Los trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el antiguo Inem, están viviendo un auténtico calvario desde que comenzó la pandemia. La avalancha de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) ha elevado el volumen de trabajo a cotas nunca antes vistas, un trabajo que se acumula en una montaña que no para de crecer cada día. Más allá de la falta de plantilla, cuestión que los sindicatos vienen denunciando desde hace meses, el principal problema reside en la escasa digitalización de la Administración pública.
«Estamos en una época prehistórica«, «es arqueología informática con lo que en estos momentos nos estamos manejando», denuncia el responsable de Acción Sindical del sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO, Josetxo Gándara. Explica que están utilizando un programa informático dirigido a elaborar nóminas, en lugar de a tratar los derechos o prestaciones de cada uno de los ciudadanos. «Se entiende que la nómina es estable y no puede haber muchas modificaciones», por lo que se generan muchos problemas cada vez que se publica en el BOE una nueva ayuda o algún cambio en las ya vigentes. Y para más inri, este programa tiene casi 40 años.
Para conceder una prestación, el trabajador del SEPE tiene que acceder a información de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el Registro Civil. Sin embargo, este proceso se convierte en un laberinto debido a la insuficiente conectividad entre los servicios de los diferentes departamentos de la Administración pública. «Pedimos los elementos esenciales para determinar si una persona tiene o no tiene derecho a una prestación con la mayor facilidad posible, teniendo en cuenta que deberíamos tener capacidad de acceder a otros organismos«, remarca Gándara.
Están utilizando un programa informático dirigido a elaborar nóminas, en lugar de a tratar los derechos o prestaciones de los ciudadanos
En las más de 700 oficinas de empleo que hay en España, la red más amplia que tiene la Administración General del Estado, la digitalización también brilla por su ausencia. Hablar de wifi en una oficina de prestaciones «es algo inaudito», por lo que no existe la posibilidad de que «la ciudadanía pueda transferir documentos directamente desde su teléfono móvil con cierta facilidad», lamenta Gándara. No obstante, reconoce que hace unos años se hizo un esfuerzo importante en el escaneado de documentación.
Para Pilar de Alcázar, delegada de Madrid UGT en el SEPE, los problemas de digitalización residen en que los programas y los servidores no pueden soportar la carga de trabajo que ahora mismo deben absorbe, ya que «se ha multiplicado por tres o por cuatro» respecto a los niveles previos a la pandemia. «Somos prehistóricos», denuncia en sintonía con su colega sindical.
Además, advierte de que la media de edad de los trabajadores está por encima de los 50 años, lo que dificulta la transición hacia las nuevas tecnología si no se ofrece una formación adecuada. Esto no sucede. «Enseñan a los nuevos con un curso de una semana y luego les tienes que sentar a tu lado para que aprendan», apunta la representante sindical. Y justo en estos momentos, cuando la pandemia obliga a mantener la distancia de seguridad, la labor de formación es todavía más ardua.
Todos estos atrasos en la digitalización del SEPE han provocado retrasos en el reconocimiento y pago de las prestaciones. Pero, sobre todo, han acrecentado el hartazgo de la plantilla, que lleva meses denunciando una situación insostenible, que parece lejos de solucionarse. Antes del covid-19 había picos de trabajo cuando terminaba la temporada de verano o la recogida de la fresa, pero ahora «es todos los días, todas las semanas, todos los meses», mantiene De Alcázar. También denuncia que tienen que abordar toda esta carga con menos personal, ya que, como recuerda, la plantilla del SEPE se ha reducido en 1.200 funcionarios en los últimos cuatro años y en unos 3.000 en los últimos 10 años.
Las webs del Estado están desfasadas
Esta falta de digitalización es palpable por parte del ciudadano. Como explica Mario Tascón, director y fundador de la consultora Prodigio Volcán, las «webs de la Administración están muy desfasadas y a muchas no se puede acceder con el móvil». Además, son poco intuitivas y confusas, por lo que algunos trámites habituales como la inscripción de defunción, nacimiento, la solicitud del DNI o el empadronamiento son difíciles de entender. Aunque, según el estudio realizado por Prodigio Volcán, los más complejos son los que explican cómo pedir una ayuda, beca o subvención. En concreto, un 97% de estos textos son «poco claros», lo que genera muchas dudas a la hora de solicitar una prestación por desempleo o el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Entre las posibles causas de esta obsolescencia, dicho estudio apunta a la ausencia de un criterio unificado de redacción entre los creadores de contenido y una falta de homogeneidad entre las páginas webs de los diferentes departamentos públicos, criterios que si se miman en otros países como Reino Unido. «La comunicación clara se entiende como un derecho en el mundo anglosajón, mientras que en España parece más bien un deber», ya que la información no está orientada como servicio a las personas, señala Tascón.
En su opinión, hay que darle un giro completo a los sitios web de la Administración, empezando por pensar en lo que necesita el usuario. Para conseguirlo, sería necesario «un plan nacional combinado», que no es tan costoso como se piensa porque «la tecnología actual es mucho mejor y más barata que hace veinte años». Sin embargo, como el Estado no tiene competencia, Tascón teme que el cambio todavía tarde en llegar. «Si la aplicación de un banco no te gusta, te vas a otro, pero si no te gusta lo que hace el Ayuntamiento no tienes otra opción», indica.
Digitalización de la Administración con el fondo europeo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha repetido hasta la saciedad que el dinero que ingrese España del fondo europeo de reestructuración se destinará a proyectos de digitalización e inversión verde. De hecho, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia se expone que «no es posible abordar una auténtica transformación de la economía y la sociedad sin una Administración pública que actúe como tractor de los cambios tecnológicos». Como refleja este documento, la prioridad es digitalizar la justicia, los servicios públicos de empleo, los datos de salud pública, la gestión de consulados y la administración territorial del estado.
El plan del Ejecutivo plantea «una modernización de la Administración para responder a las necesidades de la ciudadanía y la economía, basada en la digitalización de los servicios y del funcionamiento de la administración, y basada en la mejora de la eficiencia y los servicios». Incluso atiende algunas de las demandas expuestas anteriormente, ya que manifiesta que la digitalización «debe ir acompañada de un refuerzo del capital humano, con programas de formación«. Sin embargo, hasta que no se conozca la cuantía que llegará desde Bruselas, no se pondrán sobre la mesa medidas más concretas.
Josetxo Gándara señala que se podría empezar a contar hasta con unos 50 millones de euros («que no es poco», afirma) pero echa en falta saber cómo se va a gastar y cuáles son los objetivos. «Al final, hablamos de millones, de cambios, de digitalización… Ponemos todas las palabras que queramos, pero están todas huecas», remarca. «No vemos medidas concretas que puedan generar la satisfacción por parte de la plantilla, que es la que mejor conoce las dificultades», añade.
Priorizar la digitalización
Desde el ámbito privado también claman por la digitalización del sector público. El socio y fundador de The Key Talent, José Luis Gugel, anima a los políticos a acelerar este proceso porque es la manera más rápida que existe para solucionar los problemas actuales de gestión. De momento, «salvo en Hacienda y la Dirección General de Tráfico (DGT)«, sostiene que la digitalización no ha llegado a la Administración. En su opinión, los sitemas de información «están bastante obsoletos» y se va a empezar a manejar un volumen de datos tan grande que «van a hacer falta análisis predictivos».
Gugel explica que la mayoría de los trabajadores deben adentrarse en un «proceso de reformulación» para, por ejemplo, teletrabajar gran parte de su jornada laboral. Sin embargo, además de reinventar a los profesionales, defiende que «primero es necesario orientarles y después meterles capacidades de aprendizaje».
Para el director de PayFit en España, Yoann Artus, «todavía quedan muchas compañías por digitalizar». Y el Estado, como la mayor empresa de España, no es una excepción. Más allá de agilizar el trabajo, este experto ve necesaria la implantación de las nuevas tecnologías para «facilitar la vida de los empleados», una meta que se puede conseguir simplemente automatizando todos los procesos administrativos, como fichar o pedir días libres y vacaciones.
Por su parte, el director comercial de CertiBox, Daniel Camiroaga, defiende que la digitalización debe ser un camino de dos direcciones. No solo el Estado está obligado a actualizar sus servicios, sino que las compañías también deben hacerlo. «Antes existían las ventanillas, la relación cara a cara con el funcionario, pero en el ámbito de la empresa, hace años que desapareció ese mundo», indica. Por lo tanto, las compañías deben contar con un certificado digital, ya que «sin él no se puede realizar ninguna gestión en la Administración». Y así se ha visto durante la pandemia, cuando solo las compañías que disponían de esta certificación pudieron solicitar el ERTE.
Fuente: Elconfidencial.com (29/11/20) Pixabay.com
