El Ejecutivo español quiere atraer capital extranjero. La cifra baja a 500.000 para la compra de una casa.
Un impulso a la exportación y las inversiones extranjeras que tiene como medida estrella la liberalización y agilización de los permisos de residencia para inversores y emprendedores extranjeros, y a los trabajadores que efectúen movimientos intraempresariales, profesionales altamente cualificados e investigadores, así como a sus cónyuges e hijos menores.
Las autorizaciones de residencia concedidas tendrán validez en todo el territorio nacional y en Título Preliminar de la nueva Ley se especifica que a la hora de conceder estos permisos «no se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo, puesto que la entrada y permanencia del talento y la inversión no pueden sino repercutir favorablemente en el crecimiento económico y, por ende, en el empleo».
Sin embargo, el Gobierno sí establece ciertas cautelas o requisitos previos para poder acceder a la residencia. El primero de ellos, «no encontrarse irregularmente en territorio español». También se rechazará a quienes tengan antecedentes penales en España y en los países donde hayan residido durante los últimos cinco años, y se deberá contar con un seguro público o privado de enfermedad.
Por otro lado, y con el fin de «no convertirse en una carga para la asistencia social en España durante su periodo de permanencia», los interesados deberán contar con «recursos económicos suficientes». Invertir en deuda pública La norma reserva este permiso exprés de residencia a quienes inviertan en acciones y participaciones de empresas nacionales, cotizadas o no, o en depósitos bancarios, pero también en títulos de deuda pública española.
También cuenta la adquisición de inmuebles situados en territorio nacional, una medida ya aprobada por el Ejecutivo, aunque con el Anteproyecto se eleva el umbral mínimo desde los 160.000 euros iniciales hasta el medio millón. Además, se limita esta posibilidad a la compra de inmuebles «libres de cargas», por lo que la compra de viviendas sobre las que pese una hipoteca o embargo no servirán como cheque a la residencia.
En cuanto a los proyectos empresariales que merecerán la concesión del permiso, éstos deberán ser «de interés público», es decir, crear puestos de trabajo, suponer una inversión «con impacto socioeconómico de relevancia en el ámbito geográfico» en el que se vaya a desarrollar la actividad, aportar innovación científica o tecnológica, o concurrir razones de interés para la política comercial y de inversión para España. Pequeños emprendedores La duración del permiso de residencia no será homogénea: la norma prevé un periodo que se moverá entre los 90 días y los cinco años, un tiempo que podrá prorrogarse por periodos consecutivos e ilimitados de dos años más en el caso de la llamada «residencia de inversor».
El anteproyecto también abre la puerta a quienes, sencillamente, deseen desarrollar una actividad emprendedora en España. Este permiso de residencia tendrá una duración de un año. Eso sí, no bastará con el desarrollo de cualquier tipo de negocio. Dan lugar al permiso sólo los proyectos que tengan carácter innovador con especial interés económico para España. Estrategia internacional Economía también se detiene en el diseño del llamado Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Española, en coordinación con las distintas Administraciones Públicas. Éste se revisará cada dos años y contará con un sistema de evaluación y control.
Como órganos de apoyo a esta iniciativa, se creará un consejo interministerial de internacionalización y un consejo interterritorial, en contacto ambos con el sector privado.
Fuente: Eleconomista.es (16/5/13)
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