Sanidad prepara un Real Decreto para acabar con el papel de paraíso sanitario que representa España.
Así, el Ejecutivo quiere cambiar radicalmente la manera de actuar hasta ahora con los pacientes europeos que vienen a nuestro país a operarse.
El proyecto de Real Decreto con el que el que trabaja el Ministerio -aprovechando una transposición de la directiva de Asistencia Sanitaria Transfronteriza- pretende además liberalizar el turismo sanitario. Según el texto con el que trabaja el departamento de Ana Mato, el paciente europeo podrá elegir un hospital público o uno privado para realizar su intervención quirúrgica, siempre y cuando su país de origen incluya ese servicio entre los gastos cubiertos.
Incapacidad de las Administraciones
España intenta acabar de esta manera con un gasto anual en asistencia médica a extranjeros que lleva años incapaz de atajar. El turismo sanitario sigue siendo un problema más que una oportunidad de negocio para nuestro país. Y todo por la incapacidad para cobrar las facturas de la administración pública.
La asistencia médica a turistas extranjeros genera anualmente un gasto que se aproxima a los 1.500 millones de euros. De éstos, apenas se recupera un tercio, unos 500 millones. Es decir, dos de cada tres euros gastados por hospitales y centros médicos públicos en pruebas y operaciones a ciudadanos extranjeros nunca se cobra, porque no se llega a facturar toda la asistencia. Ahora, el Ministerio de Sanidad intentará acabar esta situación.
El cambio será radical
En general, el paciente adelantará el dinero, que después las autoridades nacionales le reembolsarán lo antes posible. La normativa también contempla que los Estados miembros puedan confirmar previamente por escrito el importe del reembolso, sobre la base de un presupuesto aproximado presentado por el paciente.
El país de origen hará que el prestador de servicios del país de tratamiento tenga acceso a la historia clínica del paciente, en papel o en formato electrónico, de conformidad con las directivas sobre protección de los datos personales. Además, se intentará una mejor cooperación entre Estados miembros en materia de salud en línea para que todos los sistemas informáticos sanitarios sean interoperables. Paraíso sanitario Estas facturas médicas se producen cada vez que un ciudadano europeo, ya sea turista o residente temporal en España, accede de manera gratuita a los servicios médicos españoles a través de la tarjeta sanitaria europea. Una vez realizado el servicio, cada comunidad autónoma remite a la administración central – en este caso el Ministerio de Trabajo- la facturación de la atención médica recibida, para que el Gobierno español lo remita a sus países de origen.
Según los últimos datos disponibles, Alemania es el país europeo que actualmente más dinero adeuda a España por el coste generado por sus ciudadanos en los servicios sanitarios de nuestro país. En concreto, el país germano debe a la administración española una cantidad superior a los 25 millones de euros, lo que supone el 18 por ciento de la cantidad global adeudada por el total de países de la UE, que asciende a 138 millones.
En el caso alemán, esta relación contractual con España cojea por parte de nuestro Gobierno desde hace años. Según ha puesto de manifiesto un informe del Tribunal de Cuentas, hasta el año 2009 -último año auditado- el importe facturado por Alemania en relación a los españoles que usaron los servicios médicos en su país fue un 477 por ciento superior a la facturación emitida por España en proporción a los alemanes que usaron la atención sanitaria española.
Convenios de crédito
Además, según el informe del organismo fiscalizador, el número de facturas recibidas por España, durante el año 2009, procedentes de Alemania por estos servicios fue hasta un 716 por ciento superior al número de facturas emitidas por España a este país, por lo que se desprende que Alemania expidió a España más de siete facturas por cada una que emitió España en dicho ejercicio.
La disparidad de estos datos entre los dos países lleva al Tribunal de Cuentas a pedir que sean analizados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social «para que este Instituto determine las razones por las que se producen estas diferencias tan significativas y, en su caso, pueda instar a los Servicios de Salud de las comunidades autónomas a adoptar las medidas que correspondan en orden a procurar la facturación total de la asistencia que prestan a través de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de sus respectivos territorios», según recoge el citado informe.
Se da la circunstancia además de que, a diferencia de con otros países europeos, España no tiene suscrito ningún convenio de agilización de créditos con Alemania, por lo que, a juicio de este Tribunal, el Gobierno «debería impulsar la suscripción de este convenio, con el fin de minorar los plazos para el cobro de las deudas pendientes».
El Tribunal de Cuentas insta al Ministerio y las comunidades autónomas a que impulsen «la actualización e intercambio de información de las bases de datos».
Fuente: Eleconomista.es (18/7/13)
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