% y un impuesto de Sociedades del 10%, aunque sujeto a bonificaciones que lo dejan al 2% para empresas tecnológicas o que exploten royalties o licencias. «Al final se ha aprobado un marco fiscal muy conservador que protege del pago del IRPF a instrumentos financieros como las sicav», lamenta López. La reforma fiscal ha permitido, no obstante, que Andorra haya firmado acuerdos para evitar la doble imposición con países que castigaban los flujos comerciales con el Principado al carecer de tributos, como España o Francia. La medida ha sido difícil de vender a la población, acostumbrada al duty free, y al exterior, que recela de que Andorra vire hacia un modelo de dumping fiscal como Irlanda o Luxemburgo.
El sector financiero da por hecho que el fiasco de BPA dará un vuelco al negocio. «Nada será igual», resume un directivo. La crisis ha puesto de manifiesto las carencias del sistema, como la falta de un mecanismo que aporte liquidez. El Gobierno piensa en un fondo de rescate con aportaciones de los bancos y el INAF, pero fuentes financieras también apuntan una reforma de esa institución. Pese a que la banca dice estar sujeta a una férrea normativa, las prácticas denunciadas por EE UU también señalan que algún eslabón ha fallado en su tarea de control. S&P señala, además, que la banca todavía va a la zaga en el contenido y el plazo en el que presenta sus balances. «Han hecho un máster acelerado, pero ganar una buena reputación es cuestión de años y perderla es cuestión de días», remacha Sagues.
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