La declaración del Eurogrupo sobre el rescate a la banca española contenía en su último párrafo una frase que trae de cabeza al sector. Los ministros de Economía de la zona euro, después de poner a disposición de España una línea de crédito de 100.000 millones de euros, condicionaban el apoyo a la puesta en marcha de planes de reestructuración para las entidades rescatadas y a la adopción de «reformas estructurales horizontales del sector financiero nacional».
En un primer momento, bancos y cajas interpretaron esta referencia como una petición para que España modificara su modelo de supervisión financiera, pero un documento explicativo del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (el organismo a través del cuál se canalizaría la ayuda) apunta que la troika (el Banco Central Europeo, el FMI y la Unión Europea) impondrán condiciones tanto «a entidades financieras individuales, como al sector financiero en su conjunto, además de a la estructura de supervisión».
Ratio de apalancamiento
El Gobierno negocia ahora con la troika los detalles del rescate pero en el sector bancario crece el temor de que la troika acabe imponiendo restricciones al negocio a cambio de liberar los fondos. «Estamos convencidos de que Bruselas obligará al conjunto del sector a restringir la concesión de créditos», explican en un banco español.
Una de las medidas que están estudiando las autoridades comunitarias, y que ya se ha aplicado a la banca portuguesa, es obligar a todas las entidades a mantener un ratio máximo entre su base de depósitos y su cartera de créditos, para conseguir limitar al máximo la apelación de la banca española a la financiación mayorista. Si ese ratio es del 100%, implica que la entidad tiene tantos créditos como depósitos. Si es del 150%, implica que ha prestado un 50% que su base de depósitos. En Portugal, se fijó el tope en el 120%, a cumplir antes de 2014.
El grupo Santander tiene un ratio del 115%. Banco Sabadell, del 142% (frente al 205% al cierre de 2007). En Banco Popular es del 125% y en CaixaBank del 129%. Ante el cierre del mercado interbancario, casi todas las entidades han trabajado para ganar en depósitos y así depender menos de la financiación exterior.
Para evitar que esta medida desatara una nueva guerra del pasivo, Bruselas también impondría restricciones a la remuneración de depósitos.
La UE también estaría barajando otras medidas, como la imposición de restricciones a la financiación de determinados sectores, o el aumento del ratio de solvencia mínimo, fijado actualmente en el 8% de ratio de capital.
El planteamiento inicial del Gobierno español es que la ayuda recibida desde Europa se canalice, a través del FROB, en el 30% del sector financiero español que el FMI ha señalado que tiene problemas de viabilidad. Entre estas entidades se encontrarían Bankia (que ya ha pedido 19.000 millones) y otros tres grupos nacionalizados (Banco de Valencia, Catalunya Caixa y Novagalicia). En conjunto, se espera que puedan llegar a pedir entre 60.000 y 70.000 millones de euros.
De acuerdo con la normativa europea de ayudas públicas, las entidades que reciban este apoyo deberán presentar severos programas de reestructuración, que incluirán la reducción de plantilla y oficinas, y la venta de activos.
Una portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB) aseguró ayer que «por ahora no se conocen las condiciones exactas del rescate» y evitó pronunciarse sobre la posibilidad de medidas para el conjunto del sector. Tampoco desde la Confederación Española de Cajas (CECA) quisieron abordar el asunto.
La visión de CEOE
En el comunicado elaborado por CEOE para valorar la ayuda brindada a España por el Eurogrupo, la patronal incluye entre las incógnitas que aún quedan por despejar sobre el rescate «las medidas de condicionalidad para el conjunto del sector financiero».
Fuente: Cincodias.com (19/6/12)
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