La entrada hoy en vigor de la reforma laboral aprobada el pasado mes de diciembre llega con una prima de seis millones de euros para los inspectores de Trabajo que vigilen el cumplimiento de la nueva norma por parte de las empresas y sancionen los incumplimientos.
La prima de productividad forma parte del acuerdo al que llegó el Ministerio de Trabajo con el cuerpo de inspectores el pasado martes. En los últimos meses los inspectores de Trabajo se han enfrentado al Gobierno exigiendo más medios humanos y materiales para desarrollar su función. Pero la falta de respuesta les llevó a la convocatoria de una huelga que finalmente ha sido aplazada por el compromiso del Gobierno de destinar más medios en el mes de junio.
El respaldo al acuerdo propuesto desde el ministerio dirigido por Yolanda Díaz no fue unánime pero sí mayoritario, de manera que, aunque no ha resuelto las demandas de los inspectores, ya desde hoy es vigente. El pacto indica que se trata de medidas de productividad extraordinaria que se suman a las ordinarias ya establecidas en instrucciones previas con «carácter inmediato». Los objetivos de «máximo interés» para el organismo que se señalan son la implementación de la reforma laboral que hoy entra en vigor; la comprobación de las obligaciones derivadas de los ERTE de la normativa Covid 19; el plan contra la siniestralidad mortal; la implementación de notificaciones electrónicas y la reducción de los tiempos de tramitación de expedientes, según consta en el acuerdo planteado a los sindicatos.
La oferta, que incluye la incorporación de 200 interinos, fue aceptada entre otras organizaciones por UGT y CSIF mientras que otras como CCOO y el sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social la rechazaron. Los seis millones de euros en primas se repartirán de manera homogénea por grupos de funcionarios, con cuotas de entre 2.100 euros y 1.100 euros a pagar en junio y finales de año.
La norma aprobada el pasado mes de diciembre tiene como objetivo nuclear reducir la temporalidad en el mercado laboral español, donde el abuso de este tipo de contratación ha sido norma en el sector privado y, más aún, en el público. Con el periodo de transición que terminó ayer, establece que todos los contratos serán, ordinariamente, indefinidos, reconfigurando las modalidades. También fija un catálogo de infracciones y multas que alcanzan hasta los 10.000 euros para las más graves, fundamentalmente centradas en la contratación en fraude de ley en situaciones de vigencia de un ERTE. El cuadro de sanciones tiene novedades para las empresas de trabajo temporal (ETT) para que las infracciones en la contratación por no seguir el procedimiento se consideren por cada persona trabajadora afectada.
Sobre el papel, la reducción de la temporalidad en la contratación que se producirá en los próximos meses apunta a ser drástica. sólo podrán hacerse contratos temporales con causas muy tasadas: por circunstancias de la producción y por sustitución de otro trabajador con reserva de puesto de trabajo. El primero sólo podrá concertarse por incrementos ocasionales imprevisibles de la producción u oscilaciones de la demanda, por un tiempo máximo de seis meses, ampliables a doce si así lo establece el convenio colectivo sectorial de turno. No obstante, podrá utilizarse en campañas agrícolas o comerciales siempre que el tiempo de contratación no supere 90 días.
También desaparece el contrato por obra y servicio, con lo que los negocios que bien por actividad ligada a un contrato o por estacionalidad basaban su contratación en la temporalidad recurrirán previsiblemente a la nueva modalidad de fijo discontinuo, con los mismos derechos que los indefinidos. Es por esta razón que entre los expertos del mundo laboral se apunta a que en los próximos meses se producirá una reducción nominal de la temporalidad en favor de la contratación indefinida. «Las estadísticas recogerán este carácter indefinido pero los contratos podrán ser tan temporales como los que había hasta ahora, de alguna manera se tapa el problema», explican estas fuentes.
Para las empresas no ha sido fácil la adaptación a un marco que los asesores consideran complejo.
«La mayor parte de las consultas están orientadas a la adaptación de las políticas de contratación de las empresas a la nueva regulación», explica David Díaz, socio laboral de Baker Mckenzie. «No resulta sencillo por la propia actividad de las empresas y por la complejidad de la norma y su régimen transitorio. Por otro lado, el estudio de las posibilidades que otorga la figura del fijo discontinuo».
La entrada en vigor definitiva de la reforma laboral, un texto acordado con los agentes sociales, coincide con el recrudecimiento de las adversidades económicas, esta vez de la mano de la inflación y los precios energéticos. Las circunstancias han llevado al Gobierno a establecer un Plan de Choque en el que ha prorrogado las limitaciones impuestas a las empresas en lo relativo a los despidos. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, denunció ayer que la prohibición de los despidos objetivos en las empresas que reciban ayudas públicas implica «meter la tijera» y «cambiar las reglas del juego» de la reforma laboral acordada con los agentes sociales.
Fuente: elmundo.es (31/3/22) pixabay.com
