Supongamos que usted es un entusiasta emprendedor con una gran proyecto empresarial bajo el brazo. En el camino se va a encontrar con un reto legislativo de unas 12.000 normas aprobadas al año, tanto a nivel estatal, autonómico como local. Hace 40 años las normas rozaban las 3.000, ahora se han cuadruplicado, según los datos recopilados por Juan Mora-Sanguinetti, economista titulado del Banco de España.
Lógicamente, una sociedad moderna y una economía de mercado necesitan de una legislación acorde a su tamaño. Pero el peligro de la sobrerregulación puede convertirse en un cuello de botella en determinados casos para iniciativas empresariales. Puede “generar incluso una gran incertidumbre en los agentes económicos”, explicó Mora-Sanguinetti en declaraciones en este diario. Este economista ha publicado recientemente a título personal el artículo La complejidad de la regulación española y su impacto económico en la revista ICE de la Secretaría de Estado de Comercio.
Se aúna una gran producción legislativa con la complejidad de cada uno de los niveles de Administración. “La multiplicidad de fuentes legislativas en España hace dudar a las empresas sobre la norma adecuada a obedecer, perjudicando sobre todo al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. No tienen músculo administrativo para afrontar tal volumen de legislación. No arriesgan porque les da vértigo y los que arriesgan se ven obligadas a destinar notables recursos y esfuerzos para cumplir con la regulación existente”, apuntó Bernardo Aguilera Sánchez-Garrido, del Departamento de Asuntos Regulatorios de la CEOE.
Si bien la producción normativa a nivel estatal no ha experimentado cambios drásticos en los últimos años –de hecho, con el actual momento de parálisis política, se ha frenado–, el foco de atención, para los expertos, debe centrarse en las normativas emanadas por los parlamentos autonómicos.
Y es que, precisamente, la complejidad regulatoria en las últimas décadas llega de la mano de las comunidades autónomas. Las cifras así lo confirman. Solo en 2018, la normativa autonómica habría alcanzado más del 70% sobre el total, dejando por detrás a la normativa estatal que estaría en torno del 15%.
En total, en las diecisiete comunidades autónomas, la actividad regulatoria bruta se habría multiplicado cuatro veces desde 1983 (con 2.207) a 2018 (con 8.436). “La campeona es Cataluña. Con 12% tiene el mayor peso frente al resto de las comunidades autónomas, que no supera un peso del 8,5%”, sostuvo Mora-Sanguinetti.
Una explosión normativa que puede añadir en algunas ocasiones complicaciones al empresariado español. Por ello, desde la CEOE la petición es clara: que se eliminen las duplicidades legislativas y que se busquen alternativas para las normativas contrapuestas.
“Apostamos por una unidad de mercado para una normativa más armonizada y coordinada. Que no se impongan requisitos. Por ejemplo, esto genera muchos problemas en varios sectores como el de las telecomunicaciones que deben estar cumpliendo a la vez una normativa estatal, autonómica y de los ayuntamientos. Otros sectores sensibles son el del transporte y el agroalimentario”. Por eso, desde la patronal abogan por la “simplificación” de las normas.
Teniendo en cuenta solo las normas con rango de ley, según el informe La producción normativa en el 2018 realizado por CEOE, a nivel autonómico, desde 2012 a 2018, se han publicado 1.965 –leyes, decretos legislativos y decretos leyes– en todas las autonomías. El Principado de Asturias es la comunidad autónoma que ha experimentado el mayor incremento (de 3 a 14) desde 2012 a 2018. La segunda en el ránking es Extremadura (de 4 a 16) en este mismo periodo. La tercera es Aragón que pasó de 9 en el 2012 a 21 en el 2018. “Todo esto desincentiva al empresariado”, concluyó Sánchez-Garrido.
A nivel estatal se aprobaron 588 nuevas normas de distinto rango, lo que supone un incremento del 13,7% si se comparan con las 517 normas que se adoptaron en 2017.
Todas las economías desarrolladas están sujetas a la regulación que tiene como objetivo mitigar los fallos del mercado y los costes de transacción pero, ¿qué pasa si no está bien diseñada?
¿Impacto económico?
Mora-Sanguinetti apunta que la complejidad en la producción normativa ya está generando costes económicos ya sean directos o indirectos “como por ejemplo: una reducción en el crecimiento del PIB real a través de un impacto negativo de la productividad total, lo que también podría incidir negativamente en la economía a través de un aumento ineficiente del sector público”.
En este último punto, el experto aclaró que el aumento de los asalariados del sector público tendría una clara relación con el incremento del volumen normativo.
Además, explicó que la falta de claridad en la redacción de las leyes también podría provocar un incumplimiento de las normas con mayor regularidad y, a la vez, un aumento de la frecuencia en que los conflictos son llevados a juicio. En su análisis concluyó que, a menos complejidad normativa a nivel autonómico y un mayor incremento de la eficacia judicial de España, la tasa de entrada de emprendedores incrementaría entre el 5% y 7% y el crecimiento de las empresas entre del 1,1% al 2,8%.
Fuente: Expansion.com (7/8/19) Pixabay.com
