En 2011 los dos grandes partidos, PSOE (entonces en el Gobierno) y PP acordaron que era necesario reformar el funcionamiento del registro civil, vistas las ineficiencias que generaba (solo en la gestión de los expedientes de nacionalidad se acumulaban años de retrasos). Fruto de ese consenso se llegó a promulgar una ley que, no obstante, estableció un periodo de tres años para su entrada en vigor, la llamada vacatio legis. ¿Cómo es posible que se acepte la urgencia de modificar algo y al mismo tiempo se reconozca que las modificaciones no podrán estar plenamente operativas hasta tres años después?
El Gobierno del PP explica ahora que la ley fue aprobada sin memoria económica y sin especificar cómo debía llevarse a cabo el desarrollo tecnológico que requería. En resumidas cuentas, era inviable. De ahí que vaya a ser reformada incluso antes de haber entrado en vigor. En un desayuno organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) y La Ley / Wolters Kluwer, el director general de los Registros y el Notariado, Joaquín José Rodríguez, anunció: “ha llegado el momento de reformar todo el funcionamiento del registro civil para acabar con su judicialización, hacerlo más eficiente y descongestionar los juzgados”.
La reforma pretende estar basada en lo que los técnicos llaman la “interoperabilidad de las bases de datos”. Rodríguez explicó que ahora cuando un ciudadano solicita la expedición de un documento nacional de identidad (DNI) por primera vez, debe acudir al registro civil para solicitar un certificado de nacimiento. Allí, le hacen entrega del documento y es el ciudadano el que debe desplazarse después a la Policía, que recibe el certificado y emite por fin el DNI. Una vez que esté en marcha el nuevo sistema, solo con acudir a la Policía se podrá obtener el DNIporque será el funcionario de la comisaría el que acceda telemáticamente a los datos del registro, con lo que se ahorrarán costes al ciudadano y a la propia Administración.
Coste de 450 millones
“De las duplicidades actuales, se pasará a un mecanismo por el que cada Administración recibirá los datos que necesita para trabajar. Además, supondrá una ayuda para luchar mejor contra el fraude o la corrupción”, añadió Rodríguez. Hasta aquí, aparentemente todo son ventajas, pero ¿por qué la reforma levanta ampollas? ¿Qué colectivos han mostrado ya su airada oposición al proyecto, que tal y como admite Justicia aún se encuentra en fase de borrador y sin fecha prevista de aprobación?
La primera decisión que suscita polémica es aquella por la que el Ejecutivo ha encargado a los registradores mercantiles y de la propiedad la llevanza del registro civil. Una opción que, según confirmó ayer el director general de los Registros y el Notariado no conllevará contraprestación económica alguna para este cuerpo de funcionarios. “Ellos disponen de los medios humanos y técnicos (soportes informáticos) para poder hacerlo e igual que el resto de empleados públicos ha hecho sacrificios, ellos los tendrán que hacer. Con la mayor eficiencia que van a conseguir, ahorrarán costes y, por tanto, obtendrán un beneficio”, argumentó Rodríguez. Notarios y secretarios judiciales critican el proyecto.
Se trata de modernizar el sistema con el mínimo coste para el erario público y para el ciudadano, frente a los 450 millones que cuesta en la actualidad. Hablando de dinero, he aquí la otra gran fuente de conflicto:¿qué actos serán de obligada inscripción y a qué precio? Rodríguez dijo que los actos obligatorios, como nacimientos y defunciones, así como las certificaciones seguirán siendo gratuitas, el 85% de la actividad. Otros como poderes, régimen económico de los matrimonios, el domicilio o el cambio de nombre se están valorando. La idea es que su coste sea, en cualquier caso, inferior al mantenimiento del servicio.
Las tasas que vienen
Bodas: Pasarán de celebrarse gratuitamente ante al juez a costar menos de 90/100 euros ante notario. Esa es la media de lo que cobran los ayuntamientos.
Poder: Otorgar un poder a otra persona costará menos de lo que cuesta inscribir uno en el registro mercantil: 24 euros.
Domicilio: Su inscripción en el registro será voluntaria a efectos de notificaciones. La tasa está aún por determinar.
Las protestas de los notarios
Apenas unas horas después de haberse celebrado el desayuno con el director de los Registros y el Notariado, Joaquín José Rodríguez, el Consejo General del Notariado emitió un comunicado en el que rechazó la reforma de los registros civiles al considerar que incrementa hasta cuatro veces los costes de los ciudadanos al obligar a inscribir “casi todo”, desde un cambio de domicilio al otorgamiento de un poder a una tercera persona e incluso el testamento y los seguros.
Los notarios consideran que el aumento de los asuntos que deberán ser inscritos supondrá un lastre para el tráfico jurídico, ya que los plazos para llevar a cabo cualquier operación jurídica deberán ampliarse.
Asimismo, este colectivo denuncia que la comisión mixta ordenada por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón para reformar el texto no se ha hecho eco de ninguna de sus propuestas.También, advirtieron que con el nuevo sistema, muchos de los nuevos actos inscribibles afectan a la privacidad de la persona. Por contra, subrayaron que el borrador no aborda dos asuntos que deberían ser susceptibles de mejora: la posibilidad de acceso directo al contenido de los libros registrales en el momento de firmarse la escritura pública, con el fin de asegurar la titularidad y la situación de cargas en tiempo real; y la conexión entre el Catastro y el Registro de la Propiedad para garantizar que los datos sobre una misma finca coinciden, algo que todavía no siempre es así.
Fuente: Expansión.com (13/3/13)
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