El Tribunal Supremo ha avalado un requerimiento de la Agencia Tributaria a El Corte Inglés para que identifique a los titulares de su tarjeta de compra que realicen pagos de más de 30.000 euros al año.
La orden de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), el cuerpo de élite de la Agencia, dictó una orden en 2008, correspondiente a los datos de los ejercicios fiscales 2006 y 2007. El Corte Inglés recurrió ante el Supremo. Ahora la sentencia del alto tribunal confirma la resolución dictada por la Audiencia Nacional en 2012 que también obliga a El Corte Inglés a informar de la identidad de los clientes que realizasen un elevado gasto con sus tarjetas.
La Sala Tercera del Supremo aplica al caso la misma doctrina que aplicó en otro dictamen sobre las tarjetas 4B. En esa sentencia se destacó que hay un deber de información y colaboración con la Administración tributaria «que tiene sustento constitucional, que está legalmente regulado y que debe ser interpretado y aplicado respetando otros valores y principios constitucionales».
Como ocurrió con la sentencia de las tarjetas 4B, la dictada ahora sobre las tarjetas de El Corte Inglés ha contado con el voto particular de dos magistrados.
También las financieras
La de El Corte Inglés no es la única sentencia que obliga a una entidad facilitar la identidad de los usuarios de sus tarjetas de crédito. En los últimos años los tribunales han dictado, al menos, una decena de sentencias que obligan a la banca y a las empresas de medios de pago a ceder al fisco información de los movimientos de sus usuarios —no solo del saldo—, aunque no esté en marcha ninguna investigación contra ellos.
De esta forma, en el caso de que la Agencia Tributaria así lo reclame las entidades tendrán que informar sobre las cuentas bancarias vinculadas a las tarjetas si la suma de los apuntes supera los tres millones de euros. Además, las empresas de medios de pago —casi todas las grandes superficies cuentan con sus propias financieras que ofrecen estas tarjetas— también tendrán que detallar los clientes que hayan realizado con tarjeta de crédito o débito pagos anuales por valor de 30.000 euros. Entidades como el BBVA, el Santander, el Sabadell, el Popular y sistemas 4B, entre otros, presentaron recursos ante los requerimientos del fisco, pero fueron desestimados por la Audiencia.
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