Mañana se celebra una cumbre decisiva para España y Europa. Y no es ni un Ecofin ni un Consejo Europeo, sino una cumbre entre el Gobierno y las autonomías. Ante esta expectación, el encuentro que mantendrá el Consejo de Política Fiscal y Financiera no puede dar un sólo paso en falso. Y menos en un momento en el que economistas como Krugman y Roubini hablan de la posibilidad de un corralito y de un rescate en España.
El Gobierno deberá mostrar su capacidad de meter en vereda a las regiones, la mayor amenaza a las exigencias de austeridad de la Comisión Europea, que obligará a las regiones a recortar sólo en un año 14.000 millones de euros. La prima de riesgo y la bolsa evaluarán cada uno de los movimientos de las 17 autonomías. Andalucía, Valencia, Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia también están en la picota por sus altos niveles de déficit y de deuda.
Asturias, el laboratorio de operaciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Montoro tiene preparado un golpe de efecto: escenificar la intervención de Asturias. Realmente la situación financiera de esta comunidad no es peor que la de otras regiones. De hecho, otras regiones están sufriendo más los efectos de la crisis. Sin embargo, como Francisco Álvarez Cascos aún no ha conseguido formar Gobierno, Hacienda cree que el Principado es el mejor territorio para mostrar a los inversores que el Gobierno central puede intervenir realmente las autonomías. Algunos analistas no terminan de creerse que esta ley está completamente operativa. Temen los tediosos recursos al Constitucional y que la situación sea ya irremediable cuando los interventores se instalen en las consejerías.
Las autonomías exigirán los hispanobonos para cubrir las nuevas emisiones de deuda. Los “hispanobonos” podrían convertirse ser la única forma de refinanciar 35.000 millones de euros de las regiones durante 2012, necesarios para cubrir los vencimientos y el déficit público que se genere durante el año. La duda es si se hará una emisión del Tesoro para todas las regiones (una prueba de fuego demasiado arriesgada si el Banco Central Europeo no vuelve a comprar deuda pública española) o si se avalarán sólo las emisiones de las comunidades que acepten estar tuteladas o intervenidas directamente por el Estado central. Lo único claro es que si quiebra una comunidad, España necesitaría un rescate.
Se abre la puerta al rescate voluntario de las autonomías. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, explicó en el Congreso que el Gobierno está abierto a intervenir las comunidades que declaren su imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones financieras. Después del aviso que recibirán mañana algunas comunidades, los diferentes gobierno tendrán 15 días de plazo antes del siguiente Consejo de Política Fiscal para levantar, como en la guerra, la bandera blanca.
Bruselas exige un ajuste extra a las comunidades de hasta 10.000 millones. El Ministerio de Hacienda está más tranquilo que hace varias semanas, porque ha comprobado en los intensos contactos de las últimas semanas con las regiones (los técnicos de Montoro han llegado a visitar de forma discreta algunas consejerías), que hay voluntad de las comunidades, también de las socialistas, de reducir el déficit al 1,5%. Sin embargo, Montoro se enfrentará a peticiones de fondos que no están contemplados en los Presupuestos del Estado, a las clásicas reclamaciones de deudas históricas y a previsiones de ingresos muy optimistas.
El primer Consejo de Política Fiscal y Financiera con estadísticas realistas. Este es uno de los objetivos prioritarios de Montoro, que quiere tener por primera vez sobre la mesa la ejecución presupuestaria de las comunidades en términos de Contabilidad Nacional (con la misma metodología de la UE). Es una de las asignaturas pendientes de la exvicepresidenta económica, Elena Salgado.
Fuente: Cincodías.com (16/5/12)
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