El Ejecutivo esboza los últimos detalles de su futura reforma fiscal con la idea de que esté lista en junio. Rajoy ha anunciado algunas de las medidas relativas al Impuesto sobre la Renta o a Sociedades, aquellas con un carácter político más marcado. Sin embargo, poco se sabe de lo que va a suceder con los tributos que gravan la vivienda. En Hacienda inciden en que no van a aprobar aumentos de impuestos adicionales, más allá de los que exija la normativa comunitaria.
Fuentes próximas al Departamento descartan tajantemente que vayan a introducir un gravamen en el IRPF sobre la primera vivienda en propiedad, como recomendaba el grupo de expertos capitaneado por el profesor Manuel Lagares, e inciden en que tampoco subirán el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Son las líneas rojas que plantean desde el Ministerio, si bien reconocen que sí existe una reflexión sobre la fiscalidad patrimonial y que lo que están estudiando es el modo de poner más énfasis en el uso que en la transmisión de la propiedad.
El foco en la propiedad
En opinión de José María Mollinedo, secretario general del sindicato de los técnicos de Hacienda (Gestha), la idea que podría subyacer en este planteamiento es que las personas que tienen bienes los mantengan en explotación -ya sea en arrendamiento o actividad económica-, de forma que Hacienda grave a quienes mantengan ese bien en cuestión sin actividad. Al mismo tiempo, se buscaría abaratar su transmisión para favorecer este tipo de operaciones.
Para gravar la tenencia, el Gobierno podría optar por mantener el recargo sobre el IBI que aprobó al principio de la legislatura y que, en principio, sólo iba a estar en vigor durante 2012 y 2013. De hecho, el Programa de Estabilidad recoge un incremento de los ingresos fiscales de los Ayuntamientos de unos 1.200 millones y, precisamente, el principal impuesto local y fuente de ingresos de estas entidades es el IBI.
No en vano, en el último número de Papeles de Economía Española, editado por la Fundación de las cajas de ahorros (Funcas), Alejandro Esteller y José María Durán se mostraban partidarios de «potenciar» el IBI y llamaban la atención sobre la falta de ajuste en los valores catastrales, «que no han tenido en cuenta la fuerte bajada de los valores de mercado en el sector inmobiliario».
Imputación de rentas
Otra de las opciones que los expertos consideran más probable es la de elevar los porcentajes en la imputación de rentas inmobiliarias, que actualmente se aplica a las segundas viviendas, siempre que sean inmuebles urbanos, no se encuentren afectos a ninguna actividad económica, ni estén arrendados, y que tampoco se trate de suelo no edificado o inmuebles en construcción. Miguel Pérez de Ayala, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad San Pablo-CEU, recuerda que en la actualidad se aplica un tipo del 1,1% a los inmuebles cuyo valor catastral haya sido revisado o modificado después del 1 de enero de 1994.
Si no es el caso, estos pisos se ven gravados con un 2% sobre el valor catastral que aparezca en el recibo del IBI. Y si no existiera valor catastral, con el 1,1% sobre la mitad del que resultase mayor de estos dos conceptos: su precio o el valor del inmueble comprobado por la Administración a efectos de otros tributos.
Por su parte, José Luis Ruiz Bartolomé consultor inmobiliario y autor del libro Adiós, ladrillo, adiós, no descarta en absoluto que el Ejecutivo estudie algún tipo de iniciativa similar a la que ya han aprobado otros gobiernos autonómicos, como la Generalitat, que pretende gravar a partir del año que viene los 15.000 inmuebles vacíos en Cataluña propiedad de la banca. De acuerdo con los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay 3,4 millones de pisos vacíos, más del 13 por ciento del total de inmuebles, que asciende a 25 millones.
Nuestro país es el que cuenta con el mayor número de casas desocupadas de toda la UE.
Transmisiones Patrimoniales
De los expertos consultados por este diario, hay quienes abogan por rebajar, e incluso suprimir, el impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Un informe reciente del portal inmobiliario pisos.com cifraba en 11.400 euros el ahorro que supondría para los contribuyentes eliminar el ITP. Ese mismo documento recuerda que, en opinión de los sabios consultados por Montoro, este tributo grava dos veces el mismo bien y desincentiva las operaciones. A la vez, el estudio hace hincapié en que su recaudación ha caído un 68 por ciento desde el inicio de la actual crisis, en el verano del año 2007.
Fuente: Eleconomista.es (20/5/14)
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