El anuncio de que los empleados públicos no cobrarán la paga extraordinaria de Navidad ha puesto en pie de guerra a un colectivo que ya arrastra, desde el inicio de la crisis, una bajada de sueldo del 5% en 2010 y una congelación salarial en 2011.
El Estatuto Básico del Empleado Público distingue fundamentalmente entre tres clases de empleados públicos: funcionarios de carrera, que mantienen una relación estatutaria con la administración de carácter permanente y regulada por el Derecho Administrativo; funcionarios interinos, cuya contratación se debe a «razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia» -algo que no siempre es así- para realizar labores de funcionarios de carrera; y el personal laboral, cuyas condiciones de trabajo se regulan por convenios colectivo entre los trabajadores y la propia administración.
Respecto a los primeros, su sueldo es fijado por los Presupuestos Generales del Estado, mientras que el del 80% del personal laboral quedó acordado en el III Convenio Colectivo Único, firmado en 2009 y prorrogado hasta el 31 de diciembre de este año.
Los funcionarios se dividen a efectos profesionales en cinco grupos: A1 y A2 (para acceder se requiere ser licenciado o graduado universitario), B (técnicos superiores), C1 (se necesita tener el título de bachiller o técnico), C2 (basta con la Educación Secundaria Obligatoria). Un integrante del primer grupo cobra 1.109,5 euros al mes, a lo que se ha de sumar 42,65 euros por cada trienio que acumule sirviendo a la administración; mientras que un funcionario de nivel A2 ingresa 958,98 como sueldo base, más 34,75 euros por trienio. Por su parte, un funcionario de nivel B recibe 838,27, más 30,52 por trienio; y los de las escalas más básicas, C1 y C2, 720,02 euros los primeros (más 26,31 por trienio) y 599,25 (17,9 extra por cada tres años trabajados) los segundos. Mención aparte merece la clase E, integrada por antiguos subalternos y ordenanzas, y destinada a la extinción, cuyos miembros reciben 548,74 euros al mes, a lo que se suma 13,47 euros por trienio.
Y todo ello debe sumarse las pagas extraordinarias (la paga, en singular, este año), que también recoge el BOE: 684,36 euros para los funcionarios del grupo A1, más 26,31 por trienio; 699,38 euros para los miembros del A2 (sumando 25,35 por trienio); 724,50 euros para los que forman el grupo B (26,38 euros extra por cada tres años trabajados); 622,30 euros para los funcionarios del C1 (22,73 euros por trienio) y 593,79 para los del C2, que suman17,73 euros más por cada trienio.
Tres complementos
Además de estas cifras, se suma a la nómina de los empleados públicos al menos otros tres complementos. El primero de ellos es el de destino, que se establece mediante un baremo que abarca treinta niveles y cuya cuantía oscila entre los 968,75 euros mensuales que recibe el funcionario del nivel más alto, hasta los 91,75 que ingresa el de nivel 1. Además, los funcionarios ingresan un complemento específico, que varía dependiendo del puesto que se desempeñe, y cuya cuantía anual no se ha incrementado este año; y un complemento de productividad, que prima el rendimiento, el interés y la iniciativa.
Por su parte, el personal laboral se subdivide en cinco categorías, cuyo salario mensual -descontando pagas extras- va desde los poco más de 2.000 euros de un integrante del Grupo 1 hasta los 1.000 de un miembro del Grupo 5, a los que se suman los complementos de puesto, de nocturnidad, de turnicidad, de disponibilidad horaria, de jornada partida, de prolongación horaria y de obra.
El Gobierno, a la hora de calcular el umbral bajo el cual los empleados públicos recibirán la paga extraordinaria de Navidad (924 euros mensuales) tendrá en cuenta el sueldo base, los trienios y los complementos de destino y específico, pero no el de productividad.
¿Cuántos recibirán la extraordinaria?
Precisamente debido a la variación de las cuantías de los complementos percibidos en función del puesto, no resulta fácil cuantificar cuántos funcionarios recibirán la extraordinaria. Según afirmó el el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la cifra oscilará entre los 10.000 y los 15.000 empleados públicos, de un total de 2.690.099. De este modo, según la estimación más optimista, la medida afectará a apenas un 0,55% del total.
La medida «solo afectará a contratos muy raros»
Sin embargo, según aclara el presidente del sector de Administración General del Estado del sindicato CSIF, Francisco Camarillo esta cifra podría mucho menor «ya que el sueldo del colectivo que menos cobra, el personal laboral del Grupo 5, es cincuenta euros superior a la línea de corte que propone el gobierno». Por ello, Camarillo, cuyo sindicato estima que apenas serán quinientos los empleados que finalmente cobren la extraordinaria, no encuentra sentido a las cifras que maneja Hacienda. El sindicato cree que la medida «únicamente afectará a contratos muy raros, y ni siquiera a los funcionarios del Grupo E, ya que tienen mucha antigüedad y por ello cobran muchos trienios», algo que le lleva a considerar que el único objetivo de la medida es intentar aplacar la «mala conciencia» del Gobierno.
Dejar una contestacion