Grandes bufetes anglosajones preparan ya su desembarco en España, en lo que supone una consolidación de nuestra americanización de la Justicia, que ya comenzó hace años con las demandas a Bankia. Los pleitos multitudinarios por la salida a bolsa o las hipotecas dieron alas a bufetes como Arriaga o Rosales, que siguiendo una línea muy simple, la de las demandas tipo, en las que apenas se cambian unos pocos datos, fueron capaces de representar a miles y miles de clientes. A nivel internacional hay ejemplos ya históricos como los casos del Exxon Valdez, Enron o, más recientemente, Volkswagen.
La versión anglosajona incluye un paso más: la figura del inversor, que en España todavía es algo nuevo y muy minoritario. Hay inversores que directamente financian demandas colectivas o class actions a cambio de un porcentaje pactado. Esto supone que el cliente no paga nada por adelantado, y si gana el juicio, pagará una comisión de su indemnización. Si lo pierde, quien pierde es el inversor.
Esos inversores, llamados litigation funds, ya están interesados en el gran macrojuicio que se prepara para este año: el de los controladores por la huelga salvaje de 2010.
«Precedente legal»
Este periódico ha entrevistado a los responsables de dos bufetes especializados en class actions, uno de Reino Unido y otro de Estados Unidos. Ambos tienen interés en abrir mercado en España y cuentan con inversores. El caso de los controladores sería su proyecto piloto para establecerse.
Paul Tweed, presidente del bufete angloirlandés Tweed opina que «el caso de los controladores es extremadamente importante porque sentará un precedente legal», y por eso quiere meterse ahora que la puerta parece abierta a nuevos denunciantes hasta que se celebre el juicio, como ya publicó este periódico el pasado 4 de abril.
Para Tweed, «el crecimiento de la globalización y los servicios legales hará que haya un incremento tremendo de los pleitos multitudinarios». Tweed ya está imbuido en otros grandes procesos como el de Big Tobacco, pleitos contra Facebook o anuncios de publicidad engañosa, según explica. Para todos esos casos, se plantea que su bufete también pueda buscar clientes en España.
En el caso de los controladores, Tweed cuenta con poder captar a «cientos de afectados». En este caso hubo unos 700.000 pasajeros en tierra por la huelga, y llegó a haber 15.000 denunciantes (quedan 12.500, los representados por Cremades-Calvo Sotelo, porque el resto pactó una indemnización). El despacho de Javier Cremades, con casos que representan a cientos y a veces miles de afectados, sobre todo accionistas minoritarios, quizá es lo más similar que hay en España a estos bufetes.
Como ya ha hecho en otros casos de su amplia experiencia internacional, Tweed explica que «el caso de los controladores no es diferente al de cualquier otra class action. Los principios para demandar son los mismos».
Es decir, hace falta una gran cantidad de afectados, alguien que los aglutine junto a un inversor que pague el pleito, y crear una gran campaña informativa para que la gente se sume a la demanda. En ese punto está ahora mismo el caso, salvo que finalmente no haya juicio porque se llegue a un acuerdo antes de los próximos días, cuando se mantendrá en los Juzgados de lo Penal de Madrid un encuentro para definir si se pacta o se va a juicio a final de año.
Especialistas en huracanes
Sanders, Philips, Grossman, bufete de abogados neoyorquino con varias sedes, está especializado en casos con miles de víctimas, como las que dejan los huracanes, algunos medicamentos o las cirugías de implantes defectuosos.
Su socio Marc Grossman también está interesado en participar en el caso de los controladores, como confirmó a este periódico. «Aunque nuestra firma ya está presente en muchos países de Norteamérica, Sudamérica y Europa, este sería nuestro primer gran caso en España. Y esperamos poder participar en muchos otros para hacer justicia a los afectados por la avaricia de las grandes compañías y otras injusticias», dice Grossman.
Para él, existe una diferencia entre el caso de los controladores y los demás: «La falta de conciencia pública y compromiso, porque parece que la capacidad de presentar una reclamación y el derecho a una indemnización no se ha transmitido a los consumidores afectados. Por eso tenemos la intención de lanzar una campaña de sensibilización para transmitir el mensaje a cada uno de los más de 700.000 afectados».
Grossman explica que su bufete se plantea el desembarco en más casos españoles: «Recientemente se nos han presentado alrededor de una docena de casos en los que nuestra experiencia de décadas en pleitos masivos podría servir para ayudar a víctimas españolas a conseguir justicia».
Fuente: Elmundo.es (3/5/19) Pixabay.com
