La regularización de personal en clubes de deporte base, principalmente monitores, tiene soliviantados y preocupados a muchos de ellos y a buena parte de las comunidades autónomas, que temen por la supervivencia de clubes modestos si esto aumenta sus gastos. Un conflicto avivado también por la Federación Española de Fútbol como una forma de arremeter contra el Consejo Superior de Deportes tras la crisis de los ultras, el futuro decreto de televisión y las acusaciones de injerencias. Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, sólo ve “un alarmismo injustificado y una inquietud sin sentido”.
Para entender el nudo hay que remitirse al trienio 2010-2012. Entonces, se llevaron a cabo inspecciones a clubes deportivos amateurs, principalmente de fútbol, por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por entender que existían relaciones laborales no legales (no declaradas). La práctica habitual era compensar como gasto (“mediante un sobre a final de mes”, explica un gerente), el trabajo de monitores, delegados, utilleros o incluso jugadores.
Para la Seguridad Social se trata de economía sumergida. Según estos clubes, no mediaron denuncias. El resultado fueron multas para entidades como el Sabadell de natación de casi un millón de euros y otras hasta de 700.000 para clubes como Santboià, Sant Andreu, Badalona, Vilanova i la Geltrú o la Associació Esportiva Prat.
Tras las inspecciones, se llevó a cabo un estudio en el que participó el CSD del que salió “la propuesta de regularizar la relación laboral de los trabajadores de clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro mediante un contrato a tiempo parcial”. Así se les planteó a la Comunidades Autónomas en la Conferencia Interterritorial el 30 de julio de 2014. Algunas como Andalucía o Cataluña mostraron su total oposición. Luciano Alonso, consejero andaluz, calificó como “un grave error considerar relación laboral sujeta a la Seguridad Social lo que histórica, tradicional e internacionalmente es una simple relación de voluntariado basada en el altruismo”.
Solución
En una nueva Conferencia Interterritorial, en noviembre de 2014, el CSD aportó la solución del Contrato de voluntariado, que tampoco satisfizo del todo a los ‘opositores’. Un documento por el cual el monitor refleja su actividad y a partir de ahí se le pagan los gastos que genera.
“Les hemos ofrecido este contrato para que puedan realizar la labor con seguridad y les sea fácil acreditar que es un voluntario. Los gastos que se generan como comida, desplazamientos, formación o ropa, el club se los compensa y ahí no existe remuneración ni relación laboral. ¿La cantidad? Depende de muchos factores. No es lo mismo una hora al mes que cuarenta… Pero deben estar tranquilos. No está habiendo inspecciones para encontrar monitores que ganen 200 euros. No me podrán poner un solo caso. Es diferente a quien tiene una relación laboral y debe cumplir con la ley. Sorprende que algunos defiendan la economía sumergida”, refiere Miguel Cardenal.
El presidente del CSD destaca que “no hay ninguna modificación legislativa ni la habrá. Se está aplicando la Ley de la Seguridad Social (1974) y el Estatuto de los Trabajadores (1980). Lo que se está ofreciendo es la oportunidad de aclararlo y ofrecer una salida a clubes con poca estructura para que sea sencillo justificar ante una inspección, que no las está habiendo, si se les reclamara”.
Pedagogía
Cardenal se ha reunido con clubes de Andalucía, Cataluña o Canarias. En esta última, el presidente del Voley Olímpico contó que fue inspeccionado en 2012, sin multa, y le explicaron lo que hacía mal para que lo regularizara. Pero en el caso de Cataluña sí hubo sanciones. Según el CSD, las inspecciones de Trabajo ahora estarían dirigidas a entidades profesionales y deportistas con sueldos de más de 1.400 euros, como en clubes de Segunda B.
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