Todo lo que suena a nuevas tasas e impuestos sobre la actividad del transporte en carretera hace saltar alarmas. Y estas se han activado en el norte del país. Cuando el Gobierno central tiene aparcada la implantación de peajes en las autovías, ha sido la Diputación de Guipúzcoa, gobernada por Bildu, la que se ha desmarcado con un plan propio de financiación de carreteras. Según sus responsables, se trata de salvar la mala situación económica de la operadora pública Bidegi, responsable de las autopistas A8 y AP1 y sobre la que recaería la explotación de los nuevos peajes en autovías. El déficit de Bidegi en mantenimiento es de 230 millones, su deuda es de 900 millones y sus ingresos anuales superan ligeramente los 100 millones. Estos deberían crecer alrededor del 40% con la futura tarificación.
El departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias, que dirige la diputada Larraitz Ugarte, se está moviendo a todos los niveles para presentar su proyecto de pago por uso en carreteras clave. Colectivos como la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) o la asociación Astic se sitúan ya claramente en contra: “Cualquier modelo de tarificación va contra un sector básico para la economía. El transporte por carretera mueve el 85% de las mercancías del país; somos periféricos y ese coste nos restaría competitividad. No estamos en condiciones de soportar mayor presión fiscal”, argumentan desde CETM.
El sistema que apadrina la Diputación de Guipúzcoa, bautizado como Arkupe, empezaría a operar en octubre de 2014 en la N-1, A-15, N-121-A y GI-632, y se basa en el sistema electrónico de cobro a través de pórticos que reconocen los TAG y VIA-T. Estos identificativos ayudarían a clasificar el tráfico entre ligeros y pesados, e incluso entre guipuzcoanos, vehículos del resto de Euskadi y de cualquier otro lugar. La intención es que todos los camiones paguen, dejar exentos a los vehículos ligeros de la provincia, implantar un peaje blando para el resto de vascos y navarros que viajen en coche, e imponer una tarifa general para los demás europeos. Ugarte ha reconocido que se trata de una “elección política” con la que se busca que “los usuarios habituales no salgan muy perjudicados”.
Ayer la portavoz de la diputación trasladó las líneas maestras de Arkupe al Gobierno de Navarra y también ayer la diputación guipuzcoana solicitó un encuentro para el 17 de julio con la de Álava, gobernada por el PP. En esta última se descarta cualquier tipo de tarificación de autovías: “En Álava apenas tenemos la AP-1 de peaje y no estamos por la labor de imponer nuevas cargas a un sector tan afectado por la crisis como el del transporte”. Y la opinión reinante en el Gobierno navarro, liderado por UPN, es que la tarificación de las autovías debería llevarse de forma coordinada en todo el país y no de forma unilateral en determinadas zonas. La Diputación de Vizcaya, por su parte, no quiso ayer adelantar una opinión a este periódico sobre el plan de sus vecinos de Comunidad Autónoma por no conocer la propuesta.
Las carreteras señaladas tendrán un total de 14 pórticos: siete en la N-1, tres en la GI-632, la misma cantidad en la A-15 y uno en la N-121-A. Todas ellas son de la Diputación Foral de Guipúzcoa y su explotación y conservación depende de ese organismo en la provincia.
Se trata de arterias básicas para el transporte de carga: dan servicios a algunas de las áreas más industrializadas de España y constituyen uno de los pasos de la carga hacia Francia. “Una provincia no debería aprovecharse de su posición estratégica unilateralmente”, valoran desde la asociación del transportistas por carretera Astic. El colectivo, habla de “trato de favor” para los vascos y navarros, y añade que el sector del transporte ya soporta impuestos que “se están utilizando para financiar proyectos ajenos al sector del transporte antes que a mantener y ampliar carreteras”.
Astic, que representa a unas 250 empresas con una flota de 16.000 camiones, aprecia el riesgo de una “fragmentación” del mercado perjudicando la salida de mercancías hacia Europa.
25 euros de tope para los de Euskadi y Navarra
El departamento guipuzcoano de Movilidad e Infraestructuras que lidera la diputada Larraitz Ugarte llevó ayer su plan de cobro en autovías al consejero navarro de Fomento, Luis Zarraluqui. El proyecto tiene prevista una recaudación mínima anual de 38 millones en la N-1, A-15, N-121-A y GI-632. El pago máximo mensual de los vehículos ligeros habituales sería de 25 euros en las citadas carreteras del sistema Arkupe, cantidad que se subvencionará a los usuarios guipuzcoanos, resultándoles gratuito circular por esas autovías.
La instalación, mantenimiento y explotación de los pórticos recaería en la sociedad pública Bidegi. La implantación precisaría una inversión inicial de 18 millones y el mantenimiento anual se llevaría un presupuesto de dos millones.
Fuente: Cincodias.es (2/7/13)
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