Unos 6.331 Ayuntamientos han recurrido al Catastro, el organismo que registra las características de todos los inmuebles, para descubrir las construcciones irregulares que los ciudadanos no han declarado y por las que deberían pagar los correspondientes impuestos (IBI, plusvalías…). Hasta la fecha este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda ha contribuido a regularizar a partir de las imágenes obtenidas con satélites y otras fotos aéreas 1,7 millones de edificaciones de más de 4.300 consistorios. El proceso extraordinario de regularización catastral se abrió en 2013, cuando el Gobierno permitió legalizar las construcciones a cambio de una tasa de 60 euros. Desde entonces, la recaudación del IBI ha subido en 1.254 millones.
La mayor parte de las construcciones irregulares son ampliaciones de viviendas, cerramientos de terrazas, techados de áticos, construcciones suplementarias a la vivienda principal, metros ganados al jardín o al chalé y piscinas que no estaban declaradas en los correspondientes Ayuntamientos. La estadística del Catastro muestra curiosidades como que Barcelona y Granada son las dos provincias españolas donde más piscinas irregulares han aflorado con mucha diferencia tras la regularización y que en Almería, Granada, Huesca, Albacete y Ourense es donde más nuevas construcciones se han encontrado.
El 31 de diciembre termina el plazo para acogerse al proceso extraordinario de regularización catastral que se inició en 2013 y el 78% de todos los Ayuntamientos de España ya ha iniciado el proceso de revisión. El Gobierno del PP introdujo una enmienda a los Presupuestos de ese año para permitir esta especie de amnistía inmobiliaria. Los contribuyentes legalizaban sus inmuebles mediante el pago de solo 60 euros. La medida fue tachada de injusta por la oposición porque cuesta lo mismo regularizar la ampliación de una granja que un chalé de lujo en Marbella.
Desde entonces, 6.331 municipios han pedido ayuda al Catastro para trazar un preciso mapa de las construcciones de su municipio. Y hasta la semana pasada 4.340 Ayuntamientos ya habían cerrado el proceso y regularizado 1.691.000 construcciones ilegales.
Tasa de 60 euros
A través de fotografías aéreas o imágenes tomadas por satélites, el organismo dependiente de Hacienda comprueba las modificaciones que presentan los inmuebles. Traslada la información al Consistorio y envía una notificación al ciudadano para que regularice la situación de su vivienda mediante el pago de 60 euros. Estas construcciones son irregulares, porque no están registradas ante el Catastro, pero tienen que cumplir las normas urbanísticas de cada municipio.
De esta forma, se evitan abusos y que se puedan legalizar viviendas que no cumplen con la normativa. Por eso, la Cañada Real Galiana en Madrid, en la que hay unas 40.000 infraviviendas, no está afectada por este proceso de regularización catastral.
Este proceso aumenta los ingresos del municipio a través de la tasa de 60 euros para regularizar y mediante el mayor valor del inmueble, al computar más metros, a efectos de calcular el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). Además, los Consistorios podrán reclamar la parte correspondiente del impuesto, por esta superficie construida que ha descubierto, de los cuatro últimos años que no están prescritos.
Ceuta, Málaga, Pontevedra (Vigo), Huelva, Santa Cruz de Tenerife, Murcia y Lugo son las provincias con un mayor porcentaje de edificaciones urbanas y rústicas verificadas por el Catastro. Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Palencia y Badajoz también presentan un índice de comprobación superior al 70%, según datos oficiales del Ministerio de Hacienda. El registro de inmuebles de cada municipio se ha incrementado un 3% de media tras finalizar el proceso, que ha permitido a los Ayuntamientos recaudar 1.254 millones de euros más en el IBI, según cálculos de Hacienda.
Precisamente este impuesto es el más importante para las entidades locales. El último dato disponible, de 2014, muestra que la recaudación por este tributo, que se ha duplicado en la última década, supuso ya casi el 40% de los ingresos impositivos de las 8.200 entidades locales españolas. El IBI es el único tributo del sistema fiscal español cuya recaudación ha crecido durante todos los años, incluso durante los peores momentos de la crisis.
En 2014, los Ayuntamientos cosecharon más de 13.225 millones de euros por este tributo que grava la propiedad de inmuebles urbanos, un 6,1% más que el año anterior. De hecho, las Administraciones locales son las únicas que registran superávit presupuestario desde 2012 gracias a la potencia y regularidad de este impuesto.
Fuente: Elpais.com (25/7/16) Pixabay.com
Dejar una contestacion