Las deudas soportadas por las comunidades de propietarios tienen los días contados.
La iniciativa resuelve un problema que está ocasionando graves «perjuicios económicos» a infinidad de comunidades de vecinos porque el banco o el particular que adquiere los pisos en subastas se desentiende de las cuotas impagadas, señaló ayer el portavoz de Economía de CiU, Josep Sánchez Llibre. La suma de impagos en las comunidades de propietarios se elevó a 1.606 millones de euros en 2012, un 18,5% más que en 2011, según datos del Consejo de General de Administradores de Fincas. Se basa en un estudio elaborado entre 800 administradores de fincas que trabajan para 49.000 comunidades en toda España y augura que la morosidad escalará este año casi un 19%, hasta 1.900 millones.
La banca emerge entre los grandes morosos con cuotas insatisfechas por valor de 256 millones o el 16% total de lo que no han cobrado las comunidades de propietarios. Un 37% es morosidad de promotoras -594 millones- y el 47% de particulares -755 millones de euros-. CiU trató de incorporar la iniciativa sin éxito entre las enmiendas presentadas a la Ley Antidesahucios. Finalmente se incorporará con modificaciones a la Ley Hipotecaria, la de Enjuiciamiento Civil y de Propiedad Horizontal en un plazo indeterminado -el texto original del grupo catalán instaba al Gobierno a impulsar las modificaciones normativas en tres meses, pero el calendario se ha suprimido en la enmienda transaccionada por el PP-.
Los cambios normativos impedirán que «se pueda llevar a cabo la inscripción de la carta de pago o la inscripción registral del auto de adjudicación de la finca hasta que no se hubieran cancelado los gastos de comunidad» en los supuestos en los que la vivienda o local se encontrasen en un régimen de propiedad horizontal. Es decir, la salvaguarda impide formalizar el cambio de propietario sin saldar la deuda. La banca adeuda 256 millones La normativa actualmente en vigor responsabiliza de la deuda al dueño en el momento de producirse la obligación de pago, aunque la de Propiedad Horizontal permite imputar el cobro al que adquiera el local o la vivienda para las cuotas devengadas en el año de la compra y el ejercicio anterior. En la práctica, el comprador, que muchas veces resulta ser el mismo banco que concedió la hipoteca cuyo impago ha precipitado la subasta, se desentiende. La situación puede, incluso, agravarse porque «en muchas ocasiones tampoco cubren los gastos generados tras la adquisición del inmueble» y mientras tratan de darle salida con su venta a otras familias, denuncia CiU en el argumentario de la proposición no de Ley.
Un callejón sin salida que aboca a las comunidades vecinales a iniciar procesos judiciales para cobrar la deuda, tan procelosos y costosos que, a veces prefieren pasar página y asumir el agujero, aunque suponga descuidar el edificio por insuficiente presupuesto.
Fuente: Eleconomista.es (23/5/13)
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