El nuevo valor de referencia del catastro, en vigor desde el pasado enero, ha provocado que en cuestión de seis meses aumente un 17% la fiscalidad de las compraventas de vivienda de segunda mano por encima del valor real de mercado. Los datos han sido recopilados por la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) tras analizar el impacto en el corto plazo de este nuevo sistema de valoración. El conocido comúnmente como catastrazo, en concreto, marca la base imponible del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y del impuesto de sucesiones y donaciones. Afecta, en definitiva, al común de las operaciones inmobiliarias.
El estudio, que se nutre de una encuesta realizada a 427 agencias inmobiliarias de las diferentes comunidades autónomas en la primera mitad del año, concluye que un 76% de las entidades han intervenido en compraventas cuyo valor de referencia de mercado del catastro ha sido superior al valor de transmisión real en escrituras. El incremento entre los dos valores ha sido, de media, del 19%.
Desde la federación remarcan que este nuevo sistema supone una injusta y nueva “carga fiscal” y un desembolso extra para los compradores, lo que desincentivará o puede llegar a frenar una parte de las compraventas, «sobre todo entre las personas que quieren adquirir su primera vivienda habitual y en un contexto económico actual complejo marcado por una inflación en máximo históricos», según detalla la entidad en un comunicado.
La FAI también recalca que el catastrazo no se ajusta a parámetros reales de mercado, ya que no tiene en cuenta aspectos esenciales en una compraventa como el estado de reforma de la vivienda o la distribución interior de las casas, entre otros factores. Este valor de referencia, en definitiva, agrupa a los inmuebles en función de la antigüedad del edificio, de la localización, de la calidad de la construcción, de su carácter histórico-artístico o del coste del suelo en el que se encuentra. Pero no contempla cuestiones como si la casa ha sido reformada recientemente, por lo que puede distorsionar el valor de algunos inmuebles.
El comprador, con todo, tiene derecho a pedir una revisión del valor catastral en caso de no estar de acuerdo con la tesis de Hacienda. Sin embargo, desde la FAI señalan que el hecho de que el contribuyente tenga la carga de la prueba para demostrar el valor del bien adquirido podría interpretarse como poner en duda la veracidad de la fe pública notarial en las compraventas de mercado, que son la mayoría, y, en consecuencia, «podría ser considerado como una práctica confiscatoria y anticonstitucional, como ya han alertado algunos expertos».
En este contexto, la federación pide que se revise el nuevo sistema de cálculo del valor catastral para ajustarlo más a la realidad del mercado y que no prevalezca por encima del valor de transmisión en las escrituras de compraventa.
En paralelo, las agencias inmobiliarias creen que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) es un tributo repetido en cada transmisión por compraventa, por lo que debería quedar exento en el caso de una primera vivienda habitual no de lujo para así favorecer la emancipación y el acceso a una vivienda en propiedad.
Fuente: cincodias.com (19/7/22) pixabay.com
