¿Me pone la última? Ese deseo tan común en España, satisfecho en muchas ocasiones por los profesionales de la restauración, está en el ojo del huracán de la polémica que ha desatado Yolanda Díaz en torno a los horarios de los bares y restaurantes en nuestro país, excesivos, a su juicio. El sector interpreta la posición de la vicepresidenta segunda del Gobierno como un ataque directo a su modus vivendi y al de los consumidores y argumenta que cumple la normativa a rajatabla y que históricamente son una de las actividades más vigiladas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Díaz no puede intervenir desde su Ministerio sobre los horarios de apertura de los locales porque éstos se rigen por las regulaciones autonómicas y municipales, pero sí tiene a su disposición al cuerpo de inspectores de Trabajo, que en el último año ha disparado en una magnitud sensible los controles sobre los establecimientos de hostelería, así como las multas impuestas por las infracciones cometidas por los empresarios de estos negocios y la recaudación efectiva por esas sanciones.
En concreto, según figura en el último informe anual de la Inspección, con datos cerrados de 2022, las actuaciones sobre el sector de la hostelería alcanzaron las 176.911, cifra que supera nada menos que en un 60% la cantidad de inspecciones realizadas en el ejercicio inmediatamente anterior. En esas actuaciones los inspectores recogieron en actas hasta 22.457 infracciones, frente a las 14.285 del año previo, y propusieron sanciones por un total de 92,54 millones de euros, un 70% más que en 2021, cuando las multas se quedaron en 53,57 millones. En recaudación total, el importe de los expedientes, incluyendo los atrasos de cuotas e intereses y otros conceptos, superó los 111,35 millones de euros en 2022, casi un 40% por encima del año anterior, cuando se ingresaron 80,59 millones de las empresas.
Ante esta escalada del control, el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, denuncia: «Nos sentimos muy señalados en muchas ocasiones». No obstante, asegura que desde la patronal no hacen «ningún reproche a la actividad de los inspectores». Recuerda que cuando la hostelería se ha incluido en los planes especiales de la Inspección, «ha llegado a haber más de 300.000 inspecciones». Es decir, los hosteleros han estado siempre en el punto de mira de la policía laboral. Con todo, afirma que «las empresas serias, que son la inmensa mayoría y que cumplen, no le tienen miedo a la Inspección». «Nadie pide que le vengan a inspeccionar, porque de cualquier coma te sacan una infracción, pero si por conseguir un mayor prestigio tienen que aumentar las inspecciones, que las aumenten», reclama. E insiste: «Si les parecen pocas las 176.000, que nos pongan como sector prioritario en las inspecciones, que siga habiendo controles y que las empresas cumplan, que es lo que queremos», concluye.
El sector ha salido en tromba contra las declaraciones de Díaz, que el pasado lunes calificó como «una locura» que en España los restaurantes estén abiertos hasta la una de la madrugada. Este martes, la vicepresidenta matizaba esta afirmación posicionándose a favor del ocio, pero ahondaba en su crítica recalcando la necesidad de reducir la jornada laboral y de retribuir como corresponde el horario nocturno. A Yolanda Díaz le consta, aseguró, que la Inspección de Trabajo está detectando que esas jornadas son «mejorables». Respondía así a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que defendió la libertad de horarios en la hostelería como vía de creación de empleo. «Yo quiero ocio, pero también derechos laborales. Ustedes prefieren jornadas interminables para los de siempre. Nosotros más derechos para que la gente pueda disfrutar y descansar», sentenció Díaz.
La vicepresidenta tiró del clásico «que la gente trabaje para vivir y no viva para trabajar». Pero su argumentario no convence a los hosteleros. Le responde Roberto Gil Ramos, propietario del restaurante Abanto, en los alrededores de la madrileña plaza de toros de Las Ventas: «Gracias por querer hacer que trabaje menos, pero ayúdeme a que mi negocio siga siendo igual de rentable cerrando a las 11 de la noche que a la una de la mañana», demanda este profesional de la hostelería que trabaja entre 14 y 16 horas diarias, mano a mano con los dos turnos de empleados que tiene contratados en el restaurante. «Si quiere que cerremos antes, ayúdenos a seguir haciendo nuestros negocios rentables reduciendo los impuestos y los costes», reclama. «No es normal que tenga que pagar impuestos por comprar, por vender y además pagar sobre mis beneficios, yo como hostelero y el del lavadero de coches de enfrente», zanja.
Nos vamos a otro punto de Madrid, hasta la Cruz Blanca de Vallecas, donde nos recibe su dueño, Antonio Cosmen. La reacción a las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno de alguien que lleva tres décadas en la hostelería y que está en el día a día del negocio es inmediata y contundente: «El horario debe ser libre, respetando siempre al vecino y al trabajador». Su restaurante cierra a las 10 de la noche porque más allá de esa hora no tiene público. «El que marca el horario de apertura y de cierre es el cliente y no hay ningún empresario que tenga abierto por vicio. Eso es perder dinero», afirma.
Cosmen defiende algo tan básico como que la libertad de la que gozan ciudades como Madrid, con más horas de sol y horarios de apertura más amplios, es un reclamo para el turismo internacional, que viene a España en busca de un horario más tardío del que no pueden disfrutar en sus países de origen. Es una afirmación que comparte el presidente de la patronal del sector y que refuerza asegurando sin titubear que «toda Europa está modificando sus horarios para parecerse a nosotros».
Más allá del atractivo turístico, los hosteleros defienden la necesidad de contar con una cierta amplitud de horarios para dar servicio a clientes que no pueden permitirse cenar a las nueve de la noche, en muchos casos, porque salen tarde de su trabajo. Y además sostienen que tener el restaurante abierto durante más horas genera empleo. «Los horarios amplios suponen un mayor número de empleados, al tener que partir la jornada en turnos, y favorecen la actividad económica al facilitar el consumo», asegura Miguel Garrido, presidente de la patronal madrileña CEIM y número dos de Antonio Garamendi como vicepresidente primero de la CEOE.
Garamendi, por cierto, no se ha pronunciado hasta el momento sobre la polémica desatada por Yolanda Díaz, pero lleva meses criticando la reducción de la jornada laboral que persigue la vicepresidenta argumentando, precisamente, que tendrá efectos negativos sobre la hostelería y otros sectores intensivos en mano de obra como el campo y el comercio. La patronal defiende que la cuestión de la jornada laboral debe abordarse en la negociación colectiva y aquí los sindicatos están de acuerdo. Ya hay una negociación en marcha, supervisada por el Gobierno, para recortar las horas semanales desde las 40 actuales hasta las 37,5 horas en 2025. No será fácil.
Las bajas, un problema
En cualquier caso, los empresarios consideran que la vicepresidenta ha suscitado un debate que es artificial y que desvía la atención de los verdaderos problemas que encara el sector de la hostelería en España, compuesto por más de 300.000 establecimientos que dan trabajo a 1,7 millones de personas y representa en torno al 6% del PIB. El principal, en estos momentos, es la falta de mano de obra y las lagunas de la formación. Lo denuncia Cosmen, que incide en la dificultad para incorporar aprendices a la plantilla. «Si tiene 20 años y no ha trabajado nunca ni tiene ni idea de hostelería, no puedes contratarle como aprendiz, estás obligado a hacerle un contrato de ayudante de camarero», se queja.
Otro de los agujeros negros está en el absentismo. Los empresarios se quejan de que, tras la modificación normativa que vino a simplificar los trámites relacionados con las bajas de Incapacidad Temporal hace casi un año, el trabajador ya no tiene la obligación de entregar el parte de baja a la empresa y es el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) el que lo remite directamente a las empresas. Este cambio, que busca evitar que los trabajadores tengan que realizar laboriosos trámites burocráticos mientras están de baja, está provocando importantes dolores de cabeza a los hosteleros, que tardan días o incluso semanas en recibir el parte de las gestorías.
El debate sobre los horarios de la hostelería en España no es nuevo, pero para Sumar está lejos de estar amortizado. El partido que lidera Yolanda Díaz ha llevado al Congreso un «Pacto de Estado por un turismo justo, sostenible e inclusivo» que incluye medidas como adelantar los cierres o reducir las aperturas en domingos y festivos que van en la dirección contraria no sólo de la libertad de horarios que exigen los empresarios, sino también de toda una cultura de l consumo en este país.
Fuente: elmundo.es (5/3/24) pixabay.com
