Los recortes se notan directamente en la afiliación a la Seguridad Social. En noviembre, el instituto público ha visto cómo unas 145.000 cuidadoras de dependientes, el 85% de las que cotizaban, desaparecían de sus registros, según los datos a los que ha tenido acceso este diario. Estas cuidadoras reciben una ayuda por atender a sus familiares dependientes o discapacitados, pero hasta ahora el Gobierno se encargaba, además, de cotizar por ellas a la Seguridad Social. Ya no.
Desde que en 2007 entró en vigor la Ley de Dependencia, el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales se hacía cargo teóricamente de la cotización de las cuidadoras familiares (un 92% son mujeres). El Gobierno se libró de esta obligación con los recortes de verano y dictó que si alguien quería seguir cotizando tenía de plazo hasta el 1 de noviembre para comunicarlo; de no hacerlo dejaría de cotizar, retroactivamente, desde el 1 de septiembre. La caída de cotizantes de este colectivo se veía venir.
No obstante, en los más de cinco años que ha estado en vigor esta medida, Sanidad no ha pagado un euro por ello, a pesar de que para la Seguridad Social suponía unos 300 millones al año. La consecuencia es que Sanidad debe al instituto que dirige Tomás Burgos algo más de 1.000 millones que desembolsará en 2013.
Fuente: INE. / EL PAÍS
Los últimos datos publicados por Sanidad indican que había 171.713 cuidadoras familiares por las que se cotizaba. Esta cifra representa solo el 39% del total del colectivo, porque el resto, hasta 434.000, o cotizaban ya por otro empleo o eran pensionistas. Hay miles de mujeres ya jubiladas que cuidan a sus padres de edad muy avanzada. De hecho, entre los que figuraban como cotizantes casi 40.000 personas son mayores de 60 años.
Se pretendía que miles de mujeres tuvieran acceso a una pensión
Los cuidadores familiares han sufrido mucho la crisis, y algunos excesos verbales. Si el dependiente al que atienden es de máxima gravedad pueden cobrar algo más de 500 euros. Pero esas prestaciones han sido recortadas un 15% como mínimo. Las comunidades pueden rebajarlas más. El recorte se justificó en la necesidad de ir cambiando estas prestaciones económicas por servicios profesionales, que, además, generan empleo. Pero el ahogo económico en que está inmerso el sistema de la dependencia no proporciona ni lo uno ni lo otro.
La escasez de servicios (residencias geriátricas, centros de día) cuando se implantó la ley era notable en algunas zonas. Por esa razón se permitieron, de forma excepcional, las prestaciones económicas, pensadas sobre todo para el ámbito rural. Lo excepcional se convirtió pronto en norma, porque estas prestaciones salían más baratas a las comunidades que conceder una plaza en una residencia. Cuando las pagas familiares se iban extendiendo más de lo razonable, los dirigentes argumentaban que ese era el deseo de los beneficiarios, seguir atendidos en casa, y que esta prestación reconocía el trabajo de todas esas mujeres. Era cierto. Pero ahora que se les ha rebajado la paga y dejado sin cotización, la explicación es distinta: ahora se habla de trampas y se dice que eso no es empleo. El secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno, llegó a hablar este año de «fraude» entre aquellos que perciben las «paguillas». No aportó ni un caso. Y puede que alguno haya, pero sus palabras no reconocían, desde luego, la tarea de miles de mujeres que mucho antes de que existiera esta ley ya cuidaban de los suyos de forma gratuita y, en muchos casos, dejando su empleo.
Las cotizaciones a la Seguridad Social por este concepto se vendieron en su día como un complemento precisamente para aquellas mujeres que dejaron su trabajo para cuidar de sus mayores (son la mayoría de los casos) o familiares discapacitados. Así podían completar un periodo de cotización que les permitiera tener una pensión. Y sus cuidados se reconocerían como un proceso de formación que podría abrirles puertas, cuando los ancianos fallecieran y ellas pudieran buscar empleo en el sector.
Aurelia tuvo que dejar su trabajo, ahora ha perdido esta cotización
Nada de eso queda ya. Aurelia Jerez dejó su empleo de cocinera cuando nació su hijo hace unos cuatro años; le dieron la «paguilla» de 520 euros para atender a un niño con encefalopatía epiléptica catastrófica, que le impide la movilidad, le roba la vista y requiere cuidados permanentes como si se tratara de un bebé. «Ahora ya solo cobro 442 euros porque en Castilla-La Mancha también han rebajado ese 15%. Si además tengo que pagar los 163 euros de la cotización no me llegaría para las terapias básicas que pago, fisioterapia, logopedia…».
Ella llevaba cotizando más de 20 años cuando nació el crío. Ahora viven de la pensión de su marido, ya jubilado, en una casa, en Azuqueca de Henares (Guadalajara), en la que conviven otros dos hijos, de 12 y 17 años. «No les importamos nada. Hacen sus cuentas y les da igual de dónde se recorta. Aunque yo creo que son reformas ideológicas, porque si no recortarían de otros sitios», se queja de los políticos.
Fuente: Elpais.com (29/11/12)
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