La obligación para todas las empresas de disponer de un registro sobre la hora de entrada y salida de sus trabajadores y todo el tiempo destinado a descansos ha cumplido cinco años, con serias dudas de que haya sido realmente efectiva, dado que la Inspección de Trabajo sigue recibiendo mensualmente un aluvión de denuncias por casos de incumplimiento y dado que el volumen de horas extra que se realizan en el país no se ha reducido, según los datos de la Encuesta de Población Activa.
Son muchas la empresas que han implantado un sistema manual -el trabajador simplemente rellena y firma un papel con su horario, siendo incluso posible modificarlo a posteriori-, mientras que en muchas otras (incluidas las grandes) es práctica común que el trabajador falsee el registro (por voluntad propia o a instancias de la empresa): ponen que han hecho las horas reglamentarias y descartan todas las demás, incluso si eso supone declarar que se han destinado 4 horas diarias a comer o tiempo libre, algo poco creíble. En algunos casos, además, los datos registrados no coinciden con los horarios de entrada y salida reales recogidos en los tornos -en aquellas oficinas en las que existen- pero ni la empresa ni la Inspección lo comprueba.
«La situación del registro de la jornada ha sido un desastre por la inseguridad jurídica que ha generado a las empresas y a los trabajadores, y porque no ha servido para nada», señalaba este miércoles José Ramón Urtubi, gerente de la asociación Consejo Español del Registro de Jornada. «Estamos en contacto con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y es mejor ni hablar del registro horario, ni siquiera en las grandes empresas porque prácticamente no se registra nada (…) El registro de jornada debería valer para mejorar la productividad con instrumentos ágiles, porque uno de los problemas que tenemos en España es el presentismo, debe servir para proteger la competitividad de las empresas, pero lo que ha ocurrido es que aquellas que sí cumplen el registro están en situación de desventaja frente a las que no lo hacen. Al final el registro horario ha supuesto menos libertad para el trabajador y más carga para la empresa», lamenta.
Uno de los objetivos del control horario era precisamente reducir el número de horas extra que se realizan el país y la proporción de las que no se pagan: «Utilizando datos de la Encuesta de Población Activa, cada semana del año 2017 se hicieron en nuestro país una media de 5,8 millones de horas extraordinarias a la semana. Lejos de constituir un hecho puntual, la realización de horas extraordinarias se incrementó en 2018. Así, los datos revelan que, como media, cada semana de 2018 se realizaron 6,4 millones de horas extraordinarias en España. Junto a lo anterior, ha de destacarse que un 48% de las personas trabajadoras que declaran realizar horas extraordinarias también manifiestan que no les son abonadas ni, por tanto, se cotiza por ellas a la Seguridad Social. Ello supone un perjuicio grave para esas personas y para el sistema de Seguridad Social», recogía el real decreto-ley 8/2019.
Cinco años después de la aplicación de la norma, el número de horas extra que se realizan a la semana se sitúa en 6,4 millones en el primer trimestre de 2024 -las mismas que en 2018 e incluso un 0,09% más que en el mismo periodo de 2019-, y el porcentaje de trabajadores que admite que no le pagan por las horas extra se sitúa en el 42,6%, con lo que se ha reducido ligeramente pero sigue siendo muy elevado.
Además de que la norma no ha sido efectiva para reducir las horas extra -ni pagadas ni sin pagar-, tampoco ha sido muy útil al garantizar su propio cumplimiento, de ahí que sean constantes las denuncias ante la Inspección de Trabajo por casos de incumplimiento.
«Tenemos un aluvión de denuncias en la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social por asuntos vinculados a la jornada (tiempo de trabajo, horas extra…) y por los salarios. Las denuncias por el registro de jornada llenan la planificación (…) Lo que se busca es que el registro sea objetivo, fiable y accesible. Si el inspector está verificando la operativa del registro de jornada tiene que ser accesible y que no haya sido sometido a ningún tratamiento», señalaba hace unas semanas Juan Sebastián Simal, jefe adjunto de la Inspección Provincial Trabajo y Seguridad Social de Madrid, en unas jornadas organizadas por CEOE.
En el fondo, el Gobierno y los sindicatos son conscientes de que el registro de jornada no ha funcionado como debía, de ahí que quieran aprovechar la negociación sobre la reducción de la jornada laboral -que quieren llevar de 40 a 37,5 horas semanales manteniendo el mismo sueldo a partir de 2025- para reabrir ese frente. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez-Rey, ha avanzado que el Ministerio pretende conocer el tiempo de trabajo de los trabajadores «en tiempo real» y que la Inspección pueda acceder a los registros directamente mediante acceso en remoto, al tiempo que ha adelantado un «endurecimiento» del sistema sancionador (aplicando las multas por trabajador y no por empresa o centro de trabajo) para que sea más eficaz y disuasorio.
Esta negociación por ahora no ha dado muchos frutos, más allá de unas líneas básicas sobre las que avanzar, como las relativas a que cualquier reducción de la jornada se hará en cómputo anual y de que debería haber cierta flexibilidad por sectores. El Ejecutivo pretendía recortar la jornada a 38,5 horas semanales como máximo ya este año, pero ha pasado la mitad del ejercicio y aún no se ha dado ningún paso para conseguirlo.
Mientras el tiempo pasa, UGT ha abierto un nuevo frente en Estrasburgo, al presentar ante el Comité Europeo de Derechos Sociales una reclamación colectiva contra España para exigir que cambie la legislación y obligue a las empresas a pagar las horas extra con un coste incrementado. Creen que elevar los costes de las empresas podría ser más disuasorio que el control horario para intentar limitar las horas extraordinarias.
Fuente: elmundo.es (13/6/24) pixabay.com
