Hace ya año y medio que Grettel, de origen cubano, presentó todos los papeles para convertirse en ciudadana española, pero desde entonces no ha vuelto a tener noticias. Ni si quiera le ha llegado la carta con el número de seguimiento de su solicitud. «Me dijeron que solo ese código estaba tardando dos años en llegar». De momento, únicamente necesita el pasaporte español para viajar más libremente, aunque también le gustaría tenerlo para poder opositar, «y la verdad, para votar si hay elecciones». Sin embargo, todo apunta a que aún le queda tiempo de seguir engrosando la cifra de 400.000 extranjeros que esperan a que se resuelva su situación.
Cuando el Gobierno anunció que los trámites para conseguir la nacionalidad española pasarían a ser telemáticos, los despachos de abogados especializados daban saltos de alegría. Así, pensaban, se agilizarían las eternas listas de espera que debían superar los extranjeros que quisieran convertirse en españoles. «Recuerdo que en ese momento teníamos a una persona con una cita en Santa Coloma de Gramanet para 2024. Eso solo para presentarse al Registro», explican desde el despacho de abogados Legalteam. Desde el 3 de julio de 2017 todas las tramitaciones de nacionalidad se hacen obligatoriamente de manera telemática previo pago de una tasa de cien euros —antes era gratuito—. La promesa era que con el nuevo procedimiento, en el plazo de un año, los solicitantes sabrían si se les concedía o no la nacionalidad. Nada más lejos de la realidad.
Retraso desde 2015
La tramitación de expedientes de nacionalidad llevaba tiempo envuelta en una polémica. En los últimos años los registradores de la propiedad habían ganado protagonismo en esta gestión, generando resistencias entre sindicatos y abogados de extranjería, sobre todo por la subjetividad del proceso. Al eliminar el factor humano en la recepción, se esperaba también agilizar el trámite, pero lo cierto es que las solicitudes empiezan a coger más polvo en los despachos, saturados por el volumen de documentación y la falta de manos.
Es una cuestión de voluntad política, nadie se imagina que esto pudiese pasar en Hacienda, pero nosotros somos ciudadanos de segunda
Los expedientes presentados por vía telemática que se resuelven actualmente se presentaron en noviembre de 2015 y algunas de las presenciales se remontan incluso a más atrás. Es decir, casi tres años en blanco, que la administración justifica por un fallo informático. Lo cierto es que de los cerca de mil registradores que se encargaban antes de tramitar las solicitudes en toda España, ahora se ha reducido a 5 clasificadores y tres consejeros técnicos en la oficina central de Madrid. La misma subdirectora adjunta de Nacionalidad y Estado Civil de la Dirección General de los Registros y el Notariado, María del Mar López Álvarez, reconoció la falta de efectivos hace unos días en el Congreso de Nacionalidad Española: «En el Ministerio somos los que somos, tenemos los medios que tenemos y no hay más. Estamos ahora con los expedientes de 2015. El atasco se quitaba si me dan hoy 30 funcionarios. Sí me dan 30 funcionarios en 6 meses no hay atasco».
Parte del colapso proviene también de que la plataforma no ha sido diseñada para poder adjuntar más documentos una vez se inicia la tramitación, una opción —explican los expertos— muy necesaria cuando se requieren certificados adicionales, o cuando la validez de estos caduca por la dilatación del proceso.
El ministerio de Justicia, de quien depende este trámite, no ha respondido a la solicitud de información de este diario a lo largo de la tarde del viernes. «Es una cuestión de voluntad política, nadie se imagina que esto pudiese pasar en Hacienda, pero nosotros somos ciudadanos de segunda», se queja Guillermo Morales, director del despacho de abogados especializado en extranjería, Legalteam.
«Teníamos un atasco presencial… y ahora lo tenemos telemático», resume Aurelia Álvarez, catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de León. «La intención era loable, pero en la práctica no está funcionando». De hecho, al sobrepasarse el plazo de un año desde que la solicitud entra en el sistema, se considera formalmente que ha sido denegada por silencio administrativo, por lo que los extranjeros deben presentar recurso en el Contencioso, pagando un abogado y procurador de su bolsillo, que se suman a los 101 euros de tasas, los 85 del certificado de idioma DELE y los 124 del Certificado de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE). «Obtener la nacionalidad no es nada barato, y esperamos que no lo encarezcan más en estos presupuestos», advierte Morales.
Es algo que está perjudicando a mucha gente, determinados puestos como la Administración pública lo exigen
Incluso en los casos en los que se está notificando la resolución positiva de la nacionalidad, también están dándose problemas. En al menos cinco provincias —Madrid, Alicante, Salamanca, Granada e Ibiza— no se han podido realizar Juras de bandera porque el Registro Civil no pudo verificar las resoluciones telemáticas.
Desde que entró en vigor el nuevo procedimiento de nacionalidad se han presentado 181.000 expedientes aproximadamente. De estos, unos 70.000 se han presentado vía telemática. Para intentar aligerar el proceso, al menos con los expedientes pendientes del viejo procedimiento, se ha firmado un convenio de colaboración con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para que sean estos quienes se encarguen de metadatar y registrar estos casos. El resto pueden consultar el estado de su solicitud en la sección «Cómo va lo mío» del Ministerio de Justicia, siempre y cuando tengan el código para acceder.
Un proceso más objetivo
La aplicación de la tramitación telemática fue una de las medidas que se aprobó con la Ley de Registro Civil, que trajo consigo una serie de cuestiones que, sin tocar el fondo ni los requisitos de la solicitud de nacionalidad, sí suponía cambios significativos en el procedimiento, hasta entonces demasiado subjetivo, arduo y ambiguo. «Dependía mucho del registrador que tocase a cada uno, algunos lo miraban con lupa y otros prácticamente con que dijeras algo en español ya resolvían que estabas integrado», explica Aurelia Álvarez. «Algunos preguntaban si sabías quién era Cristiano Ronaldo o Belén Esteban, o si Zaragoza tenía playa…», afirma Morales. Esto se cambió por un examen de 25 preguntas, que se aprueba respondiendo correctamente 15 de ellas, tras lo que se consigue el CCSE. También es necesario sacar el DELE, un certificado de nivel básico de español, solo obligatorio para los que no proceden de países hispanohablantes.
El español es ahora mismo el octavo pasaporte más importante del mundopara poder viajar libremente, pero esa no es la única razón por la que 400.000 personas están a la espera de conseguir el suyo. «Es algo que está perjudicando a mucha gente, determinados puestos como la administración pública lo exigen, pero también para la sanidad o el derecho a votar», aclara Álvarez. «Tenemos las mismas obligaciones de un español, pero no los mismos derechos», denuncia Morales.
Fuente: Elconfidencial.com (2/6/18) Pixabay.com
