Hace cuatro años, Aurora (nombre ficticio) se presentó a una entrevista de trabajo en una empresa editorial. Estaba en paro y aquel empleo se presentaba como la mejor oportunidad para volver al mercado laboral. Por eso, cuando le ofrecieron la opción de trabajar dándose de alta en el régimen de autónomos, terminó aceptando, aunque le pareció una fórmula un tanto extraña.
«No sabía que era ilegal. No me había pasado nunca y no me parecía muy bien, pero creí que sería solo durante el primer año, de prueba», explica, cansada de trabajar en estas condiciones.
Al igual que sus compañeros con contrato, Aurora tiene un horario de nueve a seis, trabaja en la misma oficina y sigue las indicaciones de sus superiores. Pero no tiene ningún derecho: no tiene seguro médico, ni tickets restaurante ni puede acceder a los cursos de formación… «Yo no hago un trabajo de colaboración, trabajo en la oficina y no establezco las tarifas. Hago un trabajo estructural dentro de la empresa y saco el trabajo adelante como todos, pero estoy absolutamente desprotegida», explica.
La relación laboral de Aurora con su empresa no se rige por ningún convenio colectivo. Además, la pueden despedir de un día para otro sin pagarle el finiquito, y no tendría derecho a ningún tipo de prestación. «Todos los derechos laborales tirados por el suelo. Es una injusticia tremenda, una vergüenza», añade indignada.
Sin derechos
Los falsos autónomos hacen el mismo trabajo que sus compañeros con contrato, pero se ven obligados a pagar la cuota de autónomos y el IRPF. Además, carecen de los derechos recogidos en los convenios, a diferencia del resto de trabajadores: no cobran las vacaciones, ni tienen días de asuntos propios, etc.
Para la empresa, se trata de una situación muy ventajosa porque no tiene que pagar las cuotas de la Seguridad Social, con lo que ahorra costes, y puede despedir al trabajador sin preaviso, sin pagarle el finiquito y, en el caso de que la compañía fuera declarada insolvente, ni siquiera el empleado estaría cubierto por el Fogasa. Una situación tremendamente desigual en la que sólo sale ganando la compañía.
Esta figura ilegal se ha instalado en nuestro mercado laboral. Muchas empresas empezaron a recurrir a esta trampa en los años más duros de la crisis, pero han terminado por implantarla en sus compañías como una opción más.
La ignorancia, la necesidad o el miedo llevan a muchos trabajadores a aceptar este tipo de condiciones. Y, además, mientras trabajan, tienen que soportar frecuentes coacciones y amenazas. «Temes que te despidan de un día para otro y te quedes sin nada. Cuando he ido a hablar con mis superiores para quejarme y pedirles que legalizaran mi situación, me han dicho que dé las gracias por tener este trabajo, y que si no lo quiero hay mucha gente esperando», asegura Aurora, que prefiere no dar su verdadero nombre por temor a represalias.
Hace dos años, empezó a buscar trabajo cansada de esperar que las cosas cambiaran. «Empecé a quemarme, pero hasta ahora sólo me han ofrecido lo mismo o peor», explica, agotada de vivir rodeada de tanta precariedad
A lo largo de todo este tiempo, muchas veces se ha planteado demandar a la empresa, pero al final no lo ha hecho. «Intenté hablar con otros compañeros en mi misma situación para hacer algo colectivo, pero la gente tiene miedo». Aurora no entiende por qué desde la Administración no se hace más: «Yo me pregunto dónde están los inspectores de trabajo. Intento pensar que las empresas no les dejan hacer su trabajo, porque si no no lo entiendo».
Lucha contra el fraude
El Gobierno puso en marcha hace tres años un plan de lucha contra el empleo irregular que ha dado sus primeros frutos. La inspección ha detectado desde 2012 5.700 casos irregulares entre falsos autónomos (2.372) y trabajos a tiempo completo que se desempeñaban bajo la modalidad de tiempo parcial (3.393)
«Quienes acuden a Inspección de Trabajo con pruebas de su situación y/o denuncian tienen mucho que ganar, pese a que sea un proceso judicial mucho más largo de lo que debería ser para estos casos de especial gravedad por el fraude y la vulneración de derechos que supone», explica un portavoz de CNT Artes Gráficas,sindicato que emprendió la campaña Stop Falsos autónomos.
Aunque no hay estadísticas que permitan cuantificar el número de falsos autónomos que hay en España, «ya que esta condición sólo puede ser definida por una sentencia de la jurisdicción social», explicaSebastián Reyna, secretario general de UPTA; «en España según la EPA hay 175.000 autónomos que trabajan en exclusiva para una sola empresa y otros 100.000 que lo hacen casi en exclusiva. Sin embargo, el registro oficial de Trade [Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes] tan sólo contempla 15.000 contratos, por lo que dentro de ese ámbito cuantitativo estarían los posibles falsos autónomos».
Autónomos económicamente dependientes
La figura del Trade, a diferencia de los falsos autónomos, es completamente legal. «El autónomo económicamente dependiente trabaja prácticamente en exclusiva para una sola empresa, de la que dependen sus rentas al menos en un 75%. Además, realiza su labor con una remuneración variable y no tiene dependencia desde el punto de vista funcional, es decir, es un dependiente en términos económicos, pero no jurídicos», matiza el secretario general de esta organización de autónomos.
Durante los periodos de crecimiento, la fórmula del falso autónomo se convirtió en una práctica recurrente, sobre todo, en el sector de la construcción. Con la crisis, «se trasladó a otras ramas de actividad como los medios», asegura Lorenzo Amor, presidente de ATA (Federación de Trabajadores Autónomos), que sostiene, no obstante, «que no se trata de un fenómeno generalizado, aunque conviene perseguirlo».
Algunos trabajadores, cansados de esperar a que una inspección ponga fin a su calvario laboral, deciden demandar. Empieza entonces otro calvario igual o peor. Sin finiquito ni paro, muchos se quedan sin ingresos mientras esperan el fallo judicial. Otros, ni siquiera llegan a los Juzgados de lo Social por miedo.
«Yo y otros compañeros en mi misma situación nunca llegamos a un acuerdo, supongo que por desorganización, por miedo a perder el trabajo o porque preferíamos confiar en que como nos decían llegarían las vacas gordas. Además, estoy segura de que muchos desconocían que la relación de la empresa con nosotros era ilegal, un fraude», afirma Raquel, que estuvo como falsa autónoma seis años hasta que la despidieron en 2014.
Aurora continúa aguantando, pero lo hace ayudada por un doble estímulo: conseguir otro empleo, esta vez con contrato; y demandar a la empresa una vez esté fuera para evitar que otros caigan en la misma trampa. «Hay que acabar con esto. Es una auténtica tomadura de pelo. Es indignante. Además, la desprotección social es tremenda. No puedo plantearme ni siquiera tener un hijo porque me iría a la calle directamente; y para alquilar una vivienda, por ejemplo, necesito avales». «Somos trabajadores de segunda, estamos en la marginalidad».
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