El Gobierno está decidido a que ni un solo euro escape al control de la Administración, por lo que estrechará el cerco a quienes defraudan y lo hará con los que perciben de forma irregular prestaciones por desempleo, subvenciones, bonificaciones a la Seguridad Social o no pagan sus cotizaciones. En unos días, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunciará un plan que incluye modificar el Código enal y con ello las penas que están tipificadas para estas conductas irregulares y que incluyen entre uno y cinco años de cárcel, según fuentes consultadas por ABC.
En un momento más que delicado para la Seguridad Social, con una importante caída de cotizantes por la fuerte destrucción de empleo, que ha dejado por debajo de los 17 millones el número de ocupados, el Ejecutivo se empeñará en corregir conductas que llevan a una merma de recursos al sistema y suponen también una competencia desleal para las empresas que sí cumplen con sus obligaciones.
Unidades provinciales
En busca de estos objetivos, el Ejecutivo creará unidades especiales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las provincias. Los inspectores actuarán sobre los indicios que puedan tener la Seguridad Social, los servicios públicos de empleo y otras fuentes de información, como el consumo de energía. La Inspección pondrá el foco en polígonos industriales, donde se sospecha que se trabaja de forma irregular, en actividades nocturnas y rurales y en la pequeña contrucción, entre otros sectores.
Pero este programa también incluirá la lucha contra el empleo irregular de algunos colectivos, como el de los becarios, donde la Inspección sospecha que existen grandes dosis de empleo sumergido. La reforma de las pensiones que impulsó Rodríguez Zapatero ya obligaba a empresas y Administración a cotizar por los becarios y abrió la posibilidad de considerar como cotizados hasta dos años por las becas remuneradas a los menores de 32 años. También estarán en el punto de mira aquellos que cobran el desempleo y están fuera de España, un caso excepcional que ahora no está lo suficientemente controlado. Esta situación de cobro se permite cuando las salidas del país son ocasionales, por un tiempo máximo acumulado de 15 días al año, siempre que el perceptor lo comunique en la oficina de empleo y se le autorice el traslado. Para ellos también se endurecerán las medidas de control.
Más datos cruzados
El plan antifraude que diseña el departamento que dirige Fátima Báñez incluirá medidas en tres direcciones: informativas, preventivas y correctivas. Para disuadir al que defrauda, Empleo contará, por ejemplo, con una mayor coordinación entre la Inspección, los servicios públicos de empleo, la Agencia Tributaria y las comunidades autónomas.
Los inspectores se reunirán las próxima semana con la dirección general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para definir al detalle las actuaciones, hasta ahora solo esbozadas de forma general. Los objetivos de este colectivo se fijan cada trimestre, motivo por el que esperan la nueva hoja de ruta para este año.
Pocos se han atrevido a estimar lo que mueve la economía sumergida en España, aunque todos coinciden en que la crisis acentúa la ilegalidad. Desafiando a los que dicen que que es imposible calcular lo que está oculto, el exministro de Trabajo, Celestino Corbacho, fue el último en realizar una estimación. Cifró entre el 16% y el 20% del PIB el volumen de la economía sumergida en España, un cálculo que fuentes de la Inspección sitúan ahora entre 25 y el 30% del PIB.
Fuente: ABC (16/4/12)
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