La justicia belga ha declarado la guerra a Uber. Un tribunal de Bruselas prohibió ayer que esta aplicación, que permite desde finales de febrero localizar el coche más cercano para ofrecer servicio de transporte, opere en la capital de Bélgica.
El veto judicial viene precedido por importantes críticas del colectivo de taxis de Bruselas y ha desatado las iras de la responsable comunitaria de Agenda Digital, Neelie Kroes, que se ha mostrado “indignada” por la decisión del tribunal de imponer multas de hasta 10.000 euros por cada intento de recogida de clientes. Uber, que opera en 80 ciudades de 34 países y ha desembarcado esta misma semana en Barcelona —su primera aventura española—, aún no ha emitido ninguna respuesta pública.
Desde su creación en 2009, esta aplicación —una suerte de Airbnb del transporte urbano— ha irritado a la práctica totalidad de gremios de taxistas de las ciudades donde funciona. El motivo: ofrecen un servicio más barato, de mejor calidad, y sin licencias.
En una urbe como Bruselas, cuyo servicio de taxis no se distingue por su calidad y asequibilidad, Uber había encontrado un importante nicho de negocio y clientela fiel en solo un mes de funcionamiento.
“La prohibición no protege ni ayuda a los pasajeros, solo protege al cartel del taxi”, ha publicado la comisaria Kroes en su blog oficial. “La responsable de estas cuestiones en Bruselas es Brigitte Grouwels: su título es ministra de Movilidad, pero tal vez debería ser ministra de anti-Movilidad. No está protegiendo empleos, Madame, sino a la gente molesta [en referencia al colectivo de taxistas de la ciudad]”, ha cargado la responsable de Agenda Digital de la UE. Kroes ha invitado en su blog y en su cuenta de Twitter a que los bruselenses expresen a Grouwels su desacuerdo con la decisión que ha tomado la justicia belga tras varias semanas de duras críticas a Uber por parte del Gobierno belga. “Dile lo que piensas a @BGrouwels”, pide Kroes. Apenas 24 horas después de la prohibición, 400 personas ya habían dado su apoyo a la actividad de Uber en Bruselas a través de una página de Facebook.
En el escrito, la comisaria europea apoya “al 100%” la llegada del servicio a la capital comunitaria y señala que el personal de su departamento utiliza Uber en todo el mundo “para ahorrar dinero” al contribuyente. “Es un mal mensaje antitecnología”, concluye Kroes.
La empresa estadounidense —valorada en 2.750 millones de euros—, publicó el lunes una guía en la que explicaba las coberturas de sus seguros para los clientes del servicio con el fin de evitar que las autoridades de las ciudades en las que opera alegaran razones de seguridad del cliente para forzar el cierre de su servicio.
En Francia, el Gobierno central promulgó en diciembre una ley que obliga a los conductores que ofrezcan sus servicios en Uber o en LeCab (la copia francesa de su homóloga estadounidense) a esperar 15 minutos entre el momento en que el viajero hace la reserva con la aplicación y el instante en que se sube al vehículo, frente a los 7 minutos de demora media de este tipo de servicios.
Se trataba de una forma de contentar al encolerizado gremio de taxistas parisinos y lioneses que había protagonizado importantes choques con conductores de Uber. La ley, sin embargo, lejos de calmar los ánimos de los taxistas, provocó nuevos enfrentamientos en enero.
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